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El movimiento feminista lleva al Congreso de Argentina un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto

Manifestación a favor del derecho al aborto en Argentina.

Ana Requena Aguilar

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina presenta este martes un nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. El texto contempla el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Pasada esa fecha, la interrupción del embarazo podría llevarse a cabo en caso de violación o riesgo para la salud o la vida de la madre. La fecha de la presentación no es casual: el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y también el aniversario del proyecto de ley, que se presentó por primera vez un día como hoy en 2007.

El texto incluye modificaciones respecto al anterior proyecto, que consiguió la aprobación del Congreso de la Nación pero no la del Senado, que lo rechazó por 31 votos a favor y 38 en contra. Fue el plenario de la Campaña, en el que hay representación de todos los territorios del país, el que discutió y aprobó el texto que llega este martes al Congreso.

Una de esos cambios es la eliminación del supuesto que permitiría el aborto después de las 14 semanas por malformaciones fetales graves, uno de los puntos que generó controversia en el debate del pasado año. El texto mantiene el aborto en caso de riesgo para la vida o la salud integral de la mujer y la Campaña entiende que las malformaciones o problemas del feto quedarían integrados en ese epígrafe. Incorporan, además, la interrupción voluntaria del aborto como materia de la educación sexual integral que debe impartirse en las escuelas.

El proyecto que llega hoy al Congreso no incluye la objeción de conciencia de los profesionales médicos, otro de los puntos controvertidos. En los últimos meses, Argentina ha vivido varios casos de menores que quedaron embarazadas tras ser violadas y que se vieron obligadas a seguir con sus embarazos debido a la obstaculización o la negativa de los médicos a practicarles un aborto. A pesar de que existe un protocolo que permite la interrupción del embarazo en estos casos, en la práctica muchos profesionales maniobran para no aplicarlo. Hace solo unos días, un ginecólogo fue condenado por incumplir sus deberes de funcionario público y obligar a una joven de 19 años a continuar con un embarazo resultado de una violación.

Otro de los cambios del proyecto de ley es el que se refiere a los sujetos de derecho, que no solo serán las mujeres sino también “otras identidades con capacidad de gestar”. El aborto dejaría de estar penalizado: el Código Penal especificaría que la interrupción del embarazo hasta la semana 14 no es delito cuando se produce con consentimiento de la mujer. Fuera de ese plazo, los abortos de embarazos producto de una violación o que pongan en riesgo la vida o salud de las mujeres no serían punibles, tal y como ya sucede ahora.

El aborto de las menores

El texto contempla que todas las menores de entre 13 años y 16 años puedan abortar sin necesidad de más consentimiento que el suyo propio. También podrán hacerlo las mujeres de entre 13 y 16 años: “Se presume que cuentan con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimientos”. En caso de que existiera un riesgo grave para la salud o la vida de estas menores y que este fuera previo al embarazo, las mujeres tendrán que prestar su consentimiento “con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as”. “En el caso de existir intereses contrapuestos entre la persona adolescente y el/la adulto/a responsable será el/la profesional o personal de salud que deberá decidir” de acuerdo a la norma. Las menores de 13 años necesitarán el consentimiento con la asistencia de al menos un progenitor.

Argentina celebra elecciones presidenciales a finales de octubre y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es consciente de que eso puede dificultar que el proyecto salga adelante, buscan que su presentación mantenga el tema en la agenda y fuerce a los candidatos a manifestar públicamente su postura al respecto.

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