El PP homenajeará a las víctimas de los bombardeos republicanos en Palma tras derogar la Ley de memoria democrática

El Govern balear celebrará el próximo 27 de julio un acto de homenaje a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos efectuados sobre Palma el 24 de mayo de 1937. La asociación Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia al acto institucional a que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) renuncie públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, materializada el pasado 10 de marzo, se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La entidad memorialista, que asegura haber recibido la primera invitación del Govern durante toda la legislatura para participar en un acto institucional, afirma que solo acudirá si, antes del próximo día 27, el Ejecutivo hace público su compromiso de mantener la vigencia de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos y promueve que la Cámara autonómica vote revocar aquella decisión.

En un comunicado difundido este miércoles, Memòria de Mallorca expresa su “respeto, solidaridad y reconocimiento” hacia todas las víctimas civiles de los bombardeos y recuerda que fue la propia asociación la que propuso durante la anterior legislatura la elaboración de un estudio específico sobre estos ataques, incorporado finalmente al IV Plan de Fosas y Estudios de Memoria Democrática impulsado por el anterior Ejecutivo progresista.

La entidad considera, sin embargo, que resulta “profundamente contradictorio” que el mismo Govern que impulsó la derogación de la Ley de Memoria Democrática convoque ahora un acto institucional amparándose en unos principios que, a su juicio, emanan precisamente de esa norma. En este sentido, recuerda que la ley continúa vigente después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su derogación al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

Memòria de Mallorca también reprocha al Ejecutivo autonómico haber dejado al margen a la Comisión de Memoria Democrática -órgano del que forma parte como representante del movimiento memorialista- en la organización del acto. Según denuncia, la comisión no ha sido informada ni ha participado en los preparativos y únicamente ha sido convocada dos veces en más de tres años de legislatura, pese a ser el órgano previsto por la ley para coordinar las políticas públicas de memoria.

La asociación sostiene que otorgar legitimidad a una convocatoria institucional dedicada a las víctimas mientras se mantiene la voluntad política de eliminar la ley que garantiza sus derechos resulta “incoherente e inaceptable”. Por ello, ha remitido un escrito a la presidenta del Govern comunicándole que únicamente participará en el homenaje si el Ejecutivo rectifica su posición respecto a la normativa memorialista.

En el mismo comunicado, Memòria de Mallorca reitera su compromiso con “una memoria democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria de las víctimas”, e insiste en que los derechos de estas solo están plenamente garantizados cuando existe una ley que los protege, unas instituciones que la desarrollan y una voluntad política de cumplirla.

Una investigación del historiador Manuel Aguilera ha recuperado la identidad de, al menos, 86 víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca. Los bombardeos, dirigidos contra objetivos militares pero con graves consecuencias sobre barrios y zonas comerciales de Palma, dejaron decenas de muertos -entre ellos mujeres y menores- y permanecieron durante décadas en un segundo plano.

Meses antes de aquellos bombardeos, el 13 de septiembre de 1936, los ataques de la aviación fascista italiana establecida en Mallorca causaron muertos y heridos entre la población civil de Eivissa, además de importantes destrozos en el puerto y en distintos puntos de la ciudad. El 29 de mayo de 1937, una escuadra republicana bombardeó la isla pitiüsa en represalia por el ataque al crucero alemán Deutschland, provocando nuevas víctimas mortales entre los civiles. Menorca también sufrió, durante los últimos meses de la contienda, bombardeos aéreos y navales que afectaron igualmente a población inocente.

“Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos el centenar de víctimas civiles”, anunció Prohens el pasado mes de octubre. Tras ello, el 4 de febrero, el Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

Derogación de la ley balear de memoria

Cabe recordar que, el pasado 10 de marzo, PP y Vox culminaron uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament supuso la eliminación de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936.

El archipiélago se sumó así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a principios constitucionales como la seguridad jurídica.