Investigan a un alcalde del PP de Ourense por explotación a migrantes en su empresa de autobuses
Esta causa fue archivada en marzo de 2018
José Luis Gavilanes es alcalde del municipio ourensano de Xunqueira de Ambía desde 1979. Como muchos otros cargos del PP de Ourense ligados al baltarismo, antes de llegar a las filas del PP pasó por siglas como UCD, Coalición Galega o Centristas de Galicia, el partido de Baltar padre que Fraga absorbió, hasta desembocar en Alianza Popular y en su refundación. Con todas ellas ha gobernado apoyado en amplias mayorías absolutas este pequeño ayuntamiento de menos de 1.500 habitantes mientras, al tiempo, dirigía sus empresas. Su actividad empresarial ya había derivado en problemas legales a comienzos de siglo y en este 2017 lo ha vuelto a hacer, ahora con una investigación por presunta explotación de personas migrantes que se produce mientras su compañía de autobuses es adjudicataria del nuevo plan de transporte de la Xunta.
Tal y como han adelantado la edición ourensana de Faro de Vigo y La Región, Gavilanes, su hijo Antonio -expresidente del Club Ourense Baloncesto- y su exmujer -antigua presidenta del club de baloncesto Pabellón Ourense- fueron trasladados el pasado lunes a la Comisaría de la ciudad para ser interrogados por agentes de la Brigada de Extranjería por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El regidor de Ambía niega que haya sido detenido, pero sí admite que tuvo que rendir cuentas ante la Policía por su relación y la de su compañía de autobuses, Empresa Gavilanes, con tres personas migrantes en situación administrativa irregular.
La investigación pone el foco, concretamente, en las labores de limpieza que supuestamente realizaban para la empresa, en la vivienda de la familia y otros locales dos personas de origen senegalés y otra más procedente de Colombia. Según la investigación, el alcalde y sus parientes les prometían que iban a tener un contrato laboral que nunca llegó y, mientras trabajaron, la contraprestación no sería un sueldo, sino compensaciones en especie como alojamiento, ropa y comida. El caso deriva de pesquisas policiales sobre matrimonios presuntamente irregulares entre personas migrantes y otras de nacionalidad española.
Los hechos que la Policía traslada ahora a los juzgados son negados por Gavilanes, que se ve víctima de una “trama”. En declaraciones a Faro de Vigo mantiene que “nunca” ha tenido en su empresa personal en situación irregular y afirma que sus trabajadores siempre han estado “dados de alta”. Más allá de resaltar que no fue detenido, sino citado en Comisaría, el regidor dice estar “tranquilísimo” porque la única relación que le ha unido a una de las personas migrantes, un ciudadano senegalés, fue de “beneficencia” o “caridad”, toda vez que le “pagó” la estancia en un piso y le proporcionó comida “un montón de veces”. Los agentes creen que la relación de la familia de Gavilanes con estas personas pudo llegar por la labor de su ex-esposa como voluntaria en Cáritas, organización de la que, según La Región, fue expulsada.
Estos hechos han trascendido en los días en que la Xunta está anunciando las primeras adjudicaciones de su nuevo plan de transporte por carretera, el mismo que dio lugar a la huelga del sector que permanece suspendida. En la relación de las primeras 27 concesiones del plan, hecha pública el pasado miércoles por la Consellería de Infraestructuras, figura una concesión para Gavilanes, concretamente la de la ruta Eixo de Laza. La Empresa Gavilanes también ha venido prestando para la Administración gallega servicios de transporte escolar y de transporte adaptado, este adjudicado por la antigua Consellería de Traballo e Benestar en tiempos de Beatriz Mato, decisión que había sido llevada a los tribunales por otras empresas.
