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Las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal exigen “el cierre inmediato” de la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) tras la difusión de las imágenes inéditas grabadas entre los días 21 y 29 de abril y que muestran las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Ambas asociaciones denunciaron a la empresa Avícola Son Perot S.A. ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y de abandono animal por falta de supervisión veterinaria, como avanzó elDiario.es.
Las imágenes documentadas por ARDE y Satya Animal, avanzadas en primicia por elDiario.es, muestran cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Todo ello ocurrió pese a que la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. El vídeo difundido muestra que los animales viven en condiciones penosas, ya que las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Por estos motivos, ARDE también ha iniciado una recogida de firmas para reivindicar el cierre de la macrogranja.
Esto supone, según un informe veterinario, riesgo de transmisión de enfermedades a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis). Además, se señala la leptospirosis (puede causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.
elDiario.es se ha puesto en contacto con las conselleries de Agricultura, Pesca i Medi Natural y Habitatge, Territori i Mobilitat para preguntarles por la situación de la granja de Llucmajor, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Es el Govern balear —presidido por la presidenta del PP, Marga Prohens—, quien tiene las competencias en la materia. Tampoco ha contestado el certificado de bienestar animal Welfair.
“El certificado es una herramienta de marketing”
Julia Elizalde, portavoz ARDE —entidad que lucha por el fin de la explotación animal— afirma a elDiario.es que los hechos documentados demuestran “cómo las gallinas camperas no salen al exterior durante seis días”. “Las puertas de la nave permanecen cerradas”, atestigua, lo cual infringe el reglamento de la Comisión Europea en lo que se refiere a la comercialización de los huevos.
“Es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo su actividad es ilegal y penalmente podría estar incurriendo en varios delitos”, señala a elDiario.es Marina Sánchez, presidenta de la asociación mallorquina Satya Animal. Así, Sánchez lamenta que el certificado “se convierta en una mera herramienta de marketing”.
Las gallinas camperas no salen al exterior durante seis días
Entidades se suman a la petición de cierre
Futuro Vegetal ha reaccionado durante la mañana de este martes tras la información avanzada por elDiario.es. El colectivo climático, en un hilo en la red social X, ha afirmado que “la única forma de apostar por el bienestar animal es no consumir cadáveres”. Así, sobre la situación de la granja de Llucmajor, han asegurado que se trata de una “práctica habitual de la ganadería”. “En la praxis del modelo capitalista y de explotación animal, los cuerpos que se consumen no tienen ningún derecho pues son vistos como mera mercancía”, han denunciado.
En este sentido, han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez que destinar “miles de euros al año” a esta industria, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “Esta es la industria que pide la extinción del lobo y el lince, la destrucción de nuestros bosques y que contamina nuestros ríos”, han criticado.
Finalmente, Futuro Vegetal lamenta que las instituciones “fomentan el negocio de unos pocos incluso con la oposición directa de la población local” para favorecer a empresas que actúan “en connivencia con las grandes superficies”.
Por otro lado, Greenpeace ha emitido este martes un comunicado en el que exige “el cierre inmediato de la macrogranja avícola de Llucmajor”. “¡Espeluznante! No puedo creerme que los seres humanos sigamos permitiendo este infierno”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de ganadería del grupo ecologista en España, tras “ver las crueles imágenes” desveladas por este diario. “No podemos permitir que esta explotación siga abierta ni un solo día más. Nos sumamos a la petición de las organizaciones ARDE y Satya Animal y exigimos el cierre inmediato de la macrogranja de Llucmajor”, ha añadido.
Finalmente, el grupo ecologista ha exigido a las autoridades competentes, tanto a nivel autonómico como estatal, “que pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen en conformidad y con mano firme”.
Asimismo, el partido animalista Progreso en Verde se ha unido a la petición de cierre “para evitar un gravísimo problema a nivel sanitario” y pide que “se depuren responsabilidades políticas”. “”No es una granja de gallinas, es un holocausto animal. No se puede permitir que dicha granja de los horrores siga abierta ni un día más. Están jugando con la salud de las personas“, declara Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.
Progreso en Verde exige también que se depuren responsabilidades políticas, ya que dicha granja “lleva años en terribles condiciones, quejas masivas de los vecinos, expedientes abiertos, denuncias ante Fiscalía, pero a día de hoy sigue abierta como si nada”. “Ya nada sorprende en Mallorca cuando se trata de las actuaciones de la conselleria de Agricultura. Finca de ovejas convertidas en cementerios de animales o establos de los caballos de las galeras llevan un sinfín de denuncias y desde la conselleria se mira hacia otro lado”, denuncia Amengual.
Las gallinas camperas deben estar “al aire libre”
El Reglamento 2023/2465, de la Comisión Europea, establece que “las gallinas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre”. La excepción que establece la normativa es que los productores podrán restringir dicho acceso “durante un período limitado por las mañanas, conforme a las buenas prácticas agrarias habituales, y en especial las buenas prácticas en materia de cría”. “Cuando se hayan impuesto restricciones temporales con arreglo a la legislación de la Unión, los huevos podrán comercializarse como ‘camperos’ a pesar de dicha restricción”, indica el reglamento.
Además, los huevos de gallinas camperas deben elaborarse en sistemas de producción que cumplan otras condiciones mínimas de protección, entre ellas, que los espacios al aire libre “estarán cubiertos de vegetación en su mayor parte y no se utilizarán con otros fines, salvo como huertos frutales, terrenos forestales o pastos”.
Asimismo, la explotación también podría estar incumpliendo el real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. Esta ley establece en su artículo 6 —de condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones avícolas— que el funcionamiento de estas granjas estará “basado en los principios de higiene y bioseguridad y de manejo por unidades de producción de la misma edad y estatus sanitario”, para lo cual se aplica lo previsto en el Reglamento 852/2004 de la Comisión Europea, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
La normativa establece, en los requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios, que permitirán “un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, evitarán o reducirán al mínimo la contaminación transmitida por el aire y dispondrán de un espacio de trabajo suficiente que permita una realización higiénica de todas las operaciones”. Del mismo modo, evitarán “la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas en los productos alimenticios y la formación de condensación o moho indeseable en las superficies”, además de permitir “unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección contra la contaminación, y en particular el control de las plagas”, entre otras cuestiones. “El objetivo principal de las nuevas normas de higiene generales y específicas es garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria”, destaca la normativa europea.
Además, el punto 12 a) del mismo artículo establece que la explotación —o excepcionalmente, cuando no sea posible, las unidades de producción— se situará en un área delimitada mediante un vallado o aislamiento perimetral. El objetivo es que las aísle de “la entrada de personas del exterior y minimice la entrada de mamíferos que puedan actuar como vectores de enfermedades y que además permita un control de entradas y salidas en ella”. El vallado o aislamiento perimetral, indica la normativa, “deberá estar en buen estado de conservación en todo momento” y deberá incluir a todas las zonas con posibilidad de ser usadas por los animales y por las personas que trabajan en la explotación, de modo que “todas las actividades relacionadas con la producción avícola se puedan realizar dentro de sus límites”.
Hasta 1,2 millones de multa por faltas muy graves
El artículo 21, de régimen sancionador, establece que en caso de incumplimiento de la ley se aplica el régimen de infracciones y sanciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal; la ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y en el real decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
El punto 20 del artículo 84 de la ley de sanidad animal señala como falta grave el abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas “que entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o contaminen el medio ambiente”, así como su envío a destinos que no estén autorizados, siempre que no esté tipificado como falta muy grave.
El artículo 85 de la misma ley señala como faltas muy graves, siempre y cuando entrañen un riesgo para la salud de las personas, no comunicar la muerte de un animal cuando sea obligatorio por ley; la falta de comunicación —o fuera de plazo— de enfermedades de los animales que sean de declaración o notificación obligatoria —lo cual incluye los casos en los que hay riesgo de zoonosis o enfermedades de especial virulencia o extrema gravedad— y no cumplir las obligaciones sanitarias en el cuidado de los animales si supone un riesgo para la salud animal.
El artículo 88 sanciona las infracciones leves con una multa de 600 a 3.000 euros; las infracciones graves con una multa de 3.001 a 60.000 euros y las muy graves con una multa de 60.001 euros a 1,2 millones.
Sanción de 150.000 euros
Hace poco, los dueños de la granja de gallinas ponedoras recibieron una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación.
La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalan fuentes de ARDE a elDiario.es, que lamentan que pese a todo la empresa nunca ha dejado de operar.
Un informe señala un “foco de contagio” de enfermedades
Las asociaciones ARDE y Satya Animal han presentado un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, al cual ha accedido elDiario.es, en el cual el profesional señala que en el interior de la granja hay “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.
Entre estos riesgos, detalla la presencia de otros animales en las instalaciones como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación”; falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.
Según el veterinario, hay defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirma el profesional, que añade en su informe que se evidencia “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.
Un informe veterinario señala que hay defectos en el aislamiento de la nave 'debido a los posibles desperfectos causados por los roedores' y señala que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos
Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destaca en su informe que son un foco de contagio. Así, afirma que en varias ocasiones se ven imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacan las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis). Además, se señala la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.
Así, el veterinario concluye en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detalla el profesional.
Finalmente, el veterinario considera que se están incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumple el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores y en segundo, tampoco se cumple el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas como peleas o desplazamientos de los animales. “No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluye el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.
La versión de Avícola Son Perot
elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, con el objetivo de contrastar la información que iba a ser publicada y recabar su versión, que este diario pasa a reproducir en su totalidad:
“Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones. Ante las recientes informaciones y contactos relacionados con una posible denuncia por parte de determinadas organizaciones sobre el estado de nuestras instalaciones en Llucmajor, desde Avícola Son Perot deseamos manifestar lo siguiente: Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo. De hecho, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad.
Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente. Por todo ello, entendemos que cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada. Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa“.
Fuentes de Avícola Son Perot S.A. añaden que sus granjas están certificadas en bienestar animal, certificación vigente hasta noviembre del 2025. Precisamente el pasado 20 de mayo los responsables de AENOR, empresa certificadora del sello de bienestar animal Welfair, realizaron una inspección de renovación en el interior de la granja de Llucmajor que inicialmente fue positiva a falta de completar documentación, señalan las mismas fuentes.