'Apaño' autonómico con el ICO para salvar la deuda de las autonomías

La vicepresidenta acudió escéptica y en primera línea defensiva, ya que tras el 22-M, este Consejo de Política Fiscal y Financiera no se presentaba fácil. Nada menos que once de los 16 consejeros autonómicos de Economía son ahora 'populares'. Ese vuelco electoral podía suponer poner contra las cuerdas al Ejecutivo de Zapatero, cuyo plan de solvencia económica frente a la crisis pasa obligatoriamente por contener el gasto autonómica y cumplir los planes para reducir el déficit de las mismas.

En este sentido, Andalucía y Cataluña son las CCAA más endeudadas con el Estado. Ninguna de las dos gobernadas por el Partido Popular. Las que sí lo están acudieron juntas haciendo frente común para la primera foto oficial como muestra de ese nuevo poder y hegemonía autonómica. Todas se quejaban de la 'asfixia' a la que el Gobierno central somete sus cuentas. Pero, la reunión de la que Salgado confesó más tarde que no esperaba un balance positivo acabó con un acuerdo si no inesperado al menos “útil” en lo que a la contención y control del gasto y la deuda se refiere.

Tras cuatro horas de reunión había fracasado la línea del Ejecutivo que pasaba por una regla de gasto para controlar el mismo a largo plazo, aunque al menos las comunidades autónomas se han comprometido a presentar un tipo de regla de gasto a sus parlamentos en seis meses. Se habrá de establecer un consenso para que las líneas que marque cada hemiciclo sean las mismas y no surjan disparidades entre unas y otras comunidades autónomas.

Sin duda, lo más destacable fue que Salgado rechazó ampliar el plazo de cinco a diez años para el pago de la deuda de las comunidades autónomas al tiempo que ofreció un crédito del ICO para el año 2012 consistente en la mitad del dinero adeuado que cada comunidad tendrá que reintegrar en tres años. Lo que haran las autonomías serán precisamente eso: solventar deudas con, por ejemplo, proveedores, que son las más urgentes.

Los créditos suponen 2.500 millones de euros para el próximo año y correrán a cargo del Estado, que lo pondrá en manos del ICO para que éste lo haga llegar a las comunidades autonómas. Así pues, la reunión se cerró con menos desencuentros de los previstos y con el compromiso, aunque fuera por abstención, de las comunidades autónomas de cumplir a rajatable con los objetivos de déficit de 2012 a 2014.