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GALICIA

Galicia acelera la recuperación de los parques de bomberos privatizados por el PP

Las investigaciones del caso Enredadera revelan cómo Veicar y otras empresas implicadas en la trama intentaban hacerse hueco en otros mercados

Las escuchas policiales a uno de sus responsables extienden la investigación a la Xunta y al Consorcio de Bomberos de Ourense

Galicia es la única comunidad en la que los parques de bomberos comarcales son gestionados por empresas privadas, un sistema que ha demostrado su ineficiencia

Un vehículo de bomberos del consorcio provincial de Lugo, en una imagen de la empresa concesionaria

Un vehículo de bomberos, en una imagen de la empresa concesionaria Veicar

La anomalía que suponía en toda España que los parques de bomberos comarcales de Galicia fuesen de gestión privada y no pública acaba de iniciar su reversión. El pasado 1 de mayo los primeros seis de esos 23 parques dejaron de estar dirigidos por empresas privadas, comenzando así, por iniciativa de las diputaciones provinciales controladas por PSdeG y BNG, el fin de un modelo lanzado durante los gobiernos de Manuel Fraga y que tuvo como principal adjudicataria a la empresa Veicar. Ella gestionaba tres de esos seis primeros parques ahora revertidos a lo público y llegó a controlar 14 de los 23 existentes en toda Galicia.

Veicar es una de las firmas que está en el foco del caso Enredadera, que investiga posibles casos de corrupción en administraciones de toda España y cuyas pesquisas ahora se ven aún más ampliadas y salpican a la Xunta y al Consorcio de Bomberos de Ourense, controlado a medias por el Gobierno gallego y la Diputación de Ourense. Las escuchas previas realizadas a un responsable de Veicar, Gerardo Feijóo Feijóo, ya imputado en la causa, han llevado ahora al fiscal a pedir al juez que deduzca testimonio y se investigue también a uno de sus interlocutores, un cargo de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), dependiente de la Xunta. El fiscal también pide que se investiguen conversaciones de Gerardo Feijóo con responsables del Consorcio de Bomberos de Ourense.

La privatización de los parques de bomberos comarcales de Galicia se lanzó a comienzos de la pasada década, durante los gobiernos de Manuel Fraga, e implicó al 50% a la Xunta y a las diputaciones, que gestionan conjuntamente esas instalaciones a través de consorcios provinciales.

"Es mejor y más barato", "permite un servicio 24 horas" o "vale la pena seguir apostando por este sistema" fueron algunos de los elogios que recibió el modelo por parte del PP e incluso de alguna diputación controlada ya entonces por el PSdeG, que hace tiempo que cambió de opinión y, junto con el BNG, ahora impulsa un cambio en los tres entes provinciales que gobernaron ya durante el pasado mandato, los de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Veicar, empresa gallega dedicada inicialmente a carrozar vehículos que tenía a la Xunta entre sus principales clientes, fue de las primeras en apostar por introducirse en ese nuevo sector pasando a gestionar también equipos humanos en hasta 14 de las 23 comarcas en que se implantó el sistema (Matinsa, filial de FCC, Seganosa, Hasa- Natutecnia o Celta Prix fueron otras de las adjudicatarias en este tiempo). Veicar llegó a tener a su cargo a unos 220 bomberos comarcales en toda Galicia.

El modelo de los parques de bomberos privados para las comarcas gallegas, a diferencia de los de las ciudades que siguieron siendo públicos, comenzó a hacer aguas cuando empezaron a trascender las ineficiencias que supuestamente estaban llamados a evitar. Descoordinación con el resto de cuerpos de emergencias públicos, imposibilidad de ser considerados autoridad pública como el resto del personal de esos cuerpos o guardias presenciales de sólo dos bomberos por parque que después se aumentaron a tres y dificultaban la atención de las urgencias fueron algunos de esos defectos.

Muchos otros efectos de la privatización fueron los que sufrieron los propios trabajadores de esos servicios, con sueldos de 1.300 euros al mes frente a casi el doble de los compañeros empleados públicos, imposibilidad de adelantar la jubilación a los 60 como sus colegas o incluso prohibición de hablar con más medios de comunicación que unos pocos elegidos por la dirección de Veicar, como reveló este diario.

A comienzos del pasado mandato municipal las tres diputaciones controladas por socialistas y nacionalistas comenzaron a presionar a la Xunta, su socia a partes iguales en los consorcios provinciales, para cambiar el modelo. Tras años de ineficiencias, el Gobierno gallego comenzó a rectificar su discurso y abrió la mano, condicionando la vuelta al servicio público a que las diputaciones demostrasen que no iba a salir más caro.

Así lo fueron haciendo progresivamente y así lo fue asumiendo el Gobierno de Feijóo. Y el 1 de mayo de este año Lugo fue la primera provincia en la que, coincidiendo con el vencimiento de seis de los anteriores contratos (tres de ellos, en Viveiro, Vilalba y Barreiros, a cargo de Veicar), los consorcios provinciales no los renovaron ni los sacaron nuevamente a concurso sino que optaron por retomar la gestión pública de esos parques. A Coruña lo hará el año próximo y en Pontevedra ya se ha iniciado la progresiva equiparación del salario del personal. Ourense, la única diputación aún controlada por el PP, apuesta por mantener la privatización.

Al tiempo que se venía gestando esta marcha atrás en el modelo de privatización de los parques de bomberos gallegos, las investigaciones del caso Enredadera revelan cómo Veicar y otras empresas implicadas en la trama intentaban hacerse hueco en otros mercados.

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