Médicos gallegos alertan sobre los planes de la Xunta ante la saturación de la atención primaria en la sexta ola

Los planes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para rebajar la saturación de la atención primaria ante la sexta ola de coronavirus han soliviantado a la comunidad médica. El Colegio Oficial de Medicos de Pontevedra, que representa a 4.000 facultativos, ha remitido una carta a sus asociados a la que ha accedido elDiario.es en la que alertan -sin mencionarlas- de que medidas como implicar a las farmacias en el registro de contagios, el autodiagnóstico o ampliar la habilitación de la enfermería para prescribir fármacos chocan con la legalidad vigente y con las funciones de los trabajadores recogidas en la ley estatal de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y además “pueden influir negativamente en la salud de la población”.

La administración sanitaria ha dividido la provincia de Pontevedra en dos áreas sanitarias. La semana pasada anunciaba que en la de Vigo -ciudad más poblada de Galicia- cerraba 14 centros de salud a todas las consultas que no estuviesen relacionadas con el COVID o no fuesen urgencias. En ese contexto de elevada tensión en la atención primaria, los médicos pontevedreses avisan de que solo hay dos vías para solucionar la situación. La primera, “buscar fórmulas para incrementar la plantilla disponible para tareas asistenciales no adecuada o insuficientemente cubiertas”. Ante esta idea, la Xunta se ha enrocado en afirmar que no existen profesionales disponibles en el mercado laboral. Sindicatos y asociaciones profesionales aseguran, sin embargo, que la precarización del empleo en el Servizo Galego de Saúde ahuyente a personal médico y de enfermería.

La segunda vía propuesta es “cambiar las compotencias que por ley son ecargadas al colectivo médico y al resto de colectivos sanitarios”. Lo que no consideran de recibo son los anuncios efectuados la semana pasada por el conselleiro de Sanidade para aliviar la atención primaria y que incluían el autodiagnóstico, la contratación temporal de trabajadores ya retirados, de médicos sin MIR o de técnicos de salud. Fuentes del Colegio pontevedrés explican además que una idea recurrente de la Adminstración es destinar a labores de triaje -establecer la prioridad en la atención- en los ambulatorios a personal de servicios generales. “Pero esto tiene que hacerlo un clínico, como mínimo un enfermero o enfermera”, señalan, “entre otras razones, también para que tenga valor jurídico”.

Fue precisamente en ese sentido que en agosto el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra denunció penalmente en Vigo y Pontevedra al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por “privar a los pacientes de una asistencia decisiva para evitar riesgos de gravedad” debido a “la precariedad de los medios humanos y la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos”. Los juzgados de Vigo sobreseyeron la demanda. Los de Pontevedra todavía no se han pronunciado. El órgano colegiado asegura que esa acción fue para “protección de los colegiados y de los usuarios” ante el colapso del servico de primaria “ante una más que probable consecuencia deletérea para algún paciente”. Así había sucedido en A Estrada (Pontevedra) ya en 2018.

Los colegiados pontevedreses entienden además que las medidas propuestas por la Xunta, en su mayor parte aún no plasmadas ni mucho menos activas, pueden poner en riesgo el “principio de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes”, que corresponde “solamente al personal responsable de su atención desde el momento inicial en que este entra en contacto con el sistema demandadno atención sanitaria”. Tampoco la prescripción de fármacos debe, a su juicio, modificarse, a no ser que se cambien las normas. “Es preciso garantizar que se mantenga en el ámbito de cumplimiento que se marca en el momento actual por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”, dicen, “y las recientes disposiciones legales que permiten prescribir a la enfermería productos sanitarios muy concretos en situaciones muy concretas.

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra enmarca su comunicación dentro de un panorama marcado por “la importante sobrecarga de trabajo y las dificultades que actualmente se presentan a los médicos que trabajan en el ámbito de la atención primaria del Sergas”. Y que le obliga a “enfrentar aquellas actuaciones de la Administración […] que pudiesen influir negativamente en la salud de la población”.