Arrestos, participación restringida y críticas por los presos políticos: la otra cara de la cumbre del clima de Egipto

La Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU o COP27 se celebra estos días en Sharm El Sheij, a orillas del mar Rojo. La reunión congrega un año más a líderes de todo el mundo entre advertencias sobre el “caos climático” por parte de la ONU. Pero el foco también está sobre el polémico historial de derechos humanos del país anfitrión, Egipto, donde cientos de personas han sido detenidas en las semanas previas por convocar o animar a manifestarse a través de las redes sociales, y la participación de la sociedad civil en la cumbre se ha visto restringida.

Un coro creciente de voces ha denunciado la falta de libertades en el país y, en concreto, la difícil situación de los presos políticos. Alrededor de 1.400 grupos y figuras públicas de 80 países han firmado una petición redactada por una docena de organizaciones egipcias en la que reclaman a las autoridades egipcias que liberen “de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas simplemente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”.

Una de las firmantes es la activista sueca Greta Thunberg, que a finales de octubre mostró en Twitter su solidaridad con los “detenidos arbitrariamente”. Pocos días después, el presidente egipcio, Abdelfattah Al Sisi, indultó al exdiputado y político liberal Ziad El Elaimy, que en 2019 había sido condenado a cinco años de cárcel por “publicar informaciones falsas que amenazan la seguridad nacional”, unos cargos que suelen emplearse contra opositores y críticos.

Sin embargo, este gesto por parte del mariscal Al Sisi no convenció a la joven, que una semana antes de la inauguración de la COP27 anunció que no viajaría a Sharm El Sheij, que calificó de “un paraíso turístico en un país que viola muchos derechos humanos básicos”. La localidad situada en la península del Sinaí, aislada del resto del país y alejada de la contaminación y el caos de El Cairo, siempre ha sido usada por el régimen egipcio –también el de Hosni Mubarak, antes de la revuelta de 2011– para hospedar grandes eventos internacionales, en una suerte de burbuja segura.

Limitaciones a la sociedad civil

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU mostró su preocupación hace un mes sobre las limitaciones a la participación de la sociedad civil en la cumbre en lo que denominó una “oleada de restricciones gubernamentales”, uno de los motivos que alegó la propia Thunberg para no acudir. 

Hussein Baoumi, investigador para Egipto de la ONG Amnistía Internacional, asegura a elDiario.es que la sociedad civil egipcia “está extremadamente reprimida” en este momento. “Ninguna de las ONG acreditadas para asistir a la COP27 puede atreverse a criticar al Gobierno”. Entre ellas menciona las organizaciones ecologistas, las cuales, asegura, “no critican las políticas medioambientales, no porque Egipto sea un modelo, sino por temores legítimos a represalias”.

Tanto los expertos de la ONU como Baoumi destacan que este “clima de miedo” y silencio viene de mucho antes de la COP27, porque el régimen de Al Sisi lleva años persiguiendo a las ONG independientes locales, cerrando o limitando su actividad, arrestando a defensores de derechos humanos y, a los más destacados, les ha prohibido viajar y ha congelado sus bienes.

Baoumi explica que ninguna organización de derechos humanos independiente local está acreditada para la cumbre y los únicos representantes que están participando han obtenido su acreditación a través de otras organizaciones internacionales, tal y como han confirmado a elDiario.es.

“A medida que los participantes van llegando a la COP27, queda claro que el Gobierno egipcio no tiene intención de suavizar sus abusivas medidas de seguridad y permitir la libertad de expresión y de reunión”, dijo este domingo Adam Coogle, subdirector de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch, que denunció en un comunicado que las autoridades han impuesto un proceso complicado para inscribirse en la llamada zona verde fuera de la sede de la COP, que en cumbres anteriores estaba abierta al público en general.

En los últimos días, los asistentes a la COP27 se han encontrado con que la conexión a Internet bloquea el acceso a centenares de páginas web, desde las de ONG internacionales a las de medios de comunicación, incluido el principal diario independiente de Egipto, Mada masr.

El Gobierno ha designado un área alejada del centro de conferencias, vallada y vigilada, donde está permitido manifestarse entre las 10:00 y las 17:00, solicitando el permiso pertinente con 36 horas de antelación. Para organizar cualquier marcha en las calles de la localidad costera es necesario tramitar una autorización 48 horas antes y facilitar todos los datos de los organizadores, con la exposición que eso les puede conllevar.

Amnistía Internacional considera que estas medidas son “innecesarias y desproporcionadas”, y explica que también se han tomado “medidas arbitrarias” contra los egipcios, utilizando pases y reservas de hotel para limitar el acceso a la propia localidad, en cuya entrada principal Al Sisi erigió un gran muro de hormigón hace pocos años.

Ola de arrestos

El representante de Amnistía Internacional se muestra preocupado por la posible respuesta de las autoridades egipcias “ante las protestas más allá de Sharm El Sheij y, en Sharm, fuera de la zona designada”. Asimismo, existen temores de posibles represalias “cuando los focos de los medios se apaguen” tras el cierre de la COP27 el 18 de noviembre.

La represión dio comienzo antes de que la cumbre quedara oficialmente inaugurada, con una campaña de vigilancia y arrestos para evitar cualquier protesta, en concreto, las que han sido convocadas contra Al Sisi en redes sociales para el 11 de noviembre. Siguiendo su habitual modus operandi, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo registros arbitrarios de teléfonos móviles de transeúntes en el centro de El Cairo en busca de vídeos y otros materiales relacionados con la convocatoria.

Al menos 150 personas permanecen detenidas en relación con esa convocatoria, según un comunicado reciente de AI. El diario Mada Masr ha elevado esta cifra a 300 este martes.

Temor por la vida de Alaa Abdel Fattah

El director ejecutivo de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Hossam Bahgat, uno de los críticos más destacados y uno de los más perseguidos desde 2015, cree que la cita internacional es “una oportunidad para avanzar, no solo para el planeta sino en (materia de) derechos humanos para los egipcios, en su propia tierra”.

Bahgat señala que, en estos momentos, “hay mucha más urgencia de mandar un mensaje fuerte y poderoso sobre derechos humanos al Gobierno egipcio”, porque el conocido activista prodemocracia Alaa Abdel Fattah, en huelga de hambre desde hace más de 200 días en protesta por su encarcelamiento, dejó este domingo de beber agua, coincidiendo con el comienzo de la COP27. 

En una carta enviada a su madre y que su tía, la novelista Ahdaf Soueif, publicó en Twitter, explicó que decidía ir un paso más allá en su “lucha por la libertad y la libertad de los prisioneros (…) víctimas de un régimen que no es capaz de gestionar sus crisis si no es con la opresión, incapaz de reproducirse si no es a través del encarcelamiento”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido este martes al Gobierno egipcio que “libere inmediatamente” a Alaa Abdel Fattah de la prisión y “le proporcione el tratamiento médico necesario”. Un grupo de 15 premios Nobel redactó una misiva, dirigida a los líderes mundiales, en la que apuntan que “la poderosa voz a favor de la democracia de Alaa está a punto de extinguirse”. Decenas de organizaciones alertan de que su vida está en grave riesgo y han exigido a las autoridades egipcias su liberación, así como la intervención de Reino Unido –Alaa Abdel Fattah es británico-egipcio–.

En una carta enviada la familia del activista, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dice que está “totalmente comprometido” con la resolución del caso, que ha descrito como “una prioridad para el Gobierno británico”. Este lunes, Sunak se reunió con Al Sisi en Sharm El Sheij, y le trasladó la “profunda preocupación sobre esta cuestión”, según un comunicado en el que promete que “continuará presionando para que haya avances”.

La familia del activista ha pedido a la delegación británica en Egipto que exija al Gobierno egipcio una “prueba de vida” y advierte de que, si no se actúa con urgencia, “podría ser demasiado tarde”.

“Está en manos del Gobierno egipcio: si quiere una COP exitosa o dos semanas de solidaridad con Alaa y otros presos políticos”, dice Bahgat, que ha podido acudir a la COP27 en calidad de observador. Señala que, además del activista, conocido desde hace más de una década, en Egipto hay “al menos 20.000 presos políticos, según los cálculos más conservadores”, aunque admite que es imposible conocer la cifra real. “La gran mayoría están detenidos a la espera de juicio”.

Ahmed, casi cuatro años encerrado

Ahmed es uno de ellos. Estuvo en prisión preventiva tres años y ocho meses, prácticamente la edad que tiene su hija, que ha crecido sin un padre y que ahora tiene que conocer a este hombre que ha vuelto de repente, destrozado física y psicológicamente. Quedó en libertad con cargos el pasado mayo, pero desde entonces la familia vive con preocupación y temor, dice a elDiario.es su esposa Fátima (sus nombres han sido cambiados para proteger su identidad).

Fátima cuenta que existe “una amenaza permanente” porque Ahmed puede volver a ser arrestado en cualquier momento y condenado. Además, se enfrenta a muchas otras dificultades, desde encontrar un trabajo hasta superar las secuelas en su salud física y mental. “Ha sido una experiencia horrible, para él y para nosotros”, dice Fátima, quien asegura que vivió “situaciones extremas” cada vez que iba a visitar a su esposo a la cárcel, donde ella recibía un trato que tilda de indigno y sufría al ver las condiciones en las que se encontraba él.

“Todos sufren de alguna forma”, dice, también los no están en prisión, y ninguno se siente a salvo. “Vivir con miedo te destruye”.