Desalojados trabajadores del turismo que malvivían en un hotel abandonado en Ibiza

El dispositivo policial estaba preparado ya desde las ocho de la mañana. Un vigilante de seguridad cerraba el paso en la calle Es Caló, en Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. A unos pasos se vislumbra un furgón y dos coches de la Policía Local. Al lado izquierdo están los apartamentos Playa Bella; detrás, el Hotel Vibra Riviera, a la derecha, las plantas de una mole de hormigón sin acabar. Es decir, un hotel en ruinas que nunca llegó a serlo. Es, de hecho, una zona muy turística que desemboca en la bahía. En los alrededores de Cala de Bou hay varios apartamentos turísticos y hoteles Vibra, del Hiperion Hotel Group, así como cuatro hoteles del Concept Hotel Group: Paradiso Ibiza Art Hotel; Grand Paradiso Ibiza, Romeo’s Ibiza y Los Felices.

Hasta este jueves esta estructura a medio hacer también ha sido morada y refugio de al menos un centenar de personas sin techo. Si durante la jornada de ayer todavía quedaban una decena, esta mañana han salido apenas cuatro personas, después de que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil ejecutaran la orden de desahucio judicial. Para ello la Benemérita ha desplegado una quincena de vehículos en el interior de la finca, que está acordonada, y a la que han cerrado el paso a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Al final de la calle hay dos carpas con técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Se han desplazado al lugar Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, y el alcalde, Vicent Roig, que también tiene las carteras de Policía Local, Promoción Turística y Urbanismo.

Poblados barranquistas

En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla no tienen el mismo origen histórico ni la misma dimensión que las favelas brasileñas o las villas miseria argentinas. Sin embargo, comparten un rasgo característico de las ciudades sometidas a una intensa presión inmobiliaria: la coexistencia de espacios concebidos para atraer capital y población de alto poder adquisitivo con otros en los que quienes sostienen la economía local encuentran cada vez mayores dificultades para acceder dignamente a una vivienda.

Paradójicamente, lo que estaba proyectado para ser un hotel con 400 suites y una discoteca al aire libre con capacidad para 4.000 personas ha terminado siendo refugio para personas sin hogar que, en ocasiones, trabajan para la industria turística. En el caso del edificio de Punta Xinxó, es propiedad del grupo Acintur a través de la mercantil Cala Xinxó S.L., que está litigando con el Ayuntamiento para acabar de construir el hotel, después de que haya caducado la licencia de la que disponían. Las obras se paralizaron en 2010, en plena crisis inmobiliaria.

De momento, la empresa ha contratado a una empresa de seguridad privada, que ha instalado sistemas de alarma y vigilancia permanente en el edificio para evitar que se vuelva a acceder a él. Además, ha anunciado que el lunes comenzarán los trabajos de limpieza, retirada de residuos y demolición de las estructuras improvisadas que los ocupantes habían construido en el interior, según ha informado el alcalde. En el perímetro de la salida del edificio todavía son visibles algunas de las chabolas que se colocaron en las plantas.

“Esta estructura es una vergüenza para Cala de Bou”, opina Albert Colomer, presidente de la Comunidad de Vecinos de Punta Pinet, ubicada en los alrededores del hotel en ruinas. Colomer ha explicado que los vecinos de la zona reclamaban hace tiempo una solución al Consistorio debido a la sensación de “inseguridad” y los malos olores que sufrían. “La situación era inaguantable. Abrir una ventana por la noche era horrible por el olor”, ha asegurado. Según su testimonio, la gran mayoría de los huéspedes eran trabajadores, pero había un pequeño número de personas que causaba molestias a los vecinos, lo que en ocasiones desencadenó discusiones. Se queja, además, que en el pasado fue un foco de menudeo de sustancias estupefacientes.

Esta estructura es una vergüenza. La situación era inaguantable. Abrir una ventana por la noche era horrible por el olor

Posible demolición

Los vecinos reclaman, finalmente, el derribo del edificio, aunque por el momento no hay acuerdo entre Acintur y el Ayuntamiento porque la empresa quiere terminar el proyecto. Roig ha respondido que la licencia de obra está caducada. En este sentido, el alcalde ha recordado que la empresa recurrió judicialmente la decisión municipal de declarar la caducidad de la licencia y que el procedimiento continúa en el ámbito contencioso-administrativo. Ha añadido que, si los tribunales confirman la decisión del Consistorio, el siguiente paso será decretar la demolición del edificio. El coste tendría que asumirlo la empresa, tanto si la ejecuta directamente, como si lo hace el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Acintur, pero el grupo no ha respondido al correo electrónico en el momento en que se publica esta noticia. Este diario ha intentado hablar con un representante de la empresa este viernes por la mañana, pero ha declinado hacer valoraciones a la prensa. “La intención del propietario es construir. Sabemos que están en litigios [con el Ayuntamiento]. Pinta que tendremos esta estructura 10 años más”, lamenta Colomer.

Precariedad de los trabajadores

El desalojo no resuelve la situación de precariedad en la que viven centenares de trabajadores. Este espacio se convirtió en otro asentamiento tras el desalojo de sa Joveria en abril de este año. Convivían centenares de personas, la mayoría saharauis, en un núcleo que se terminó configurando como el mayor poblado chabolista de la isla, desde los desalojos de Can Rova en los veranos de 2024 y 2025.

Consultado por este diario, el alcalde Roig ha manifestado, sobre el perfil de la personas desalojadas, que viven situaciones muy diversas: hay personas con documentación regularizada y otras que no la tenían, así como diferentes nacionalidades, entre ellas saharauis y senegaleses. Además, ha señalado que la mayoría eran temporeros y que algunos habían solicitado ayuda para abandonar la isla, asistencia que el Ayuntamiento habría facilitado a través de Servicios Sociales.

Por otro lado, muy cerca del edificio de Punta Xinxó se encuentra el Gorila, un antiguo mercadillo hippie que habría sido ocupado por algunas de las personas desalojadas. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de la situación de escasez de vivienda”, ha dicho Roig y ha añadido que, al parecer, el propietario de este espacio estaría cobrando un alquiler de entre 300 y 400 euros mensuales a cada persona que ha decidido trasladarse a esta zona.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que, como en el resto de casos, se actuará “por las vías urbanística, medioambiental y de actividades”, al entender que allí se desarrolla una actividad de albergue sin autorización. Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará el caso a los tribunales por el uso indebido del inmueble. También ha recordado que al inicio de la legislatura intentaron negociar con la propiedad para adquirir el terreno y convertirlo en un espacio público, aunque las pretensiones económicas fueron, según ha dicho, “absolutamente abusivas”. Aun así, ha afirmado que siguen abiertos a negociar.