IU exige informes sobre las inversiones de Aqualia en Santander y estudiar el cumplimiento de la concesión

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha reclamado al equipo de gobierno del PP informes detallados sobre las inversiones realizadas por Aqualia en el servicio de aguas y estudiar el grado de cumplimiento de la concesión, adjudicada en 2006, tras las “deficiencias” detectadas por Inspección de Trabajo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Tojo, en Camargo.

Para la formación, que ha registrado una moción al pleno municipal que se celebra este jueves, después de dos décadas de gestión externalizada y “a pocos años de que finalice el contrato en 2031”, resulta “imprescindible” conocer el estado real de estas infraestructuras estratégicas y aclarar si se han ejecutado las obligaciones de mantenimiento, renovación e inversión previstas durante la concesión.

“Estamos hablando de un servicio público básico, directamente vinculado a la salud pública, al medio ambiente y a la calidad de vida de miles de vecinos. No puede gestionarse desde la opacidad ni con información parcial”, ha señalado Martínez este miércoles en nota de prensa.

La iniciativa se ha registrado tras conocer las actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria en instalaciones vinculadas al servicio municipal del agua, especialmente la ETAP de El Tojo, clave para el abastecimiento de Santander.

Y es que, según ha dicho, Inspección ordenó el cierre cautelar de zonas con goteras en esta infraestructura e inició un expediente sancionador contra la empresa concesionaria por no haber adoptado, en relación a los vestuarios, medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a posibles riesgos biológicos.

Según recoge la moción, la actuación inspectora se produjo tras una denuncia presentada en enero de 2026 y dejó constancia de “diversas deficiencias, entre ellas goteras y filtraciones pendientes de corrección, así como carencias higiénico-preventivas en determinadas dependencias”.

A ello se suma la documentación técnica posterior conocida por la formación, en la que se contemplan actuaciones tras detectar “el deterioro en cubiertas, precinto de determinadas zonas que ha limitado accesos a trabajadores clave, así como reparaciones pendientes y medidas preventivas extraordinarias ante posibles desprendimientos”.

“Cuando aparecen este tipo de problemas en una infraestructura crítica, la cuestión ya no es interna de empresa. Es un problema de control público y de responsabilidad institucional porque son problemas que no aparecen de la noche a la mañana, sino que muestran una degradación sistemática”, ha afirmado el edil.

A las deficiencias detectadas en la ETAP de El Tojo se suman otras situaciones que han observado el propio concejal y su equipo en diferentes instalaciones del sistema de abastecimiento, ha señalado.

En concreto, en una visita a los depósitos de agua potable de Santander, se ha referido al “estado de deterioro” que presenta El Avellano, “con signos evidentes de falta de mantenimiento acumulado”.

La formación sostiene que la cuestión de fondo no es una incidencia puntual, sino conocer en qué estado se encuentran en este momento las infraestructuras municipales del agua tras veinte años de concesión y qué control ha ejercido el Ayuntamiento sobre el cumplimiento contractual.

Además, la formación ha apuntado que el recibo del agua ha experimentado sucesivas revisiones al alza en los últimos años, incluidas nuevas actualizaciones en 2025 y 2026, por lo que considera aún más necesario exigir transparencia sobre costes, inversiones y equilibrio económico del modelo concesional.

“Es un servicio privatizado, concesionado a una empresa que, según han calculado diversas asociaciones vecinales, ha cobrado un 25% más de lo permitido por la Ley de Haciendas Locales”, ha manifestado Martínez, que ha añadido que el Ayuntamiento “está en litigio contra 27 asociaciones de vecinos por el tema por un supuesto beneficio extraordinario para la empresa, pese al principio legal de equivalencia entre coste del servicio e importe exigido a los usuarios”.

Asimismo, ha apuntado que el Tribunal de Cuentas “ya advirtió al Ayuntamiento de que una empresa privada no puede recaudar impuestos”.

Por último, la moción también plantea iniciar los trabajos necesarios para estudiar la recuperación de la gestión municipal directa una vez finalice la actual concesión.