El presidente de Indonesia, obligado a posponer una ley que castiga con pena de prisión el sexo fuera del matrimonio
Tras un rechazo popular abrumador, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha ordenado al Parlamento posponer la ratificación de un polémico proyecto de ley. Éste pretende castigar con pena de prisión la convivencia y las relaciones sexuales fuera del matrimonio e insultar al presidente, entre otros cambios que las organizaciones de derechos humanos han calificado de “desastrosos”.
La aparente suspensión se anunció este viernes por la tarde en un discurso sorpresa en el palacio estatal, tras un torrente de ira e indignación popular. “He ordenado al ministro de Derecho y Derechos Humanos que transmita esta decisión al Parlamento, para retrasar la confirmación del proyecto de ley del código penal”, ha afirmado el presidente, conocido como Jokowi, en una rueda de prensa televisada. Jokowi ha señalado que después de tomar en consideración las aportaciones de varios grupos que se oponen al texto, el Ejecutivo ha decidido que el proyecto de ley necesita una revisión adicional.
En tan solo 24 horas, más de 300.000 personas han firmado una petición en la que se hacía un llamamiento al presidente Widodo para que interviniese e impidiese que se abrobase el proyecto de ley. La reforma del código penal iba a ser sometido a votación la próxima semana y estaba previsto que se aplicara a todo el mundo en Indonesia, incluido extranjeros. Por falta de información sobre cómo sería aplicada la ley en destinos turísticos como Bali, el Gobierno de Australia actualizó su advertencia de viaje para alertar a sus ciudadanos de los posibles cambios.
Mediante la etiqueta #semuabisakena, que significa “esto afecta a todos”, la petición resalta los artículos problemáticos del proyecto de ley, como los que penalizan los actos callejeros, la mendicidad y los trabajadores sexuales.
El jueves, cientos de manifestantes se manifestaron frente el Parlamento indonesio para rechazar el código penal propuesto, así como una polémica ley aprobada esta semana que debilita los poderes de la comisión anticorrupción. En años recientes, más de 20 parlamentarios han sido investigados por corrupción y se ha criticado al cuerpo legislativo por aprobar la ley con discreción y celeridad.
El código penal actual data de la era colonial y el Parlamento indonesio se ha tomado décadas en crear un nuevo proyecto de ley de 628 artículos. Una coalición de grupos indonesios que velan por los derechos humanos ha argumentado que las reformas polémicas del nuevo código penal violan los derechos de las mujeres, las minorías religiosas y la comunidad LGTBI. También aseguran que el nuevo proyecto atenta contra la libertad de expresión y de asociación.
“El código penal propuesto en Indonesia supone el desastre no solo para las mujeres y las minorías religiosas y de género, sino también para todos los indonesios”, sostiene Andreas Harsono, investigador principal para Indonesia en la organización Human Rights Watch. “Los parlamentarios deben eliminar todos los artículos ofensivos antes de aprobar la ley”.
¿Qué contiene el proyecto de ley?
Indonesia es el país con más musulmanes del mundo y la comunidad LGTBI es víctima de la persecución y la discriminación generalizada. Entre los artículos más polémicos del proyecto de ley se encuentra aquel que trata el adulterio, el cual penaliza el sexo extramarital con hasta un año de prisión. También se criminaliza el trabajo sexual. Los críticos del código penal propuesto afirman que la ley penalizará en la práctica todas las relaciones entre las personas del mismo sexo.
En otro artículo del proyecto de ley se establece que los dirigentes de las aldeas pueden denunciar a las parejas que conviven fuera del matrimonio y éstas pueden enfrentarse a una sentencia de seis meses en prisión. También establece que solo profesionales de la sanidad y “voluntarios competentes” pueden informar sobre los métodos anticonceptivos y la planificación familiar.
“Las disposiciones del proyecto de ley que censuran la información sobre los métodos anticonceptivos podrían retrasar el progreso que ha hecho Indonesia en los últimos años para reducir drásticamente la mortalidad materna”, sostiene Harsono.
Los artículos siguientes afirman que sólo los médicos tienen derecho a decidir a la hora de realizar un aborto. De igual forma, se agrega que una mujer que aborte fuera de los cauces legales puede ser sancionada con hasta cuatro años de prisión.
El creciente conservadurismo religioso en Indonesia también está presente en el proyecto de ley, el cual expande la interpretación del derecho consuetudinario (la ley de uso o de costumbre) para incluir la sharía y el derecho de costumbre local. De este tipo de leyes hay cientos en todo el país y muchas discriminan contra las mujeres, las personas LGTBI y las minorías religiosas.
Mediante el nuevo código penal también se busca limitar la libertad de prensa en Indonesia, ya que criminaliza a quienes insulten al presidente o al vicepresidente. Esta semana, los medios indonesios publicaron caricaturas críticas del presidente, tras la propuesta de otro proyecto de ley que debilitaría una comisión anticorrupción importante del país. Si se aprueba el nuevo código penal, esta clase de contenido sería ilegal en el futuro. De igual manera, se ampliará la ley existente contra la blasfemia para castigar con hasta diez años de cárcel a quienes se asocien a organizaciones de ideología marxista-leninista.
Traducido por Victoria Villavicencio.
