Cómo Israel convirtió su sistema de prisiones en un arma “contra la existencia de los palestinos”

El jueves pasado, Israel devolvió a su familia el cadáver del menor palestino Walid Jaled Ahmed, de 17 años. Walid falleció en una cárcel israelí en marzo de 2025 y el juez que supervisó la investigación determinó que “probablemente había muerto de hambre”. La autopsia también recogió que el menor había sufrido desnutrición aguda. Las autoridades retuvieron su cuerpo durante más de año y medio.

Torturas y palizas extremas, duros abusos sexuales, inanición forzada o desatención médica deliberada. Es una realidad que llevó a morir bajo detención israelí a más de 100 presos palestinos en los últimos tres años, asegura a elDiario.es Sahar Francis, jurista y directora de Addameer, una de las entidades palestinas más destacadas en la defensa de los derechos de los presos. Todas estas prácticas ya estaban presentes en el sistema penitenciario israelí desde hace décadas, pero tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel escaló su brutalidad a niveles límite e “inauditos”, denuncia la abogada. Todo ello forma parte de un patrón “sistemático” que a su vez constituye “actos genocidas”, añade.

El grupo no tiene acceso directo a prisiones ni a los reos debido a las restricciones de Israel, pero da apoyo jurídico y cuenta con testigos de exdetenidos que relatan la situación en las cárceles y centros de detención, espacios de cautiverio por el que mucha población palestina pasa en algún momento de su vida. Hasta un millón de palestinos han sido detenidos por Israel desde 1967, incluidos decenas de miles de menores. En los últimos tres años los arrestos aumentaron mucho, masificando de nuevo cárceles y centros de detención.  

El informe del doctor que atendió la autopsia es impactante. Dijo que nunca vio un cuerpo que hubiera perdido peso de forma tan severa por hambruna forzada

Pese a la represión israelí, agravada con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y sus socios de ultraderecha, Francis lleva desde 1996 al frente de Addameer y es una de las figuras más conocedoras de la realidad de los reclusos, que hoy viven su momento más duro desde la creación de Israel en 1948. Lo cuenta ella misma en una entrevista con elDiario.es, en la que pide más acción internacional ante “una violencia sin precedentes”.

“La detención ya no se usa solo para privar a los palestinos de su libertad, sino para atentar contra su propia existencia”, en lo que es una forma de “tortura sistemática” documentada “en todas las etapas del proceso de detención”. Esto incluye “técnicas innovadoras de una brutalidad extrema e intención calculada de causar daños físicos y psicológicos duraderos”, señala la jurista.

Entre otras prácticas, destaca “la hambruna y la privación sistemática de alimentos y agua”, así como la negación de tratamiento médico, “que extendió epidemias y enfermedades, hasta convertirlas en armas letales”, denuncia. A ello se añaden “agresiones sexuales, incluyendo violaciones, usadas como herramienta para destruir la dignidad de los presos”, y de las que Addameer documentó muchos casos, “aunque la cifra real puede ser mayor”.

Hubo algún caso de violencia sexual en el pasado, pero no era un fenómeno extendido, dice Francis. En su opinión, ahora hay “una política oficial” detrás de ello. “Está claro que se dio luz verde a soldados y guardias para cometer tales prácticas, porque sucedió diariamente a cientos de presos, quizás miles”, agrega la abogada, que alerta que queda mucho por esclarecer por la falta de acceso en las cárceles estos años, ya que Israel vetó los encuentros de los presos con sus letrados durante mucho tiempo y hasta hoy prohíbe también la entrada a los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo que causa aún más desprotección.  

Uno de los casos más sonados fue en 2024, en el centro de detención militar de Sde Teiman, donde cinco reservistas fueron acusados de agredir e introducir un objeto punzante en el recto de un preso palestino. Un vídeo de los hechos se filtró a la prensa y llevó al Ejército a abrir una investigación contra los soldados. Sin embargo, este año se retiraron los cargos contra ellos, lo que aumentó las críticas de grupos de derechos humanos.

“Un acto de genocidio”

“Entrevisté a muchos presos que hablaron de muchas formas de acoso sexual, desde tocamientos corporales, fotografías estando completamente desnudos o burlas durante el registro corporal. Pero algunos relataron cómo les introdujeron objetos en sus zonas íntimas, como porras o incluso una zanahoria”, dice la abogada, citando el caso del periodista Sami al Sai, que habló abiertamente de los abusos sufridos durante su arresto. 

“Estas torturas son parte del genocidio. No se trata solo de matar personas y destruir una sociedad, sino de cómo se destruye esa sociedad. Todo ello forma parte de una tortura psicológica y física que constituye acción genocida”, destaca Francis, que denuncia también los numerosos casos de desapariciones forzadas, sobre todo de personas de Gaza, de las que no se conoce el paradero incluso desde hace años. “Hay al menos 1.000 casos, podrían llegar incluso a 2.000”, comenta Francis, que remarca que afecta tanto a muchos de los que entraron a territorio israelí durante los ataques del 7 de octubre de 2023 como a muchos otros. “Hay gente que desapareció al evacuar sus casas y localidades, cruzando un checkpoint o caminando por la calle. No sabemos si murieron, quedaron bajo escombros o están detenidos. Es un tema muy serio en Gaza”, dice.

Tras el 7 de octubre de 2023, las celdas quedaron abarrotadas y las agresiones escalaron repentinamente. “Los guardas nos pegaban e insultaban casi todo el rato”, contaba a fines de 2023 un menor palestino de Jerusalén Este, liberado en el primer intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, en un relato sobre la creciente atmósfera violenta en las cárceles. A ello se suma la aprobación este año de una ley que legaliza la pena de muerte para condenados por ataques mortales “terroristas”, una medida dirigida de facto a los palestinos, que “proporciona un marco legislativo para el asesinato sistemático”, denuncia Addameer.

Estas torturas son parte del genocidio. No se trata sólo de matar personas y destruir una sociedad, sino de cómo se destruye esa sociedad. Todo ello forma parte de una tortura psicológica y física que constituye acción genocida

Unos 5.000 palestinos estaban presos en cárceles israelíes antes de iniciar el conflicto en Gaza, pero la cifra se dobló y superó los 10.000 tras la invasión israelí sobre la Franja y las incesantes redadas en Cisjordania ocupada, donde Israel aplica la ley militar a sus habitantes palestinos, mientras cientos de miles de colonos israelíes están sujetos a la ley civil, uno de los desequilibrios que ilustran la desprotección jurídica de la población palestina.

Según Addameer, hoy hay más de 9.300 palestinos presos. De estos, más de 3.100 están bajo detención administrativa, que permite arrestos sin cargos ni juicio que pueden prolongarse durante años. Otros 1.419 son considerados ‘combatientes ilegales’, categoría usada sobre todo para palestinos de Gaza, según la Ley de Reclusión de Combatientes Ilegales de 2002. Esta norma permite hacer detenciones en tiempos de conflicto bélico sin reconocer a los reos como prisioneros de guerra ni necesidad de presentar acusaciones formales o fecha judicial, lo que permite arrestos indefinidos en que los afectados no tienen acceso a letrado en 75 días.  

Hambruna

Desde el 7 de octubre de 2023, “más de cien detenidos de Gaza y Cisjordania murieron por tortura, malos tratos, negligencia médica o hambre”, lamenta Francis. Esto supone casi un tercio del total de 329 palestinos fallecidos en custodia israelí desde 1967. En muchos centros, la dinámica tras estallar la ofensiva bélica fue de “registros hasta cuatro veces al día, cuando soldados, policías o guardas cometían graves ataques, abusos sexuales y violaciones, que en algunos casos provocaron la muerte de presos”, denuncia. Según añade, otros presos sufrieron agresiones de perros usados por las fuerzas de seguridad. “Registramos casos de detenidos que hablaron de perros que les atacaron, arañaron y orinaron sobre ellos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos documentó el caso de una persona que aseguró que un perro le violó”, añade la letrada.

La atención sanitaria de los reclusos también empeoró. Tras el 7 de octubre, “se cerraron las clínicas de las prisiones y se dejó de trasladar a los enfermos a hospitales civiles, lo que afectó mucho a los presos ancianos, a aquellos con enfermedades crónicas o a enfermos de cáncer”, en lo que Francis describe como un plan deliberado de negligencia sanitaria. Además, “se cortó el agua y electricidad, y la falta de acceso a agua sigue hasta hoy”, lo que evita que muchos presos puedan lavarse o ducharse para mantenerse aseados.  “Por eso, la sarna sigue extendiéndose de forma peligrosa en las prisiones”, indica la directora de Addameer.

Por otro lado, “el problema de la comida continúa. Se añadió algo de carne, arroz y otros alimentos, pero no es suficiente. Hasta hoy salen en libertad personas que perdieron mucho peso, pese a que la Justicia israelí dictó que el Servicio de Prisiones de Israel debía proveer más comida en calidad y cantidad”, cuenta Francis. 

Francis vuelve a Walid Ahmed, el menor de 17 años que murió en la cárcel de Mejido en mayo de 2025 por inanición. “El informe del doctor que atendió la autopsia es impactante. Dijo que nunca vio un cuerpo que hubiera perdido peso de forma tan severa por hambruna forzada”, comenta la letrada, sobre lo que ve como una estrategia para hacer sufrir o matar de hambre a los reos, que en muchos casos salen irreconocibles de prisión tras meses de hambruna. Este fue el caso de Omar Assaf, activista de 75 años. “Tras seis meses detenido, perdió más de veinte kilos y no lo pude reconocer cuando lo liberaron”, alega la abogada.

En 2021, Israel pasó a considerar la organización de Francis como grupo terrorista. Recientemente, el Ejército israelí allanó un despacho vinculado a la ONG en Ramalla, donde incautó documentos y materiales. Según el Estado judío, la entidad recibe financiación del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), histórica fuerza izquierdista con brazo armado propio que también figura en la lista de organizaciones terroristas para Israel. Addameer rechaza las acusaciones, que ve como un pretexto para criminalizar a la sociedad civil palestina.