Soldados buenos, palestinos malos: el doble rasero de la justicia israelí

Recientemente, los tribunales israelíes han dictado dos sentencias muy diferentes. En la primera, la adolescente palestina Ahed Tamimi fue acusada de abofetear a un soldado israelí. Aunque no le provocó ningún daño físico, el tribunal militar israelí que la juzgó a puerta cerrada la condenó a ocho meses de cárcel.

El segundo caso es el de Ben Deri, un agente de la Policía de Fronteras israelí que durante una manifestación de 2014 disparó y mató a Nadeem Nawara, un adolescente palestino. Como aceptó el propio tribunal de Jerusalén que lo juzgó, el joven Nawara no representaba una amenaza para el agente ni para otras fuerzas de seguridad.

Nawara fue uno de los tres adolescentes tiroteados ese día, de los que dos murieron. Deri fue procesado por sólo una de esas muertes.

El tribunal le concedió el beneficio de la duda en cuanto a la intencionalidad del acto. Aceptó que Deri había cargado su arma por error con munición de fuego real y que, en un segundo error, había disparado sin darse cuenta de que no había puesto una bala de plástico en el cargador extra adherido al arma.

Por todo esto Deri cumplirá solo nueve meses en prisión, un mes más que la sentencia recibida por Tamimi, que no mató a nadie.

El tema ha cobrado una triste relevancia en las últimas semanas debido a las decenas de víctimas mortales (entre ellas, dos periodistas y cuatro menores) causadas por los disparos de las tropas israelíes contra los palestinos que protestaban ante la valla fronteriza de Gaza.

Zeid Ra'ad Al Hussein, responsable de derechos humanos en la ONU, condenó el uso de “fuerza excesiva” por parte del Ejército israelí. Pero teniendo en cuenta los antecedentes no parece que haya demasiadas posibilidades de una investigación adecuada de esas muertes.

En los dos casos mencionados, lo doblemente perturbador es que de ninguna manera representan una excepción. Al revés, son ejemplos de la discrepancia generalizada en el tratamiento que el sistema de justicia israelí da a los soldados acusados de actos ilegales (incluidos las muertes de palestinos) y el que reciben los palestinos que comparecen ante sus tribunales.

El caso Nawara, en particular, es especial para mí. En los casi cuatro años que pasé en Israel y los territorios palestinos ocupados, informando sobre la violencia ejercida por ambas partes, los tiroteos de ese día de 2014 me parecieron particularmente atroces.

Lo más probale es que a Ben Deri ni siquiera lo hubieran juzgado de no ser por Siam, padre de Nadeem Nawara, hombre que me pareció digno y valiente en su dolor. Él fue quien permitió la exhumación del cuerpo de su hijo para la autopsia, algo poco común en su cultura.

El largo proceso judicial no alivió las sospechas de que la justicia no había prevalecido en una zona donde no hay uno sino dos sistemas de justicia: dentro de la línea verde, (la frontera anterior a 1967 entre Israel y los territorios palestinos) los tribunales civiles de Israel; y en los territorios ocupados, un sistema de justicia militar cuya función principal es, según los críticos, apoyar la ocupación.

Un mecanismo de “discriminación institucionalizada”, en palabras de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, que ha “dado lugar a dos sistemas jurídicos separados y desiguales que discriminan entre dos grupos de población viviendo en el mismo territorio: israelíes y palestinos”. En otras palabras: la calidad de la justicia se define por quién la recibe.

Si bien hay casos como el del soldado israelí Elor Azaria (lo filmaron mientras le daba el tiro de gracia a un palestino inmovilizado) en el que soldados y palestinos son acusados por los mismos fiscales militares, la comparación termina ahí. Como quedó reflejado con el alto nivel de apoyo político y público recibido por Azaria, que en seguida encontró excusas para lo que había hecho, en la sociedad israelí judía prevalece una amplia presunción de inocencia para soldados y policías israelíes.

Los datos demuestran que la consecuencia de todo esto es un sesgo sistemático. De acuerdo con un informe de 2016 de Btselem, un grupo israelí de derechos humanos, en las investigaciones con soldados israelíes acusados de haber cometido ilegalidades, la abrumadora aunque tácita suposición es que actuaron “legalmente”.

Btselem pidió que se investigaran 739 incidentes entre los que había casos de soldados israelíes matando, hiriendo y golpeando a palestinos, utilizándolos como escudos humanos o dañando sus propiedades. Una cuarta parte de estas peticiones no tuvo respuesta en forma de investigación. Casi la mitad de las investigaciones que sí se iniciaron fueron cerradas sin más acciones. Sólo hubo cargos en un puñado de casos (25) y generalmente contra “soldados de bajo rango”.

Otra característica común en los casos contra soldados, tanto en tribunales civiles como militares, es la forma en que los procedimientos se extienden durante años. A menudo, la gravedad de las acusaciones se va reduciendo por las sucesivas negociaciones de acuerdos para declararse culpable. El objetivo parece ser imponer sentencias más leves. Es el caso de Ben Deri, al que le redujeron el cargo inicial de homicidio imprudente para convertirlo en un caso de muerte por negligencia.

La historia es completamente diferente para los palestinos ante tribunales israelíes. De hecho, es casi la contraria. Son pocos los soldados o colonos israelíes que llegan a ser acusados, mientras que durante muchos años para los palestinos enfrentados al sistema de tribunales militares israelí la tasa de condenas ha sido superior al 90%.

Los críticos dicen que el uso de acuerdos para declararse culpable en estos tribunales militares cumple una función completamente diferente: persuadir a los acusados, que generalmente ya han sido detenidos, para que acepten una declaración de culpabilidad amenazándolos con sentencias aún más largas o procesos interminables.

La disparidad es evidente y no sólo en los casos que involucran a las fuerzas de seguridad. Según un estudio de 2017 de la ONG israelí Yesh Din, desde 2005 sólo se ha castigado el 3% de los delitos “ideológicos” cometidos por colonos contra palestinos.

Para los palestinos juzgados, o para los que como Siam Nawara y su familia buscan justicia, el sistema se parece mucho a uno amañado en su contra.

Traducido por Francisco de Zárate