Un criadero ilegal de tortugas protegidas y un negocio de medio millón de euros: “Las alimentaban con ratones congelados”

Una pareja alemana se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears acusada de montar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centro de cría clandestino de tortugas protegidas cuya desarticulación se convirtió en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal de estos reptiles a nivel internacional. La investigación -bautizada como operación Coahuila- se saldó con la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos, así como con el desmantelamiento del que la Guardia Civil consideró el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa.

El Ministerio Público les atribuye tres delitos -contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales- y pide para ellos cinco años y medio de prisión, además de indemnizaciones que superan los 200.000 euros, mientras que para un tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, solicita dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales. La pareja acusada criaba tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas especies protegidas y amenazadas, en unas instalaciones que, según la investigación, incluían varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.

Los acusados, quienes declararán la próxima semana, en la recta final del juicio, a petición de sus defensas, vendían los ejemplares a través del propietario de una tienda de reptiles de Barcelona.

Durante la vista oral por estos hechos, varios agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado declararon este jueves cómo uno de los acusados estaba “muy nervioso” cuando los funcionarios registraron la finca. “O no entendía o no quería entender”, señaló uno de ellos en referencia al compañero sentimental de la mujer.

En la sesión de este viernes, el encargado de una empresa transportista ha señalado que los acusados recibían “de vez en cuando” palets con ratones congelados, situación que les resultaba “chocante”. El transportista ha explicado que creía que los ratones congelados se pedían para dar de comer a animales, porque había escuchado -aunque no lo sabía con certeza- que “se dedicaban a esta actividad”. A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo ha señalado que nunca transportó animales vivos y que para ello se necesitan “unos permisos especiales”. El encargado ha incidido en que una vez tuvo que “tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero para el que fue necesario un camión grúa”.

También ha declarado como testigo un responsable del centro de conservación animal en el que fueron depositados los animales intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona. “Solo quedan una tortuga y dos salamandras”, ha manifestado, evidenciando que la mayoría de ellos han fallecido.

Una “importante logística”

Junto a dos inspectores de la autoridad administrativa CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), los agentes del Seprona registraron la finca el 27 de junio de 2018. In situ, comprobaron que los propietarios tenían un criadero ilegal de tortugas. “Poseían una importante logística destinada a la cría y reproducción de los ejemplares de tortugas tanto acuáticas, como terrestres y de bosque que poseían así como galápagos, consistiendo dichas instalaciones en varias filas de piscinas de plástico, así como varios terrarios”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía. Los procesados destinaban dos habitaciones de la casa para la ubicación de neveras e incubadoras de huevos y de las crías que iban naciendo. 

En total, se interceptaron 800 tortugas de 71 especies distintas, exclusivamente en ese operativo. Según consta en la investigación, los agentes del Seprona practicaron nuevas entradas y registros en la misma finca los días 2, 4 y 12 de julio de ese año. En estas inspecciones localizaron, entre otros elementos, 119 tortugas hembras que se encontraban en período de ovulación, así como numerosos huevos depositados en incubadoras que los acusados tenían en la vivienda.

Durante estas nuevas actuaciones, los agentes procedieron también a la incautación de diverso material destinado tanto a la alimentación como a la cría y reproducción de los quelonios. El Ministerio Público subraya que, sumando los ejemplares intervenidos en todos los registros y aquellos que nacieron con posterioridad a partir de los huevos decomisados, el número total de especímenes incautados ascendió a 1.063.

Un negocio de medio millón de euros

De acuerdo a la valoración económica recogida en el escrito de acusación, el conjunto de los ejemplares decomisados -cuyo origen y adquisición legal no ha quedado acreditado-, junto con los nacidos en las instalaciones a partir de los huevos incautados, alcanza un valor total de 545.712 euros.

La Fiscalía señala además que todos los animales intervenidos, así como los huevos procedentes de los mismos, fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc (entidad gestora de diversos departamentos encargados de la conservación y recuperación animal y medioambiental). Esta entidad ha ido informando periódicamente, mediante facturas, de los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares. De acuerdo con las actuaciones, el Ministerio de Justicia había abonado hasta mayo de 2021 casi 188.000 euros en concepto de estos gastos, una cantidad que el Ministerio Público reclama ahora a los acusados.

En su escrito, la Fiscalía concluye que los acusados, “con la realización de la actividad desempeñada y atendiendo al volumen de ejemplares, las características de los mismos y las numerosas transacciones realizadas”, pusieron en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.

El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.