En medio del torrente de cesiones por parte del PP a las exigencias de Vox en Balears a cambio de que los ultraderechistas respalden los Presupuestos autonómicos del próximo año, el Parlament balear ha dado luz verde este miércoles, gracias al apoyo de ambos socios de investidura, a la partida de 750.000 euros de presupuesto con el que prevé contar la oficina impuesta por los de Santiago Abascal para luchar contra “la imposición” del catalán en las islas, a pesar de tratarse de la lengua propia del archipiélago, tal y como reconoce el Estatut d'Autonomia. El nuevo ente público contempla multas de hasta 100.000 euros a quienes no acaten sus disposiciones.
La partida ha contado con el apoyo no sólo de los siete diputados de Vox y los 25 del PP, sino también del diputado de Formentera Llorenç Córdoba y del parlamentario no adscrito Xisco Cardona, quienes han votado en contra de las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas por los grupos de izquierda contra el destino previsto para los 750.000 euros a fin de que estos recursos pudieran destinarse a la innovación y la investigación, la educación, la salud, los servicios sociales y la movilidad.
Asimismo, entre otras medidas que se incorporarán a los Presupuestos a propuesta de Vox y que el pleno ha aprobado este miércoles se encuentra una enmienda de 150.000 euros para llevar a cabo una auditoría a los entes públicos con el objetivo de eliminar “gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos”. “Estos presupuestos son para los ciudadanos y no para chiringuitos”, ha declarado la diputada Patricia de las Heras, quien esta mañana también se ha pronunciado a favor del cierre de las oficinas de igualdad de CCOO y UGT en Balears fruto de la supresión, acordada por PP y Vox, de las ayudas a sindicatos y patronales. “Es lo que pasa cuando llega Vox, que cesan sus chiringuitos”, ha manifestado, arrancando el aplauso de sus compañeros de bancada.
En este sentido, el Parlament ha confirmado esta tarde, fruto de ese pacto, la eliminación de hasta 400.000 euros en subvenciones directas a los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Pimem y CAEB. Sobre ello, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reivindicado el diálogo con el PP. “Ellos [en alusión al PP] no querían esta enmienda, no les gusta, la votaron en contra en comisión. La han aceptado porque hemos negociado. Nosotros también nos hemos tenido que comer cosas que no nos gustan”, ha llegado a manifestar.
Cabe recordar que la propuesta de creación de la que se conocerá como Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística no ha estado exenta de polémica durante los últimos meses. Fue, de hecho, el primer pulso que libraron PP y Vox en Balears después de que la extrema derecha posibilitara con su abstención la investidura de Prohens y que los conservadores se hicieran con el control del Ejecutivo. A cambio, eso sí, de que los ultraderechistas pudieran obtener la presidencia del Parlament, entrar en los Consells de Mallorca y Menorca y de que los populares asumieran hasta 110 medidas programáticas articuladas en torno a cinco líneas básicas: “La falta de libertad lingüística, el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia y la lucha contra la inmigración ilegal”.
A pesar de que el acuerdo de investidura alcanzado por PP y Vox contempla la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística “para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”, los populares mostraron sus discrepancias con el texto de la Proposición de Ley presentada por su socio de investidura, entre otros motivos por su disconformidad con las estratosféricas multas previstas por Vox. Asimismo, los conservadores han hecho valer durante estos meses su defensa del Estatut d'Autonomia, entre cuyos preceptos se establece el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua catalana.
A principios de noviembre, sin embargo, el PP rebajó el tono respecto a las pretensiones de los ultraderechistas y ambos acabaron votando en contra de que el Parlament balear rechazase la Proposición de Ley y de apoyar una política lingüística de consenso y a respaldar el proceso de normalización del catalán, idioma que, en Balears, se encuentra en claro retroceso en comparación con el castellano. Los populares allanaban así el camino a los de Santiago Abascal para ver su Oficina hecha realidad.
En concreto, una de las funciones principales de este organismo será la de gestionar denuncias por parte de ciudadanos que “hayan visto su libertad lingüística amenazada” o que hayan observado algún “caso de discriminación a la hora de emplear el castellano o el catalán”. La entidad, según la propuesta de Vox, actuará en el ámbito tanto público como privado, desde el Govern y otras instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”.
La ultraderecha habla, además, de infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves. Así, en las muy graves entrarían infracciones como “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampara cuando se aprecie mala fe o intencionalidad” o “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando derive en un perjuicio grave”.
Asimismo, en las graves se incluyen “el hecho de no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por la Oficina en el ejercicio de sus funciones” o “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampare cuando no tenga la consideración de muy grave”. En las leves se encuentra “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita”, entre otras.
Prevista en el pacto de gobierno
Esta entidad fue, además, una de las condiciones que impuso Vox en su pacto de gobierno con el PP. Los conservadores dirigen en solitario el archipiélago, pero necesitan los votos de la ultraderecha para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria. Entre las medidas previstas, figura la de acabar con la inmersión lingüística en catalán en la escuela balear, entre otras iniciativas contra la lengua propia de las islas archipiélago.
La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, manifestó que el impulso de este organismo supone “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma” y s señaló que su partido asumirá la dirección de esta oficina con el objetivo de “proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones”. Además, el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, calificó de “hito histórico y muy razonable” la creación de esta oficina.
Por su parte, Prohens manifestó que, “si bien es cierto que PP y Vox pactaron que hubiera una Oficina de Derechos Lingüísticos”, tal como se recoge en el acuerdo de gobernabilidad, “ello fue para garantizar la libertad lingüística en las dos lenguas oficiales”. “Yo no haré de la lengua una batalla de política lingüística ni para los unos ni para los otros”, ha manifestado en varias ocasiones la máxima dirigente autonómica, mostrándose “orgullosa de ser parte de una comunidad bilingüe” donde la lengua “es una herramienta de cordialidad no de confrontación”, pese a “lo se puede pretender por uno u otro lado”.