La oposición carga contra años de inacción de la Xunta de Galicia en vivienda y lleva el ruido de llaves de las protestas al Parlamento

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.