Un juez suspende 'in extremis' el desahucio de una familia con tres menores en Palma

Un juez ha suspendido a última hora el lanzamiento de una familia con tres menores de edad en Palma, después de que Stop Desahucios Mallorca alertara de su situación. Una de las niñas tiene diagnosticado trastorno del espectro autista (TEA) de grado tres y el menor de los hijos está siendo evaluado por la misma condición, según ha explicado el portavoz de la entidad, Joan Segura.

Una docena de activistas se ha concentrado esta mañana para acompañar a la familia ante el lanzamiento previsto. La suspensión judicial se ha confirmado con escaso margen, como ha denunciado Segura, que ha recriminado las dificultades que afrontan las familias vulnerabilizadas ante los procedimientos de desahucio.

El proceso se inició después de que uno de los miembros de la familia perdiera su empleo. La indemnización por despido llegó una vez vencido el plazo para abonar el alquiler, lo que derivó en la resolución del contrato y en el procedimiento para recuperar la vivienda.

El inmueble está arrendado por una empresa que, según Stop Desahucios, está vinculada a un empresario propietario de una academia de idiomas y de otros pisos. La entidad cuestiona que la sociedad haya sido considerada pequeña tenedora y sostiene que la fragmentación de las propiedades entre distintas personas jurídicas permite eludir la consideración de gran tenedor.

La empresa se personó en el procedimiento como pequeña tenedora y aportó un certificado del Registro de la Propiedad para acreditar que no tiene viviendas a su nombre. Segura asegura, sin embargo, que el inmueble se alquila como vivienda pese a tratarse de un local, una situación que, según afirma, podría ser sancionable por la Administración autonómica.

Stop Desahucios reclama mediación y una alternativa habitacional

Stop Desahucios Mallorca sostiene que el procedimiento debería continuar suspendido al amparo de las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios aprobadas en 2020. La entidad invoca la disposición adicional tercera y defiende que la reanudación del lanzamiento debe ir precedida de un proceso de mediación que permita alcanzar un acuerdo entre las partes o encontrar una alternativa habitacional.

“No se están haciendo mediaciones ni ofreciendo alternativas”, ha denunciado Segura. El portavoz asegura que, en algunos casos en los que se consigue paralizar un desahucio de un gran tenedor, la propiedad opta por vender el inmueble en lugar de abrir una negociación con los inquilinos.

La organización considera que este caso debería permanecer suspendido hasta 2030 y plantea también la posibilidad de que la familia pueda acogerse a las nuevas medidas de protección en materia de vivienda, a las que Segura se ha referido como el 'decreto Maricarmen'. No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para determinar cómo podrían aplicarse a esta situación.

El portavoz de Stop Desahucios considera que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno pueden ofrecer cierto alivio a las familias afectadas, aunque advierte de sus limitaciones: “Probablemente sean de los mejores paliativos que ha ofrecido el Gobierno durante la legislatura, pero no dejan de ser paliativos”.