La Xunta avaló que un colegio concertado financiado con dinero público obligue a los alumnos a ir a misa

El Gobierno gallego, a través de su servicio de inspección educativa, avaló que un colegio concertado financiado con dinero público obligase a los alumnos de Primaria a asistir a misa y ni siquiera ofreciese a sus matriculados una opción alternativa a las clases de religión. Fue una familia la que en 2022 puso la situación de los Calasanz Escolapios de A Coruña en conocimiento de la Consellería de Educación, pero esta solo les planteó, en enero de 2023, una solución: “Haber escolarizado a sus hijos en cualquier centro público o concertado laico del entorno”. En realidad, el decreto 155/2022 de la propia Xunta de Galicia establece su propia obligación de “garantizar que, al comienzo del curso, las madres, los padres o las personas tutoras legales puedan manifestar su voluntad de que sus hijas, sus hijos o las personas que tutelen reciban o no enseñanza de religión”. Contactado por elDiario.es el pasado jueves, un año y medio después de la negativa a las demandas de la familia, el departamento que dirige Román Rodríguez aseguró que las tendrá en cuenta y rectificará.

“La Inspección Educativa, a través de sus servicios centrales, ya ha trasladado las indicaciones correspondientes para que esta situación sea corregida de cara al próximo curso escolar”, respondió por escrito el gabinete de comunicación de la consellería, “la normativa establece la obligatoriedad de ofrecer la materia alternativa a la Religión para el alumnado que así lo quiera”. El mismo correo electrónico añadía que tampoco existe “la obligatoriedad de participar en las celebraciones religiosas”. La madre que reclamó sus derechos ante inspección no da crédito: “Todavía en enero de 2023 no me avisaron de que existía esa posibilidad. Ahora me piden desde el colegio que les aclare si mis hijos van o no a cursar religión en el curso 2024/2025. ¿Por qué no lo hicieron el curso pasado? Había tiempo”.

Los servicios centrales de Inspección Educativa no solo han corregido, sin mencionarlo explícitamente, al jefe territorial de A Coruña que le había denegado a la familia toda opción, sino también al propio colegio Calasanz Escolapios. El pasado viernes, 5 de julio, este periódico preguntó a su dirección por el caso. Desde la misma aseguraron no constarle la solicitud de la familia para que los niños no cursasen la materia de religión. “De darse el caso, el centro se ajustaría a la legislación vigente”, contestó en un correo. Lo mismo dijo sobre la asistencia a eucaristías en horario lectivo: “La participación del alumnado en estos puntuales actos religiosos es coherente con la opción educativa escogida por los padres y madres de nuestros alumnos, y en ningún momento hasta ahora ninguna familia se había manifestado en contra. De haberlo hecho, el centro hubiese adoptado las medidas oportunas”. No lo hizo.

El 21 de noviembre de 2022, la familia formuló un escrito de queja en la delegación territorial de la Consellería de Educación. “Como madre de un alumno matriculado en este centro, solicito que se tomen las medidas necesarias para que el colegio deje de sacar a los niños de sus clases para llevarlos a recibir una misa […] sin impartir actos de liturgia en horario lectivo y con carácter obligatorio”. También exigió que “tal y como establece la legislación educativa vigente, el centro Calasanz Escolapios ofrezca alternativas a la asignatura de religión y no imponga la misma con carácter obligatorio”. Antes lo había pedido de viva voz en reunión con los responsables de Primaria del centro. El colegio, financiado a través de un concierto con dinero público, no se movió. La Xunta de Galicia, que aporta esos fondos, tampoco.

Fue la inspección educativa provincial la que denegó a la familia toda razón en sus reclamaciones. Según el documento de respuesta, al que ha accedido este diario, el órgano entendía que las “actividades eucarísticas puntuales caben dentro de la autonomía y carácter propio que la norma concede a los centros concertados confesionales”. Y sobre la existencia o no de una alternativa a la asignatura de religión, daba por buenas las explicaciones del centro -“no consta en los archivos del centro su petición de no asistiesen a las eucaristías ni a las clases de religión católico”; la petición fue inicialmente oral-, y aseguraba que la familia había firmado, al matricular a los niños “estar de acuerdo con su ideario”. El ideario no era público en aquel momento y no se encontraba en la web de los Escolapios, recuerda la interesada. Lo estuvo después. La inspección finaliza su argumentación con la única opción que ofrece a la demandante: “La reclamante podría no haber firmado ese reconocimiento […] y haber escolarizado a sus hijos en cualquier centro público o concertado laico del entorno”.

La familia no se resignó y presentó un documentado recurso de alzada contra la respuesta de la inspección. El resultado fue, de nuevo, nulo: lo desestimaron. Pero lo que en enero de 2023 no entraba, así lo justificaba la Consellería de Educación de la Xunta a través de inspección educativa, dentro de la normativa vigente, comenzó a solucionarse un año y medio más tarde, cuando la familia contactó con este medio de comunicación y este inició los trabajos de contraste de la información.

Tasas por “servicios complementarios”

La madre de esta familia relata a elDiario.es que eligieron colegio “de forma libre”. Y que lo hicieron por una serie de factores ajenos a su carácter religioso. “Está a cinco minutos del portal de nuestra casa, cuenta con comedor y cocina propia, no cátering, y jornada partida, que necesitamos debido a mi trabajo y al del padre”, dice, “comulgamos con todo excepto con la religión”. Calasanz Escolapios mantiene un concierto económico con la Xunta de Galicia y la matrícula es gratuita, al igual que en los centros públicos. “En aquel momento había otra dirección. Nos aseguraron que ya no se hacían comuniones en el centro, ni había misas. Pero la dirección cambió”, añade.

Ese carácter obligatoriamente religioso no fue el único desencuentro con el día a día administrativo del colegio. La familia se ha negado además a pagar las tasas dirigidas, en teoría, a “servicios complementarios”, entre otros el cambio de ropa de los pequeños si no llegan a tiempo al baño, la aplicación electrónica para comunicarse con el profesorado o el transporte en excursiones. El caso es que el cambio de parecer de la Xunta entre enero de 2023 y julio de este año y el correo que esta madre recibió la pasada semana ha abierto la puerta a otras familias, que ya se están interesando por la posibilidad de que sus hijos elijan la alternativa a la materia de religión que, pese a ser legal, nadie les había ofrecido hasta ahora en el centro.