La Fiscalía boliviana abre una investigación contra Evo Morales por presunto fraude electoral

El Ministerio Público de La Paz ha resuelto abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre en Bolivia.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha informado a los medios este miércoles que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.

La pasada semana, el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa -derrotado por Evo Morales en los comicios presidenciales-, presentó un memorial ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, capital de Bolivia y sede del Poder Judicial, para que se incluya a esos exfuncionarios en la investigación por supuesto fraude electoral. Mesa, que fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005, señaló entonces que “Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes”.

En tanto, el diputado Édgar Montaño del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, sostuvo que “se van a inventar un montón de procesos” en contra del expresidente porque “les da pavor” que “esté presente” en el Parlamento boliviano.

Evo Morales ha presentado una candidatura a senador por el MAS, aunque está pendiente de habilitación por el órgano electoral. “Deben saber que los bolivianos están cansados, en estos pocos 90 días, de las arbitrariedades que va cometiendo el Gobierno”, ha dicho Montaño.

La Fiscalía abrió una investigación en contra de los siete exvocales del Tribunal Supremo electoral por supuesto fraude en los pasados comicios del 20 de octubre, de los que seis están en detención preventiva y uno en domiciliaria. Fue iniciada tras un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó “irregularidades” en la elección.

Sin embargo, esta conclusión fue rebatida por el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), un think-tank con sede en Washington, que cuestionó seriamente en un informe publicado el 10 de noviembre el papel de la misión electoral de la organización americana en Bolivia, asegurando que no “ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones”. Más de 100 expertos internacionales en economía y estadística han firmado un manifiesto rechazando la “narrativa del fraude” electoral en Bolivia.

Si bien la OEA asegura haber detectado “irregularidades graves”, no menciona la palabra fraude. El pasado 4 de diciembre, la organización internacional reiteró sus denuncias en su informe final, donde concluyó que hubo “operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, algo que el expresidente niega. Lo que ha estado en discusión en todo momento no era la victoria de Morales, sino el margen que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral, es decir, que obtuviera el 40% y al menos una diferencia de 10 puntos sobre la segunda candidatura, algo que logró en el resultado final.

Tras las denuncias de organismos internacionales de irregularidades en las elecciones, Morales anunció una repetición electoral el pasado 10 de noviembre. Horas después, sin embargo, renunció presionado tras un golpe de Estado y tres semanas de protestas.

El Gobierno transitorio de la autoproclamada Jeanine Áñez promulgó en noviembre una ley que anuló los comicios de 2019 y que fijó las bases de un nuevo proceso electoral previsto para el próximo 3 de mayo.

El expresidente partió hacia México en noviembre, para luego trasladarse a Argentina en diciembre, donde solicitó refugio, acompañado de García Linera en ambos países.

En tanto que los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Justicia Héctor Arce se alojaron en la residencia de la Embajada de México en La Paz, a la espera de un salvoconducto que el Gobierno de Áñez no les ha otorgado para salir del país.

Morales es el jefe de campaña de su partido de cara a los nuevos comicios del 3 de mayo y se postula al Senado por la región boliviana de Cochabamba.

Además de esta investigación, sobre el expresidente pesa una orden de aprehensión de la Fiscalía de Bolivia para que acuda a declarar, tras ser denunciado por el Gobierno interino del país por supuestos delitos como terrorismo.