El PP reclama al Tribunal Constitucional que tramite urgentemente su recurso contra el Estatut

El PP ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que reclama que se de tramitación “preferente y urgente” a su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya, y acusa a la Generalitat y al Parlamento catalanes de actuar con “mala fe procesal” mediante la presentación de recursos que “sólo tienen por objeto demorar o impedir la adopción de la correspondiente sentencia”.

El pasado 8 de junio el Pleno del TC acordó dar plazo a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes, que buscan que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para resolver el asunto del Estatut alegando que ha concluido el mandato para el que fueron designados.

Fuentes del alto tribunal señalaron a Europa Press que es probable que el Pleno del Constitucional se reúna esta semana para resolver el recurso de súplica del la Generalitat y el Parlament. Algunas de las partes han renunciado a presentar escrito, puesto que no había obligación de hacerlo, entre ellas el Defensor del Pueblo y el Senado.

En el escrito presentado por el PP el pasado viernes ante el TC, al que ha tenido acceso a Europa Press, se recuerda que los magistrados cuya renovación debía haberse producido en noviembre de 2007 -que son Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata, Guillermo Jiménez y la presidenta del tribunal, María Emilia Casas-, “se mantienen en el ejercicio de sus funciones desde hace 3 años”, “por lo que no existe ninguna razón nueva suficiente para motivar la solicitud de abstención de los mismos ni del propio Tribunal Constitucional en este preciso momento y no en otro anterior”.

CREAR INSEGURIDAD JURÍDICA

“Admitir lo contrario generaría una gran inseguridad jurídica puesto que se produciría la duda sobre la posible nulidad de todas aquellas resoluciones dictadas desde noviembre de 2007 en las que hubieren participado los magistrados con mandatos extintos y no renovados”, añade el escrito.

La actuación de la Generalitat y la Cámara legislativa catalana adolece además de mala fe procesal, según el PP, que está prohibida por el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Por ello, el PP insta al TC a que dé tramitación “preferente y urgente a todo lo concerniente al recurso y, en consecuencia, se dicte cuanto antes la requerida sentencia de inconstitucionalidad de acuerdo con los fundamentos” del recurso que plantearon hace casi cuatro años.

El pasado viernes presentó su escrito de alegaciones la Abogacía del Estado, y en él se subrayaba que la actual situación de caducidad de mandato de varios magistrados “no puede reprocharse ni a los magistrados que continúan en funciones por imperio del artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ni al tribunal, sino al órgano que ha incumplido ese 'deber constitucional' de designación en tiempo”, que es el Senado.

Las ocho providencias dictadas por el Constitucional el pasado día 27 oponiéndose a las pretensiones de la Generalitat y el Parlament se limitaban a señalar, sin dar motivación alguna al respecto, que no había lugar a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que señala que sus magistrados “continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles”.