Las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Ferrol acusan a la Xunta de Galicia de incendiar las relaciones laborales en el centro. La apertura de expedientes a algunas de las personas que participaron en una protesta contra la dirección el pasado 18 de marzo ha sido,a juicio de los sindicatos, el último episodio del conflicto. El personal lo considera una represalia que “busca amedrentar”, en palabras de la sindicalista de la CIG Mar Peteira, basado en “cosas peregrinas” que además “son mentira”. La Consellería de Política Social, consultada por este periódico, asegura que se trata de faltas leves y que “nada tienen que ver” con que esos empleados secundasen la huelga.
Hace más de dos años que cambió la dirección de la residencia. Tras unos meses de adaptación, explica Peteira, “el deterioro de las relaciones laborales” se aceleró. En la llamada Residencia Mixta de Maiores de Ferrol trabajan casi 130 personas, la mayoría funcionarios. Hay alrededor de 140 usuarios. “La forma de tratar a los trabajadores y trabajadoras, con continuas faltas de respeto”, añade, “se convirtió en habitual. Nosotros solo pedimos respecto. Y que se tenga en cuenta nuestra voz, algunas somos personas con más de 30 años de experiencia”. Según Peteira, todo fue a peor. En todos los departamentos del centro, asegura, hay empleadas y empleados de baja, y la ansiedad y la sensación de acoso laboral están a la orden del día.
“La gente se siente menospreciada. Le quitaron funciones. Le dan órdenes que no le competen”, dice, “pero no hubo manera de que la dirección rectificase. No hubo cambios”. En la Consellería de Política Social conocen la problemática. “Hemos puesto en marcha un plan de acción específico para detectar problemas laborales y buscar soluciones coordinadas con el personal”, expone a este periódico el departamento que dirige Fabiola García. “No resuelve nada”, considera Peteira. Y los expedientes no hacen sino echar más gasolina. Política Social los desvincula del conflicto -“la Xunta de Galicia nunca ha tomado ni tomará represalias contra nadie por el uso de sus derechos”, afirma. Para la sindicalista, no hay duda de lo contrario: “No es de recibo. Es solo para que la gente coja miedo”.
Los motivos de los expedientes, todos incoados a personas que formaron parte de las protestas o bien las dejaron por escrito, son, según la propia Xunta, “faltas leves”. Peteira añade que ni siquiera son ciertos. Pone ejemplos: “Uno es por no bajar a los residentes a las actividades. Aunque hubo un error, no es cierto. Otro es por fumar en una terraza. El coordinador dijo que le olía a tabaco, pero ni siquiera lo vio. Otro por no subir a una habitación y resulta que no lo hizo porque no era urgente y estaba haciendo otra cosa”.
Mar Peteira argumenta, en todo caso, que los trabajadores y trabajadoras cumplen con sus cometidos hacia los usuarios. “Aunque si trabajas en un ambiente desfavorable, no lo haces igual que si trabajas a gusto. El usuario es atendido, pero estas no son las mejores condiciones para un servicio de calidad”, concluye.