El PP allana a Vox la vía para impulsar la Oficina que luchará “contra la imposición del catalán” en Balears

PP y Vox han votado este jueves en contra de que el Parlament balear rechace la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, ideada por la formación de extrema derecha con el objetivo, a través de multas desorbitadas, de “luchar contra la imposición del catalán” pese a tratarse de la lengua propia de las islas.

En el marco de la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes celebrada en la Cámara autonómica, ambos partidos han votado en contra del punto cuatro de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca relativa a apoyar una política lingüística de consenso y a respaldar el proceso de normalización del catalán, idioma que, en Balears, se encuentra en claro retroceso en comparación con el castellano.

En concreto, el punto en cuestión reclamaba que el Parlament rechazara cualquier intento de fomentar la crispación social en relación con la convivencia entre las diferentes lenguas o culturas o cualquier intento de volver atrás en las medidas de promoción, normalización, conocimiento y uso del catalán. Es este apartado el que incluía el rechazo de la Cámara a la creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, que no ha salido adelante.

Del mismo modo, PP y Vox han votado en contra de instar al Govern a seguir impulsando medidas de fomento de conocimiento y uso social de la lengua catalana, y de continuar utilizándola como idioma de uso habitual. Este punto emplazaba al Ejecutivo balear a garantizar los derechos de los hablantes de otras lenguas, en cumplimiento del Reglamento del uso de lenguas, de la normalización lingüística y de la exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública.

Por otro lado, se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, que el Parlament apoye el proceso de normalización lingüística de la lengua catalana para asegurar que sea una lengua de uso normal en todos los ámbitos de la administración y la sociedad.

Igualmente, se ha dado luz verde, también en contra de los ultraderechistas, a que la Cámara balear manifieste su compromiso con el plurilingüismo y la multiculturalidad, que “suponen una enorme riqueza y en ningún caso se oponen a la normalización del catalán”, tal como consta en el texto de la PNL.

A través de esta iniciativa, el Parlament también pide a todas las instituciones y administraciones que lleven a cabo políticas dedicadas en favor de la promoción de la normalización, conocimiento y uso del catalán, y eviten polémicas estériles que no las benefician. Este punto también ha salido adelante con el voto en contra de Vox.

Sobre está cuestión, la portavoz adjunta de MÉS per Mallorca en el Parlament, Maria Ramon, ha insistido en reclamar al PP que aclare de qué lado está, “del lado del consenso lingüístico o del lado de las políticas anti” de Vox. Ramon ha reiterado la oferta a los populares por parte de los ecosoberanistas de “sentarse a negociarlo todo” si rompen el pacto con la ultraderecha.

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz del PSIB en la Cámara autonómica, Iago Negueruela, que ha recordado que sigue en pie su ofrecimiento de una abstención al techo de gasto si se descarta la idea de la segregación por lengua en las aulas.

Cabe destacar que uno de los principales campos de batalla de Vox en Balears pasa por cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán, principalmente en el ámbito educativo, pensado para garantizar que todos los estudiantes de las Islas conozcan la lengua propia del archipiélago.

En los primeros cien días de legislatura, a conservadores y ultraderechistas les ha dado tiempo, además, a eliminar el requisito del catalán en la sanidad pública balear -que según ellos provocaba una fuga de profesionales e impedía la llegada de personal sanitario, a pesar de que no cuentan con ningún dato que avale esta teoría-. E, incluso, se están planteando la posibilidad de extender esta medida a toda la función pública -es decir, que para tener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán-.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP) necesitó los votos de Vox en su investidura para hacerse con el bastón de mando en el Consolat de Mar, sede del Govern balear. Pese a que la extrema derecha no consiguió hacerse con ninguna Conselleria -sí ostenta la presidencia del Parlament, segunda autoridad balear-, condicionó el acuerdo de gobierno a un pacto programático de 110 medidas, firmado por PP y Vox, que implicaba, entre otras cuestiones, derogar “aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación”, al tiempo que el documento destacaba que se iba a promover “la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”. 

El texto firmado por PP y Vox ya preveía la creación de “una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”. Esta entidad pretende contraponerse a su predecesora Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, la cual, según Vox, sólo existía “para la protección exclusiva del catalán, excluyendo al castellano”.

En realidad, la razón de ser de la anterior Oficina no era otra que proteger los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes. Según el Estatut, el idioma propio de las Islas es el catalán. Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament, aseguró que la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística es “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma” y que Vox asumiría la dirección de esta oficina para “proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones”.