Amnistía sí, amnistía no

Honduras sigue dividida, seis meses después de que un golpe de Estado cambiará la realidad política del país. Ahora la cuestión es la concesión o no de una amnistía política a los altos mandos del Ejército hondureño, responsables del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el pasado 28 de junio. Hoy mismo el Congreso de Honduras debatirá la concesión o no de dicha amnistía.

Por un lado, está la postura que defiende el presidente electo, Porfirio Lobo, quien insiste en la necesidad de lograr una amnistía política para los implicados en el golpe de Estado que permita a Honduras recuperar el reconocimiento de la comunidad internacional.

“Es importante entender que tiene que haber un perdón de parte del Estado para los delitos políticos porque cada sector lo mira de acuerdo a su lado. Unos dicen no para que frieguen a los otros y los otros no para que frieguen a aquel. Entonces aquí, lo que le digo, es que sino se da la amnistía no hay un perdón”, ha declarado Lobo al diario El Proceso Digital.

Para el presidente electo, la amnistía “es una exigencia internacional” que debe cumplirse cuanto antes para recuperar la presencia de Honduras en la región. El mandatario electo indicó que la aprobación de la misma evidenciará que los hondureños se han perdonado, proporcionando una imagen de unidad y cohesión social al resto del mundo.

“Es necesaria y es parte de la exigencia de la comunidad internacional. Además hay que insistir en que se trata de amnistía política, porque se tiende a querer confundir como que esto va también para los temas de delitos comunes”, añadió.

Sin embargo, hay quienes no comparten esta visión de Lobo. El presidente depuesto, Manuel Zelaya, como no podía ser de otra manera, rechaza totalmente cualquier tipo de amnistía a favor de quienes le derrocaron del poder.

“El golpe no quedará impune, ni se puede ocultar”, ha destacado Zelaya, en declaraciones a la agencia Prensa Latina. En este sentido,ha señalado que no se pueden olvidar las violaciones de derechos humanos, las detenciones ilegales y otros delitos cometidos desde su expulsión del poder.

Pero este no es el único frente abierto que tiene Zelaya. El depuesto mandatario tiene que afrontar la petición del ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Celso Amorim, quien ha insistido en que el presidente derrocado tendrá que solicitar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el estatus de asilado político si desea permanecer en su Embajada en Tegucigalpa más allá del 27 de enero, una vez asuma el gobierno el presidente electo, Porfirio Lobo, según ha informado el diario Valor.

El gobierno brasileño de Lula , que previamente había insistido en que Zelaya podría quedarse todo el tiempo necesario en su legación, justifica su nueva posición por la “diferencia” que representará la toma de posesión de Lobo como nuevo presidente hondureño el próximo 27 de enero, algo que sin embargo no implica, insistió, “legitimar” el golpe de Estado.

“No vamos a pelear con los hechos, pero hay una diferencia entre eso y legitimar lo que ocurrió”, insistió el jefe de la diplomacia brasileña.

También respaldó la decisión del Ministerio Público hondureño de socilitar el procesamiento de los comandantes del Ejército responsables de expulsar a Zelaya el pasado 28 de junio, algo que, en su opinión, deja entrever que “la situación en Honduras se está normalizando”.

Fuentes diplomáticas precisaron al diario 'Valor' que Brasil enviará una misión diplomática a países vecinos de Honduras como El Salvador, Guatemala y República Dominicana para consultarles cómo manejar la situación después del 27 de enero.

Por su parte,la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha estado mediando para poner fin a la crisis derivada del golpe de Estado, también prevé discutir en una reunión la posición de los Estados miembros sobre el futuro gobierno hondureño y si hay que reconocerlo o no.