Marine Le Pen espera la sentencia judicial que decidirá si se puede presentar a las próximas elecciones presidenciales
El futuro político de Marine Le Pen se decide esta semana. Un tribunal de París anunciará el martes la sentencia del juicio en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (hoy rebautizado Agrupación Nacional, RN) por el que Le Pen fue juzgada y condenada por primera vez en 2025. La todavía líder del partido ha anunciado que la decisión judicial condicionará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027.
Le Pen, junto a varios antiguos eurodiputados del partido, fueron condenados por haber establecido, entre 2004 y 2016, un “sistema” destinado a desviar fondos de la Unión Europea. En concreto, utilizando el dinero destinado a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para financiar otras actividades del partido en Francia.
El tribunal estimó que el Frente Nacional malversó 2,9 millones de euros durante más de 11 años, a través de un sistema de empleos ficticios que consistía en hacer que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados trabajaran para el partido. La sentencia consideró probada además “la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado”, con Marine Le Pen “en el centro” del mismo desde 2009, cuando “se integró con autoridad y determinación en el funcionamiento establecido por su padre, en el que ya participaba desde 2004”.
En primera instancia, Le Pen fue condenada en marzo del año pasado por un delito de malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión, con dos de prisión firme (que probablemente podría cumplir con brazalete electrónico), además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata. Esta última pena, aún en vigor, le impide presentarse a futuras elecciones en Francia, incluidas las presidenciales de 2027. No obstante, Le Pen ha podido conservar su acta de diputada, ya que la jurisprudencia francesa permite a los parlamentarios mantener su escaño hasta el final de la legislatura.
En el juicio en apelación, celebrado el pasado febrero, la fiscalía solicitó que se confirmaran las penas requeridas en primera instancia, aunque redujo ligeramente la petición de cárcel a solo un año de prisión efectiva. En cualquier caso, la triple candidata a las elecciones presidenciales (finalista en 2017 y 2022) anunció ya en febrero que la decisión del tribunal de apelación determinará el futuro de su candidatura. “Si se aceptan las peticiones de la Fiscalía, se me impedirá presentarme a las elecciones”, advirtió entonces.
Más allá de la posible inhabilitación, Le Pen también considera que una condena de prisión imposibilitaría la campaña. “Si puedo ser candidata, lo seré, siempre y cuando pueda hacer campaña”, declaró la diputada hace unos días en una entrevista al canal LCI, añadiendo que “cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”. Por eso, Le Pen había advertido que, de una forma u otra, la sentencia del martes marca el momento decisivo respecto a la viabilidad de una nueva candidatura.
Posible resquicio
Pese a que el llamado caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional lleva más de diez años abierto, la sentencia de marzo de 2025 pareció sorprender a Marine Le Pen, que durante todo el juicio negó cualquier acción delictiva y rechazó la autoridad del Parlamento Europeo para poner en cuestión la utilización de los fondos de los diputados. No obstante, en la apelación, los acusados han variado su defensa y han alegado diferencias de interpretación o desconocimiento de las normas comunitarias.
En cualquier caso, la mayoría de juristas considera como escenario más probable la confirmación de la sentencia y de las penas pronunciadas en primera instancia. Prácticamente nadie contempla ni la absolución total, ni la suspensión completa de la pena de inelegibilidad.
No obstante, el partido aún estima posible un pequeño resquicio que permitiría a Le Pen presentarse por cuarta vez a la jefatura del Estado: la reducción de la inhabilitación de cinco a dos años, con lo que finalizaría el 31 de marzo de 2027. La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el domingo 18 de abril y, en Francia, los mismos expertos se interrogan estos días sobre si menos de un mes de margen es suficiente para realizar todos los trámites necesarios para inscribir la hipotética candidatura de Le Pen.
El veredicto en primera instancia fue acogido con una oleada de críticas con ecos trumpistas, invocando una persecución política por parte “del sistema”. El partido organizó un mitin de apoyo a la líder ultra, con participación de figuras de la ultraderecha europea, en el que Le Pen llegó a compararse con Martin Luther King.
Candidatura de Bardella
La extrema derecha lepenista está en posición destacada en todos los sondeos de cara a la primera vuelta de las presidenciales del año que viene, tanto si Marine Le Pen es candidata como si la inhabilitación obliga a su protegido, Jordan Bardella, a tomarle el relevo. De hecho, los expertos en demoscopia apuntan que las encuestas son ligeramente más favorables para Bardella.
Sin embargo, los posibles adversarios que se han manifestado al respecto, afirman que Bardella, por su juventud y falta de experiencia en una campaña presidencial, sería un candidato menos sólido. “[Marine Le Pen] es una mujer muy inteligente, no está ahí por casualidad. Y si se presenta por cuarta vez, no es una rival de la que uno se pueda burlar”, reconocía recientemente Jean-Luc Mélenchon en una entrevista a la emisora Radio Nova.
Más relevante aún, en caso de inhabilitación confirmada, queda por ver cómo los líderes de la extrema derecha francesa gestionan el reequilibrio de su nueva relación entre mentora y protegido. Bardella, que reconoce deber su carrera a Marine Le Pen, ha ido poco a poco cimentando una popularidad propia, a veces eclipsando a su mentora, y una línea política ligeramente divergente al populismo lepenista.
Dentro de RN algunos ven con desconfianza un posible giro liberal y en cierto modo favorable a la élite económica. Divergencias a las que no está acostumbrado un partido de tradición bonapartista, de clan y vertical, gestionado siempre por una misma familia, en el que por primera vez —y por causas externas— el poder de decisión lo tendría un candidato que no se apellida Le Pen.