entrevista

Rebeca Blanco-Rotea: “No puede ser que lo que la energía eólica arregla por un lado lo deshagamos por el otro”

La profesora Rebeca Blanco-Rotea

Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia es el título del informe de 91 páginas que esta semana ha emitido el Consello da Cultura Galega (CCG) -organismo oficial independiente que figura en el Estatuto- y en el que pide a la Xunta de Galicia detener la instalación de parques hasta revisar y actualizar el plan sectorial vigente desde 1997. “Necesitamos energías renovables, pero no pueden suponer tal impacto en el paisaje”, afirma Rebeca Blanco-Rotea, profesora de arqueología en la Universidade do Minho (Braga, Portugal) y coordinadora del documento, “y que lo que estamos arreglando por un lado lo deshagamos por el otro”. Blanco-Rotea, al frente de un equipo de seis expertos en derecho o medio ambiente, considera además que el Gobierno gallego desoye a Europa y no fomenta, como recomiendan las autoridades comunitarias, la participación de la gente que habita el territorio en las decisiones que le afectan directamente.

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¿Qué sucede con la instalación de parques eólicos en Galicia?

Varias asociaciones solicitaron al Consello da Cultura Galega (CCG) informes en relación al patrimonio y al paisaje. Entonces decidimos elaborar un informe no de parte, sino un informe global. Porque a partir de 2017 hay un incremento exponencial de las solicitudes de parques eólicos en Galicia. En estos momentos son 275 peticiones frente a los 176 parques existentes, el doble de megavatios.

¿Y el plan sectorial de la Xunta?

El plan sectorial se hace en 1997 y se revisa en 2002. Desde entonces se aprobó una ley de paisaje y se ratificó el Convenio Europeo de Paisaje. El paisaje pasa a ser un elemento fundamental no solo como patrimonio, sino también desde el punto de vista medioambiental. Consideramos que ahora es el momento de parar, y repensar ese plan de 1997 a partir de una evaluación ambiental estratégica que no se ha realizado, además de incorporar las normas posteriores: ley de patrimonio, ley del paisaje, directrices del paisaje gallego...

A su juicio ¿cuáles son las contraindicaciones de lo que califican de boom eólico?

No existe una evaluación ambiental estratégica de acuerdo a las de directrices de ordenación del territorio. También debemos atender a los objetivos que marcan las directrices del paisaje, proteger los valores culturales del territorio y ampliar la Red Natura. La Red Natura se paralizó en 2011. Con los datos del Observatorio Eólico de Galicia, 107.000 de sus 320.000 hectáreas están ocupados por parques eólicos. Ya en 2009 había 1.200 megavatios instalados en ella Red Natura. La implantación masiva de molinos afecta a la riqueza cultural, paisajística, etnográfica, natural, a las actividades tradicionales... y a algo que para nosotros es muy importante, la conectividad de los territorios.

Pero potenciar las energías renovables son imprescindibles en este momento histórico, ¿cómo se conjuga?

No estamos en contra de las renovables, ni muchísimo menos, pero sí creemos que debemos identificar con claridad cuáles son los valores de nuestros paisajes culturales y protegerlos. Y atender al Convenio Europeo del Paisaje. Muchos parques, en vez de tramitarse como una única instalación, se fragmentan y así consiguen una evaluación de impacto diferente. Eso es actuar de manera torticera.

¿Por qué las solicitudes de explotación eólica se multiplican desde 2017?

Hay una consolidación de la liberalización de la energía eólica en Galicia, que empieza con una modificación legislativa en febrero de 2017. Comienzan las convocatorias anuales como mecanismo de asignación de potencia y se agiliza la declaración de utilidad pública de los parques eólicos. Y en 2018 se aprueba una ley que declara iniciativas empresariales prioritaras y reduce a la mitad los plazos para procedimiento ordinario.

Todo esto sucede en el contexto de la denominada transición energética y descarbonización de la economía...

Sí, claro. Es un problema global, no exclusivo de Galicia. Yo trabajo en Portugal y es lo mismo. En 2016 en Irlanda analizaron exactamente la misma problemática. Reconocemos la importancia de proteger los paisajes como herramienta de sostenibilidad y futuro. Entonces, aunque necesitamos energías renovables, estas no pueden suponer tal impacto en el paisaje y que lo que estamos arreglando por un lado lo deshagamos por el otro.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, los parques eólicos no son eternos. Tienen una vida útil limitada. ¿Qué hacemos con los residuos? Hay países del norte que ya diseñan molinos de madera, materiales biodegradables. Eso es lo que nos pide el Consejo de Europa. Tampoco puede ser que solo tres comunidades autónomas concentren la mayor parte de explotaciones eólicas para abastecer a toda España. Si queremos una transición energética habrá que racionalizarla y tener claro aquello que queremos salvaguardar desde el punto de vista ambiental y cultural, aquello que no podemos tocar. Y eso corresponde a las estructuras políticas y administrativas. No es un tema fácil.

¿Qué debe hacer la Xunta que no esté haciendo?

Hace nada publicó esa moratoria para la solicitud de nuevos parques a partir de enero. Es positiva y necesaria. Pero al mismo tiempo le dice al sector eólico que no se preocupe porque siguen adelante los que ya están en tramitación. Nosotros creemos que esa moratoria se debe extender a los parques que están en trámite. La Xunta debería pararse, hacer una estrategia de evaluación ambiental, que no está hecha, y a partir de ahí modificar el plan sectorial. Y hablar con el Gobierno central porque non podemos tres comunidades sostener esto.

¿Por qué no lo ha hecho todavía?

El tema es complejo. Estamos dentro de Europa, que estableció en 2000 un Convenio Europeo del Paisaje, que España no ratificó hasta 2007. En ese documento, muy potente y cuya agenda deberíamos intentar seguir, ya se dice cuáles son los pasos que debemos seguir. Aquí cada autonomía lo ha desarrollado de manera diferente. En Euskadi, el gobierno hizo todo un trabajo de gobernanza participativa con la sociedad para elaborar su ley del paisaje. En Galicia no se hizo ese trabajo. El Consejo de Europa pide que se cuente con las sociedades que habitan el territorio para decidir sobre él, y no lo estamos haciendo. No es lo mismo informar de algo a la sociedad que hacerla participar en los procesos.

¿No existe el riesgo de que las críticas sobre el modelo eólico concreto de la Xunta se confundan con una oposición a la transición energética o a las renovables?

Ese riesgo existe, es verdad, lo vemos incluso en cómo se está trasladando la información sobre nuestro trabajo. Pero quiero creer que la sociedad no está en contra de que se haga un plan eólico en Galicia. De hecho, es necesario. Es necesario por cómo se disparan los precios de la luz, por la necesidad de la transición energética, por la contaminación. Pero debemos insisitir en que se sienten todas las partes implicadas. Esa relación armoniosa y bien compensada no es fácil conseguirla.

¿Qué se necesita?

Que se sienten todas las partes implicadas, desde los que desarrollan las políticas hasta los que las administran y las gentes que viven en el lugar. Y ese círculo es el que normalmente no se produce, porque no interiorizamos la gobernanza participativa. Asociaciones, vecinos y entidades se quejan del impacto de los eólicos y piden interlocutores con los que hablar de esto. No se trata de ir en contra de las renovables, sino de hacerlo de forma que protejamos el paisaje cultural. Y no es fácil.

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