Continúa la cruzada de Berlusconi contra sus juicios pendientes.

El Senado italiano dio este miércoles su aprobación a la nueva ley que modifica el sistema judicial propuesta por Silvio Berlusconi, el primer ministro del país. El texto legal, que todavía debe ser validado por la Cámara de los Diputados y el Presidente de la República para poder entrar en vigor, acorta los plazos de prescripción de los juicios. Para la oposición, esta iniciativa legal es una jugada de ‘Il Cavaliere’ para que sus dos procesos abiertos prescriban antes de que los tribunales puedan dictar sentencia.

Según ha informado el diario italiano ‘Corriere della Sera’, el denominado ‘Proceso breve’ se aprobó en el Senado con 163 votos a favor, 130 en contra y 2 abstenciones. La votación, a pesar de la ventaja del partido del ‘Premier’ en la Cámara, no estuvo exenta de polémica. La oposición se mostró claramente en contra y algunos de sus miembros aparecieron con pancartas en las que podían leerse lemas como “Berlusconi, afronta tus juicios”.

El ‘Proceso breve’ que se plantea supondría reducir la totalidad de los procesos penales a un máximo de entre seis años y medio y diez años. Este será, en caso de que la ley salga adelante, el tiempo máximo que podrá pasar entre el juicio inicial, la primera apelación y la apelación final al Tribunal Supremo.

Dicho de este modo, podría parecer una medida que pretende, sencillamente, acortar las largas esperas que se producen en el sistema Judicial del país. El problema que la oposición plantea, sin embargo, reside en la retroactividad de la ley. En caso de pasar el texto a formar parte del ordenamiento jurídico italiano, el ‘Proceso breve’ podría ser aplicable a casos cuyo juicio se iniciase antes de la existencia de la ley.

Para ilustrar esta situación, cabe decir que en España nunca podría proponerse una norma de estas características, ya que sería declarada inconstitucional de manera inmediata. Esto responde a uno de los principios más protegidos por nuestra Constitución, el de Seguridad Jurídica. El Tribunal Constitucional explica muy claramente por qué es peligroso un texto legal con este rasgo: “una ley retroactiva a situaciones jurídicas o facultades ya nacidas, podría llegar a afectar, incluso, verdaderos derechos adquiridos, anulándolos o modificándolos, derivados de dichas situaciones o facultades”.

Los partidos de la oposición italiana argumentan además que se trata de una ley ad personam, es decir, del latín, una ley creada para una persona que, sin embargo, es aplicable a la totalidad de la ciudadanía.

La magistratura ya ha alertado que, si la Cámara Baja la aprueba, se suprimirán decenas de miles de procesos actualmente abiertos, quedando impunes una gran cantidad de delitos y sus culpables. Entre los casos que se cerrarían, se encuentran el proceso ‘Mediaset’ –en el que se acusa a Berlusconi de aprovechar la compra de derechos televisivos para este medio de comunicación que le pertenece para engordar el precio de éstos de forma artificial y desviar grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales- y el caso Mills, que imputa a ‘Il Cavaliere’ por sobornar con 600.000 euros al abogado británico Mills para que diese un testimonio favorable sobre éste en un juicio por corrupción que el Primer Ministro afrontó en 1998.

Mientras tanto, Berlusconi defiende abiertamente que el texto entra dentro de los preceptos que estipula la Carta Magna italiana y califica los juicios abiertos contra él como “pelotones de ejecución”, insistiendo en la parcialidad de la magistratura.