Balears conmemora los 40 años de la ley que trazó el camino de la normalización del catalán: “Sigue vivo, pero amenazado”

El 29 de abril de 1986, Balears veía promulgada la ley de normalización lingüística, aprobada bajo el mandato de Gabriel Cañellas (AP/PP) con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Su objetivo, revertir la marginación histórica de la lengua catalana -reconocida como propia en el Estatut d'Autonomia aprobado tres años antes-, hacer efectiva su oficialidad y garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizarla en todos los ámbitos, especialmente en la administración, la educación y los medios públicos. Cuatro décadas después, la efeméride llega cargada de simbolismo y de tensión: lo que entonces fue un acuerdo transversal para dignificar el catalán, hoy se conmemora en un clima político marcado por las políticas de retroceso impulsadas por PP y Vox durante esta legislatura.

Ese consenso es hoy uno de los elementos más recordados -y también más añorados- del texto, nacido con una idea clara: garantizar que cualquier ciudadano pudiera vivir en catalán en las Islas, un objetivo que, tal como acreditan datos oficiales, investigadores y estudios, dista aún de haberse cumplido plenamente: el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, la presión turística y el predominio del castellano en ámbitos como el comercio, la justicia o el entorno digital han ido desplazando progresivamente su presencia cotidiana.

El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

No en vano, la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana y subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

El aniversario de la ley ha servido para escenificar el abismo político actual. Desde Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha apelado este miércoles a recuperar el espíritu de 1986: un gran acuerdo que permita actualizar la norma y extenderla a ámbitos como el comercio, el cine o el ecosistema digital. En este contexto, el dirigente ecosoberanista ha señalado directamente a los “enemigos históricos” de la normalización, situando en esa línea al PP de José Ramón Bauzà -cuyo mandato dejó episodios de fuerte conflictividad lingüística, lo que llevó a una contestación social sin precedentes bajo el paraguas de la 'marea verde'- y, en la actualidad, a Vox, socio parlamentario del Govern de la popular Marga Prohens.

En la misma línea, la presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha recriminado el “arrinconamiento” progresivo del catalán, recordando que la ley oficializó el catalán como la lengua propia de Balears y fijó el objetivo de garantizar su uso normal en todos los ámbitos, desde la administración hasta la educación. “Esa ley fue fruto de un tiempo de consenso, de una mirada larga y de un compromiso profundo con nuestra identidad colectiva. Entendió que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ser y de expresar nuestra identidad y cultura”, ha manifestado en un mensaje publicado en X.

La expresidenta del Govern balear ha lamentado que cuadro décadas después de la aprobación de esta norma, el catalán “continúa vivo, pero también amenazado”. A su juicio, el actual Ejecutivo lo va “arrinconando cada vez más” y “debilita” su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público. “Esto no es casual, es una decisión política que pone en riesgo derechos que habían costado décadas de construir”, ha lamentado, para después hacer un llamamiento a alzar la voz para “decir claro que normalizar una lengua es garantizar derechos, es asegurar que cualquier persona pueda vivir plenamente en catalán”.

Frente a estas críticas, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha reivindicado la ley como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano “con normalidad, tranquilidad y desde el respeto”. La líder balear también ha destacado el papel de la norma en la conservación del catalán y sus modalidades insulares al garantizar su aprendizaje y difusión: “Ha acercado nuestra lengua de manera amable, haciéndola llegar a nuevos hablantes y manteniéndola viva como un legado para nuestros hijos”.

Durante esta legislatura, sin embargo, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo -y la exigencia- de Vox han abierto una brecha entre ese discurso y la práctica. Las medidas impulsadas por ambos socios de investidura han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.