El Gobierno de Biden demandará a Texas por sus restricciones al aborto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea demandar a Texas por su nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación, ha informado este miércoles el diario The Wall Street Journal.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está bajo presión de grupos feministas y de algunos demócratas, que han pedido que el Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.

Esta ley de Texas entró en vigor hace una semana y prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto y a pesar de que en muchos casos, las mujeres no saben que están embarazadas. Tampoco contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

El lunes, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, aseguró que estaba explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”, legalizado por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973.

Mientras tanto, ha afirmado que el Gobierno planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.

No está claro en qué podría consistir la demanda del Departamento de Justicia, aunque se espera que se base en el argumento de que la ley de Texas interfiere ilegalmente con intereses del Gobierno federal, de acuerdo con el rotativo neoyorquino.

Expertos legales citados por el diario advirtieron de que la forma en la que está diseñada la ley, que pone el peso de su implementación en los ciudadanos particulares que busquen recompensas y no en las autoridades de Texas, podría reducir las opciones del Gobierno federal de ganar el litigio, porque no está claro a quién se debe demandar.

Los mismos expertos apuntan que, si el Departamento de Justicia quiere boicotear la ley, podría intentar restringir los fondos federales a Texas, o averiguar si hay instalaciones del Gobierno federal en Texas donde puedan practicarse abortos, dado que escaparían a la jurisdicción estatal.

La semana pasada, horas después de la entrada en efecto de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear la legislación, aunque no llegó a valorar si era constitucional o no.