Ecologistas recurren la autorización de Garoña para operar hasta 2013

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron una demanda contenciosa-administrativa ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de conceder el permiso de operación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta julio de 2013 y exigen la clausura inmediata de la planta atómica al considerar que la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que “regaló cuatro años más de vida a la central, es nula de pleno derecho”.

Así, las ONG señalan que la demanda expone argumentos que demuestran esa nulidad por derecho y, por tanto, que la central nuclear debe ser cerrada. Concretamente, las ONG señalan en el texto que la planta ha funcionado desde su inicio sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental y aseguran que tampoco la ha obtenido en el proceso de solicitud de renovación que se discutió en 2009.

Además, denuncian que “violando de forma flagrante la legislación vigente, en ningún momento” se sometió la solicitud de prórroga de Santa María de Garoña a un proceso de evaluación de impacto ambiental ni obtuvo la licencia ambiental, por lo que aseguran que la citada Orden Ministerial “se dictó obviando este obligatorio y esencial trámite”.

“Dado que no se han respetado las normas reguladoras de las licencias que deben obtener estas instalaciones, procedería dejar sin efecto la Orden y, en consecuencia, la central nuclear de Garoña debería haber cerrado al expirar el plazo de la autorización provisional que tenía en vigor”, expresó el abogado de Ecologistas en Acción y de Greenpeace Luis Oviedo.

Asimismo, denuncia que la citada orden vulnera “de forma clara” otras “exigencias” legales como la necesidad de una autorización legal de vertido y suministro de agua y su estricto cumplimiento, así como el adecuado respeto a la propia normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entre otras la Ley 33/2007 de creación del CSN, y a la Ley 26/2007 y al Convenio de Aarhus , sobre derecho a la información ambiental y reguladora de la participación pública en materia de medio ambiente.

En el recurso, insisten en que la violación de estas leyes es “clarísima” y que el trámite de consulta “no ha existido”, a pesar de que Greenpeace y Ecologistas en Acción pidieron expresamente al CSN con antelación ser parte del procedimiento y añade que debido a que el trámite de consulta no se abrió al público se ha infringido la normativa, lo que provoca la nulidad del procedimiento.

A juicio de sendas organizaciones, la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de conceder un nuevo permiso de explotación de cuatro años se debió a las “presiones del lobby nuclear” y de las compañías eléctricas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa, al 50 por ciento) están “empeñadas” en evitar “a toda costa” el cierre de Garoña con el único interés de satisfacer “sus intereses económicos, explotando una central obsoleta y peligrosa”

También, critican en el escrito que en su momento se llevó a cabo una “intensa campaña plagada de falsedades”, que contó con la “activa colaboración” del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de la Junta de Castilla y León.