El Pleno rechaza la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Urgentes

El pleno del Parlamento de La Rioja con los votos mayoritarios del Grupo Parlamentario Popular rechazaron la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto, que integra al Partido Riojano en la Cámara regional, al proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Actividad Económica.

Tras más de cuatro horas de sesión plenaria, los populares no apoyaron la alternativa del Grupo Mixto al proyecto de Ley, al entender, según dijo su parlamentario, David Isasi, que las propuestas “son irreales y no benefician a los riojanos”.

La defensa de la enmienda a la totalidad la realizó el portavoz del Grupo Mixto, Miguel González de Legarra, quien calificó la propuesta del Gobierno de “poco ambiciosa, discriminatoria, ineficaz y propia de un Gobierno sin capacidad de liderazgo, sumido en la desesperación, la incapacidad y absolutamente agotado”.

El portavoz regionalista afirmó que las medidas se dirigen “solo a los jóvenes y al sector de la construcción” que si bien este sector “es uno de los grandes afectados por la crisis económica, no debemos olvidarnos de otros, también importantes”.

A continuación, detalló algunas medidas que propone su Grupo, que pasan por una deducción de hasta el 25 por ciento por la rehabilitación de una vivienda; una deducción del 30 por ciento por la adquisición de un inmueble, porcentaje que podría ampliarse hasta el un 40 por ciento, si los compradores no llegan a un mínimo de ingresos; y también una deducción del 10 por ciento de las cantidades depositadas en entidades de crédito con destino a la adquisición o rehabilitación de vivienda y un 15 por ciento por el importe del alquiler de su vivienda habitual ubicada en La Rioja.

González de Legarra también propuso deducciones de hasta un 15 por ciento en la compra de electrodomésticos de clase energética A y por la compra de mobiliario, y que los autónomos, con domicilio fiscal en La Rioja, se puedan deducir un 25 por ciento por la compra de un vehículo cuyo precio final no supere los 35.000 euros, deducción que podría ampliarse al 35 por ciento si el vehículo necesitara alguna equipación.

Tras el portavoz regionalista, intervino el diputado popular, David Isasi, que anunció su voto en contra de las propuestas del PR, al considerarlas “irreales” y que “no benefician a los riojanos, al no llevar aparejada una memoria económica”.

Ello, añadió Isasi, “impediría conocer cómo se pretenden financiar y qué inversiones, obras y servicios se eliminarían para costear las medidas que el Grupo Mixto propone”. Manifestó que además la inexistencia de justificación económica “convierte en gratuitas las cantidades económicas o los porcentajes de ayudas, puesto que no detalla qué actuaciones hay que eliminar ante el descenso de ingresos”.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Rubio, además de señalar que su formación se iba a abstener, criticó que el Gobierno con el proyecto de Ley “sólo contempla una medida, que es escasa y limitada”.

Parafraseando al Consejo Económico y Social (CES), dijo que el proyecto de Ley es “insuficiente, improvisado, propagandístico e irrelevante”.

Antes de la votación, intervino el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, quien criticó a los socialistas “por hacer oposición por oposición”. También dijo que la Ley “es una más del paquete de medidas aprobadas para ayudar a la economía”.

El jefe del Ejecutivo riojano aseguró que la Ley “se aprobará y se aplicará, con o sin el apoyo” de los grupos de la oposición.

PROPOSICIONES NO DE LEY

Previo al debate de la enmienda a la totalidad, el pleno rechazó una Proposición No de Ley del Grupo Mixto para que se dicte con urgencia la norma correspondiente que, siguiendo el mandato de la Comisión Nacional de Energía, obligue a las compañías eléctricas a devolver las cantidades indebidamente cobradas a los usuarios riojanos en los últimos meses del año 2008 y en los primeros del año 2009.

Tras ello se aprobó una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España a que elabore urgentemente, y presente a las Cortes en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley que, con la adecuada separación de funciones, reconozca al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja como corporación de derecho público.