Las fotos de la ficha policial son la última táctica para extorsionar a la gente en Internet

Gregory Rakoczy estaba durmiendo en su furgoneta en un camping en Maryland cuando seis agentes de policía llamaron a la puerta. Otro campista había googleado su nombre y encontrado una ficha policial que decía que Rakoczy era un fugitivo de la justicia. No era cierto.

Rakoczy fue detenido durante 20 horas. Al salir, lo primero que hizo fue buscar su nombre en Google y vio que hacía poco habían subido su foto a Mugshots.com por una acusación de 15 años atrás. 

En aquella época, Rakoczy dirigía una empresa que instalaba equipos audiovisuales en hogares. Lo acusaron de fraude después de que su empresa vendiera a docenas de clientes un modelo de televisor pero les instaló otro diferente, un error que él atribuye al distribuidor pero que aun así debería haber advertido.

La mayoría de los 90 cargos, uno por cada persona a la que le instaló el televisor equivocado, fueron desestimados cuando Rakoczy les reemplazó el televisor, pero pasó cinco años de libertad condicional por los otros cargos. 

Cuando contactó con Mugshots.com para que eliminaran la foto, le pidieron 399 dólares (340 euros), que Rakoczy pagó. Pero al día siguiente vio que la foto seguía en la web, así que volvió a llamarlos.

“Me dijeron que eran 399 dólares por cada cargo que tuve,” afirmó. Como se negó a pagarles más dinero, la foto policial le sigue acosando. 

Rakoczy forma parte de un grupo cada vez mayor de personas que exigen que los legisladores y los buscadores tomen medidas más drásticas contra la industria extorsionadora que ha surgido en torno a las fotos de fichas policiales. Es un debate complejo que plantea preguntas sobre los archivos públicos en la era digital, la cultura de la humillación y la responsabilidad de plataformas como Google. 

El mes pasado, los presuntos dueños de Mugshots.com, uno de muchos que publican fotos policiales y luego exigen un pago para eliminarlas, fueron arrestados acusados de extorsión, lavado de dinero y robo de identidad. Pero la web sigue activa, junto con una docena de páginas similares.  

“Es muy buena señal que finalmente hayan aceptado los cargos contra algunas de las personas detrás de estas webs,” dice Paolo Cirio, artista y activista que ha dedicado los últimos años a luchar contra la extorsión por fotos policiales. “Pero es como una gota en el océano”. 

Desde aquel incidente en mayo de 2012, Rakoczy, que ahora es escritor, ha sido arrestado por error otras seis veces: en la playa, mientras cenaba con su editor, en otros tres campings y la vez más reciente, en noviembre de 2017 mientras cenaba con unos amigos en Alabama. Cada vez, alguien había googleado su nombre y había visto la vieja foto con cargos falsos que aparece entre los primeros resultados de búsqueda.

“Soy un neoyorquino de la vieja escuela, así que cada vez que me presentan a alguien, digo mi nombre completo. Luego pienso ‘mierda, en 24 horas voy a tener a la policía llamando a la puerta’,” explica Rakoczy, que acaba de terminar su primera novela.

Socavar la presunción de inocencia 

 A nivel nacional, las fotos policiales no están consideradas como parte del registro público, ya que se las considera una injustificada invasión de la privacidad. Pero desde principios de los años 2000, las fuerzas de seguridad locales de cada Estado, excepto Georgia, suben las fotos policiales a sus páginas web como un servicio de información al público.

Según Eumi Lee, profesor de Derecho de UC Hastings, este volcado a internet transformó las fotos de ciudadanos comunes “de archivos públicos que generalmente caían en el olvido” en “mercancías que se publican por entretenimiento o para obtener beneficios económicos”.

Muchas de las webs de los gobiernos de estados federados están diseñadas para no ser indexadas por Google. Sin embargo, webs como Mugshots.com, Busted Newspaper, y Arrests.org, así como algunos que cubren sólo un estado como Florida.arrests.org y Phoenixmugs.com, sacan las fotos de las webs estatales o hacen pedidos basándose en la libertad de información y así obtienen millones de archivos de fotos policiales.   

Luego utilizan técnicas de optimización de búsqueda para asegurarse de que la foto policial aparezca bien arriba en los resultados de Google, incluso si los cargos fueron desestimados o si la persona fue arrestada por un error de identidad o un error de las fuerzas de seguridad. 

No sólo humillan a las personas sino que también las perjudican a la hora de buscar empleo, vivienda o incluso ante potenciales citas amorosas, porque las fotos policiales generan una poderosa asociación visual entre la persona y la actividad criminal, al margen de si resultó culpable o no. La asociación se considera tan potente que los tribunales evitan mostrar a los jurados los retratos policiales para no generar prejuicios.

Existe todo un ecosistema que saca provecho de la humillación de las personas que han sido arrestadas, incluyendo empresas de gestión de reputación, servicios de eliminación de fotos policiales, empresas de medios de comunicación que publican galerías de retratos policiales y buscadores como Google. 

El negocio puede ser muy lucrativo. Los fundadores de Mugshots.com están acusados de extorsionar a 5.703 personas en Estados Unidos, a los que les sacaron 2,4 millones de dólares (dos millones de euros).

“Estas webs han logrado que la gente viva aterrorizada por su reputación digital,” asegura Sarah Lageson, una socióloga que estudia el sistema de justicia penal. “La gente se aísla y evita situaciones sociales que puedan resultar en que alguien googlee su nombre.” 

“Mi reputación lo es todo para mí”

Kim (no es su verdadero nombre), una canadiense de unos 30 años que dirige su propia empresa de diseño, tiene miedo de que potenciales clientes vean su foto policial, que fue tomada tras un arresto violento -que ella alega que fue injusto- cuando Kim estaba saliendo de un bar gay en Florida en 2014. 

Los policías estaban intentando dispersar a la multitud pero Kim perdió a su amiga y se refugió en un portal. Explicó a un agente por qué estaba esperando pero el agente le insistió que caminara. Ella abrió la boca para protestar y en segundos, según su relato, el agente la cogió de la muñeca y la puso violentamente en posición para ser esposada, golpeándole la cara contra la puerta.

“Tenía un corte junto al ojo, la cara apretada contra el vidrio y me caía sangre por la cara,” afirma. “La gente alrededor comenzó a gritar ‘brutalidad policial'”.

Kim fue llevada al hospital donde le cosieron varios puntos sobre el ojo izquierdo (the Guardian pudo ver las fotos de las heridas) y luego fue llevada a la cárcel, acusada de resistirse al arresto. Los cargos fueron desestimados unos días después.

Un mes tras el incidente, el abogado de Kim la llamó para decirle que habían subido su foto a internet. Kim se buscó aterrorizada en Google. Aunque los cargos había sido desestimados hacía semanas, su rostro golpeado aparecía en varias webs de fotos policiales.

“Fue humillante. Acababa de empezar con mi propia empresa y mi reputación lo es todo para mí”, dice y añade que se vuelve a sentir una víctima cada vez que ve la foto. 

Comenzó a pagar entre 200 y 450 euros (entre 170 y 380 euros) cada vez para que eliminen la foto, pero cada vez que la quitaban de un sitio, aparecía en otro. Era como un costoso juego de “aplasta a un topo”.

“Gaste 3.000 dólares en total antes de darme cuenta de que todo era una estafa. En cuanto ven que eres tan tonto como para pagar, la empiezan a subir a otros sitios,” explica.

Kim tiene dinero para contratar abogados y pagar para que eliminen la foto, pero muchas otras personas no.

“Sabemos que personas que no son blancas o que son pobres o tienen enfermedades mentales tienen muchas más posibilidades de ser arrestadas”, indica Lageson. “Las fotos policiales son simplemente un reflejo de los criterios policiales”.

La responsabilidad de Google

El activista italiano Paolo Cirio, que lanzó un grupo con una campaña llamada Right2Remove, quiere que Google desindexe a las webs de fotos policiales o que las coloque al fondo de los resultados de búsquedas, para que los estadounidenses tengan un derecho similar al que tienen los europeos, donde existe una ley que les garantiza el derecho al olvido.

“Google es el portero. Sería genial si reconocieran que esas webs tienen mala fe y los enviaran al fondo de los resultados”, dice Cirio. 

En el pasado, Google ha bajado el puesto en el ranking a webs de fotos policiales. En respuesta a un artículo del New York Times de 2013, Google modificó su algoritmo para reducir drásticamente el protagonismo de estas webs en los resultados de búsquedas. Desde entonces, parece que han logrado encontrar los huecos del sistema y se han vuelto a colocar arriba.

“Sabemos que éste es un tema delicado,” dice una portavoz de Google. “Desde 2013, hemos puesto en práctica sistemas para disminuir la visibilidad de las fotos policiales en la búsquedas de nombres propios, teniendo a la vez la precaución de no eliminar información que es de interés público, como las webs de los departamentos de policía o los registros de agresores sexuales”. 

Es un problema complicado, porque aunque las webs de fotos policiales estén abajo de todo en los resultados, si un arrestado no tiene mucha presencia digital, la foto igualmente va a salir entre los primeros resultados si alguien googlea su nombre. 

Cirio argumenta que Google está dándole largas al asunto porque recibe dinero cada vez que alguien hace click en un anuncio de una empresa de gestión de la reputación que aparece cuando la gente busca “eliminar foto policial” o algo similar.  

Teniendo en cuenta que recientemente Google decidió prohibir los anuncios de pagos de fianzas y préstamos no bancarios con altos tipos de interés, no sería descabellado pensar que podría prohibir también las webs que extorsionan a personas utilizando su foto policial. Además, la empresa ha tomado medidas drásticas con otros tipos de extorsiones con fotos, como la pornografía vengativa. 

Google afirmó que prohíbe contenido que “busca explotar a otras personas”, y eso incluye la extorsión y el chantaje. Sin embargo, las búsquedas revelan que todavía se muestran muchos anuncios que prometen eliminar una foto policial gratis, incluyendo uno que imita a una web oficial de Google.

Algunos miembros del grupo de Cirio está tomando la iniciativa y utilizan el oscuro arte de la optimización de los buscadores y la investigación informática para identificar a las personas que manejan las webs e intentan arruinar su reputación en internet.

Para otras personas, la única solución es la regulación. Hasta ahora, 18 estados han aprobados leyes que prohíben cobrar por eliminar fotos de internet o que requieren que las publicaciones sean adecuadas. Sin embargo, todavía recae en la persona la tarea de buscar su foto policial en internet, contactar a la empresa para dar pruebas del estatus de su caso y negociar la eliminación de la foto. 

Eumi Lee propone una solución diferente: que las fotos policiales no estén al alcance de los archivos públicos, excepto cuando hay una necesidad de seguridad o una orden judicial.

“Estamos en un momento crucial en términos de la reforma del sistema penal y también comenzando a temer la comercialización de los datos de consumidores y del gobierno,” dice el profesor de Derecho. “La sociedad debe reconocer la importancia de la privacidad en medio de la era digital”.

Rakoczy se muestra pragmático. “No pretendo ocultar el hecho de que fui arrestado, pero no quiero que todos tengan tan fácil acceso y que estas webs me pidan una fortuna por eliminar la foto”.