El dueño del mayor criadero ilegal de tortugas en España asegura que nunca comerció con ellas: “Todo estaba en regla”

El principal acusado de dirigir un criadero ilegal de tortugas -cuya desarticulación se convirtió en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal de estos reptiles a nivel internacional- en una finca de Llucmajor (Mallorca) ha negado este miércoles haber comerciado nunca con especies protegidas y ha defendido que todos los ejemplares que tenía cumplían con los requisitos legales para su tenencia y cría, una versión que choca frontalmente con la sostenida por la Fiscalía: el Ministerio Público sostiene que tanto el dueño de la finca como su pareja -también procesada- criaban de forma clandestina tortugas acuáticas, terrestres y de bosque así como otras especies protegidas y amenazadas. Lo hacían en unas instalaciones no autorizadas que incluían varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.

El inculpado ha declarado este miércoles durante el juicio que se celebra por estos hechos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma contra la pareja -ambos de origen alemán- así como contra el propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, quien, según la acusación pública, actuaba como intermediario en la compraventa de animales protegidos. La Fiscalía acusa a los tres acusados de delitos contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales y solicita penas de hasta cinco años y medio de prisión para la pareja y dos años para el tercer procesado, además de indemnizaciones que superan los 200.000 euros. El principal procesado ha sostenido que su actividad era plenamente legal y conocida por la administración.

Una instalación “en regla”, según el acusado

El acusado, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada, ha asegurado que las instalaciones de su finca eran legales y que, en el momento de su detención en 2018, estaban en trámites para ser reconocidas como núcleo zoológico, una condición que finalmente obtuvieron en 2021.

Según su relato, antes de trasladarse a Mallorca en 2006 ya contaba con todas las autorizaciones necesarias en Alemania para la tenencia de tortugas y para la emisión de certificados CITES, la documentación obligatoria para el comercio de especies protegidas. A su llegada a la isla, ha añadido, el entonces responsable en Palma del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (Soivre), ya fallecido, le habría confirmado que “todo estaba en regla”.

El procesado ha insistido en que nunca adquirió ejemplares protegidos sin la documentación correspondiente y que durante los registros realizados en la finca facilitó a los agentes toda la información disponible sobre la identificación de los animales.

La pasada semana, el encargado de una empresa transportista señaló que los acusados recibían “de vez en cuando” palets con ratones congelados, situación que les resultaba “chocante”. El transportista ha explicado que creía que los ratones congelados se pedían para dar de comer a animales, porque había escuchado -aunque no lo sabía con certeza- que “se dedicaban a esta actividad”. A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo manifestó que nunca transportó animales vivos y que para ello se necesitan “unos permisos especiales”. El encargado incidió en que una vez tuvo que “tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero para el que fue necesario un camión grúa”

La tesis de la Fiscalía: un negocio ilegal de gran escala

La investigación llevada a cabo a mediados de 2018 -bautizada como operación Coahuila- se saldó con la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos, así como con el desmantelamiento del que la Guardia Civil consideró el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa. Durante los registros realizados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, los agentes constataron la existencia de una compleja infraestructura destinada a la cría y reproducción de estos animales y se intervinieron más de 1.000 ejemplares. La valoración económica de las tortugas decomisadas y de las crías nacidas de huevos incautados ascendería, siempre según la acusación, a cerca de medio millón de euros.

El Ministerio Público sostiene además que el propietario de la tienda de reptiles en Barcelona era quien canalizaba las compras y ventas de los animales, facilitando su comercialización a terceros y adquiriendo en ocasiones ejemplares para su propio negocio.

Durante su comparecencia, el principal acusado ha afirmado que mantener el criadero le suponía un gasto mensual de entre 600 y 700 euros y que sus ingresos procedían de su trabajo en un zoológico y del apoyo económico de sus padres, negando que obtuviera beneficios de la actividad con las tortugas. También ha minimizado el papel de su pareja, asegurando que solo le ayudaba de forma puntual en el cuidado de los animales y como traductora en trámites administrativos. Ella, por su parte, ha corroborado esta versión y ha declarado que sus ingresos proceden exclusivamente de su trabajo como veterinaria.

Mientras tanto, el tercer acusado, el dueño de la finca, ha respaldado la versión del criador, a quien ha definido como “admirable” por su dedicación a especies con “poco valor comercial pero gran valor ecológico”. Ha negado haber comprado nunca ejemplares protegidos de forma ilegal y ha asegurado que todas las operaciones en las que participó se realizaron con la documentación exigida. “Lo fácil es hacerlo así. ¿Cómo anuncias luego una especie ilegal para la venta? Al final el problema te acabará volviendo”, ha espetado ante el tribunal, añadiendo que los gastos de mantenimiento descritos por el principal acusado le parecen “los normales, incluso un poco caros”.

El juicio está previsto que concluya este jueves con la práctica de la prueba documental y los informes finales de las partes, tras lo cual quedará visto para sentencia.