CCOO reclama medios a la Administración y denuncia los abusos en los trámites de regularización

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha hecho un balance de la respuesta ciudadana ante el proceso de regularización extraordinario aprobado por el Gobierno, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio. Según informan desde la organización, las sedes sindicales están registrando una alta afluencia de personas que acuden con dudas y necesidad de asesoramiento.

En La Rioja, la atención presencial se centraliza en la sede de CCOO en Logroño, ubicada en la calle Pío XII, nº 33 (3ª planta), y se realiza mediante el sistema de cita previa. Este servicio, de carácter totalmente gratuito , se enmarca en un despliegue nacional en el que participan más de 200 sindicalistas para asistir de forma presencial y telemática a las personas migrantes que requieren tramitar su situación administrativa ante las oficinas de extranjería.

A pesar de la colaboración de numerosas entidades para que la regularización se ejecute dentro del plazo establecido , CCOO advierte de que la efectividad real del proceso depende de la capacidad de respuesta de la Administración. Por este motivo, el sindicato considera urgente reforzar de manera continuada y con personal suficiente las oficinas de extranjería, dotándolas de un presupuesto estable.

Desde el sindicato recuerdan que los procesos extraordinarios de regularización han sido impulsados históricamente en España tanto por Gobiernos del PP como del PSOE , reportando beneficios sociales y económicos. En este sentido, señalan que el procedimiento actual persigue dos objetivos compatibles: garantizar los derechos humanos de quienes ya viven y trabajan en el país e incrementar las cifras de cotizantes para sostener el estado del bienestar.

Denuncias por abusos y cobros desproporcionados

La organización sindical también ha puesto el foco en las malas prácticas detectadas durante estas semanas. Por un lado, apuntan que la medida incomoda a los empleadores que incurren en la explotación laboral, ya que les obliga a cumplir las normas sectoriales, asegurar a los trabajadores y cotizar por ellos.

Por otro lado, CCOO denuncia públicamente el negocio lucrativo que están realizando algunos abogados, quienes llegan a cobrar hasta 1.600 euros a sus propios compatriotas por una tramitación que no requiere obligatoriamente de sus servicios. El sindicato alerta incluso de casos extremos en los que se retiene la documentación original —como pasaportes y resoluciones— para exigir un pago adicional de 800 euros.

Frente a estas situaciones, desde el sindicato destacan el impacto positivo de la medida en el entorno vecinal al eliminar el miedo a la falta de documentación , permitiendo que la población migrante acceda a unas condiciones laborales y de vida dignas, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la ciudadanía.