El Gobierno reparte entre las CC.AA. 107 millones para la implantación de la LOE

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves una partida de 106,8 millones de euros para que las comunidades autónomas desarrollen el Plan de Apoyo a la Implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que finaliza este año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado que el Ejecutivo con esta última partida ha destinado para el despliegue de la norma -la primera con memoria económica- un total de 4.000 millones de euros con el objetivo de “hacer de la ley una realidad a pleno rendimiento”.

“La LOE ha servido para apoyar la equidad y la gratuidad del sistema educativo, los programas de refuerzo, la mejora del aprendizaje de las lenguas y la nuevas tecnologías”, ha valorado De la Vega, no sin admitir que, a pesar del “gran esfuerzo” del Ejecutivo, “todavía queda mucho camino por recorrer para la mejora de la educación de los jóvenes”.

Los fondos serán distribuidos entre las comunidades para desarrollar programas de formación del profesorado, de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras ('PALE'), de mejora del éxito escolar, de disminución de las bolsas de abandono temprano de la escolarización y para la extensión o modificación del tiempo escolar.

Dado que el País Vasco y Navarra no están incorporadas en la distribución,

ya que las aportaciones que reciben se enmarcan en sus respectivos conciertos económicos con el Gobierno español, la distribución de 104,6 millones entre comunidades es la siguiente: Andalucía (25,7 millones de euros), Aragón (2,5 millones); Asturias (1,6 millones); Islas Baleares (3,1); Canarias (5,7); Cantabria (1); Castilla y León (4,6); Castilla La Mancha (6,1); Cataluña (16,5); Comunidad Valenciana (11,9); Extremadura (3,3); Galicia (4,9); Madrid (11,5); Murcia (4,6); La Rioja (705.285).

Asimismo, existe una partida de 1,6 millones de euros para el desarrollo de programas de ámbito estatal liderados por comunidades autónomas y otra de 600.000 euros para el ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación.

La LOE, aprobada en el año 2006, fue la primera ley de educación que llevó aparejada una memoria económica. Dicha memoria preveía la concesión por parte de la Administración central de más de 4.000 millones de euros para apoyar actuaciones directamente derivadas de la implantación de la norma (2006-2010).