El alquiler asequible desaparece por completo en Balears y los pocos pisos por 700 euros son contratos de temporada
Encontrar una vivienda de alquiler por menos de 700 euros al mes se ha convertido en Balears en misión imposible. En todo el archipiélago, apenas existen una docena de pisos o casas por debajo de ese precio: un umbral que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera ya el máximo asumible para que una persona con un salario estándar de 2.000 euros netos no destine más del 35% de sus ingresos a la vivienda.
El problema se extiende a todas las islas, pero se agudiza aún más en las Pitiusas, donde la insularidad y la presión turística han llevado los precios a niveles que dejan fuera del mercado incluso a trabajadores con empleo. Los portales inmobiliarios se convierten así en una trampa sin salida para todo aquel que busque vivienda en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera.
La OCU fija dos umbrales de esfuerzo. El primero, estos 700 euros al mes, que suponen más de un tercio de un sueldo bastante por encima del salario mínimo interprofesional en España –1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas–, y un desembolso económico considerado por los expertos como “sostenible”. El segundo, de mil euros –en este caso la oferta asciende a unas 40 viviendas en todo el territorio insular–, supone destinar la mitad del sueldo –en caso de una persona sola– al pago de un alquiler.
El estudio de la organización de consumidores parte del siguiente perfil: un ciudadano medio, con contrato indefinido e intención de alquilar una residencia habitual. No es un caso de exclusión social ni de emergencia habitacional, sino un trabajador de clase media y en muchas ocasiones dependiente de la hostelería, principal motor de la industria turística balear y principal activo del PIB autonómico.
Alquiler de temporada y condiciones infames
Por otro lado, el sacrificio económico no se traduce en una calidad de vida real. Si la búsqueda se filtra por el primer umbral identificado por la OCU en el rango de precios, por ejemplo, en Idealista, la mayoría de inmuebles que arroja el resultado son bajos de máximo 80 metros cuadrados y ubicados en la parte forana de Mallorca o en la isla de Menorca. En Eivissa y Formentera no hay ni rastro de viviendas a ese precio.
De los seis anuncios que existen por este importe en el portal inmobiliario, cuatro son alquileres temporales. Es decir, los inquilinos se ven obligados a marcharse al comienzo de la temporada turística, cuando los propietarios deciden generalmente subir el precio del alquiler por la alta demanda.
Si se hace la misma búsqueda en Fotocasa, aparecen otros cinco anuncios de inmuebles: todos menos uno, también de alquiler temporal. En este caso, sí se registran dos en Eivissa: uno en el término municipal de Sant Joan, por 500 euros al mes, y otro en Sant Antoni, por 420, sujetos a las mismas condiciones; llegado el verano, el arrendatario se ve forzado a buscar una alternativa habitacional.
De elevarse el importe de renta al segundo umbral establecido por la UCO, mil euros mensuales, y seleccionar el filtro de alquiler de larga duración, el primer portal inmobiliario muestra en el archipiélago 32 resultados y el segundo, solo catorce. La regulación del alquiler está especialmente condicionada en las islas por las medidas adoptadas para limitar el uso turístico de las viviendas, entendido como una de las principales causas de la grave crisis habitacional que afecta a todo el país.
La limitación del alquiler turístico
La normativa balear –en concreto, la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears– establece límites a la comercialización de viviendas para estancias turísticas y atribuye a los Consells insulares y a los ayuntamientos competencias para determinar las zonas y el número de plazas turísticas. El Consell Insular también ha firmado acuerdos con Airbnb para controlar que todos los propietarios con pisos comercializados en la plataforma cuentan con las correspondientes licencias.
En cuanto a los alquileres de temporada, uno de los dos decretos que el Gobierno aprobó el 29 de septiembre y que luego tumbó el Congreso pretendía evitar, según el Ejecutivo, que esta modalidad se llegara a utilizar para reducir la oferta de vivienda habitual. La norma exige justificar la causa temporal del contrato, establece una duración general de entre 31 días y 12 meses y contempla que la relación contractual pase a considerarse de vivienda habitual si no existe una causa que acredite la temporalidad.
Balears no es la única comunidad que sufre este problema, sino que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona hay también escasa oferta por debajo del umbral crítico de esfuerzo que contempla la OCU: 13 viviendas en la capital y en la ciutat comtal, nueve. El escenario se reproduce en otras zonas de costa donde las condiciones de vida son atractivas y donde existe, además de la renta temporal, ese alquiler turístico que, sin limitaciones, consigue reventar el mercado habitacional de larga estancia.
Sinhogarismo y riesgo de exclusión social
Desde la Federación de Servicios de Balears de Comisiones Obreras (CCOO) han señalado que el parque de vivienda de Balears se ha encarecido alrededor de un 30% en los últimos años, mientras que los salarios “desgraciadamente, no han aumentado en la misma línea”. “La economía principal de las islas es el turismo, sujeto a una estacionalidad fortísima, lo que significa que la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos con las consecuentes implicaciones salariales”, señala Cati Pons, secretaria de la Acción Sindical.
Pones también indica que los salarios medianos de comercio son de 1.200 euros brutos mensuales y en la hostelería, 1.700 euros. “El coste de vida, ya no solo en materia habitacional, sino también la cesta de la compra, el combustible… no son proporcionales a lo que cobra la clase trabajadora. Es una problemática muy grave”, lamenta. Ni siquiera, teniendo un contrato a jornada completa, estos trabajadores pueden “llegar a final de mes” o encontrar “una vivienda digna”.
Esto afecta, por otra parte, a las empresas, que tienen dificultades para encontrar mano de obra porque incluso los propios residentes se marchan a otros lugares donde puedan vivir. No en cuanto a rentabilidad, en lo que este año se “ha batido un nuevo récord”. “El problema no es que no haya dinero, sino en cómo se distribuyen y en que no llegan en forma de un aumento de sueldo a la plantilla”, apunta Pons
El Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2024 hasta el 11% de la población balear tenía un gasto “elevado” en vivienda. La renta neta media por hogar fue ese año de 42.232 euros que aumentaron a 44.457 euros en 2025, cuando se tienen los últimos datos disponibles. Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes (alrededor de un tercio de ese ingreso neto medio por hogar) son estudios o cuentan con una o máximo, dos habitaciones. Eso sí, con ese hándicap: la mayoría no dejan de ser alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano, con la llegada de los primeros turistas.
Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes tienen un hándicap: la mayoría son alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano
Así, en el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Illes Balears. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, los residentes no pueden, generalmente, costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados en procesos de vulnerabilidad.
No pocas de las personas atendidas por organizaciones humanitarias, como Cáritas Diocesana, están afectadas por las dificultades generadas por el elevado precio del alquiler. “Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de la organización en Eivissa. “Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión”.
Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda. Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión
En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar lo están por problemas derivados de la crisis de vivienda. De este porcentaje, un 20,1% se vieron en este crítico escenario tras ser desahuciados, un 3,6% porque se les terminó el contrato de alquiler que tenían hasta el momento y el 10,5% restante porque no pudieron seguir pagando el alojamiento. También según datos del INE.
De hecho, en la comunidad, el 37,8% de la ciudadanía llegó en 2025 a final de mes haciendo malabares económicos. Por hogares, un 36,1% de las familias terminaron el mes con algún tipo de dificultad económica -un 5,1% con “mucha dificultad”; un 8,5% con “dificultad” y un 23% con “cierta dificultad”. El problema afecta en gran medida a la población joven: el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía el año pasado con sus padres y, entre ellos, el 47,3% por no poder costearse un lugar al que independizarse.
Estas semanas, miles de personas acampan en la puerta del Sol en una protesta por la crisis habitacional que en Balears se ha reproducido con tiendas de campaña en la plaça d’Espanya de Palma. Los manifestantes permanecen a la espera, entre otras cosas, de que la Diputación Permanente, que necesita menos representación para votar los decretos que el Congreso tras el adelanto de las elecciones generales, apruebe las normativas que tumbaron PP, Vox y Junts el pasado viernes.
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