El PP balear sigue la senda de Ayuso: lleva al Supremo la regularización entre bulos sobre un supuesto “colapso” sanitario
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El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.
El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.
En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.
“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.
En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos.
El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.
Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.
Contribución a las cotizaciones fiscales
En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.
Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.
El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.
La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.