España estrena una nueva ley de Asilo

España cuenta ya con una nueva ley de Asilo, Refugio y Protección subsidiaria. El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a un texto que reforma la legislación en vigor aprobada en 1984, para introducir las directivas europeas impulsadas en los últimos años e incorporar novedades como la posibilidad de que España acoja y reasiente a personas que viven en campos de refugiados de todo el mundo mediante cupos que se fijarán anualmente.

La nueva ley ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios con la abstención de UpyD. Además, ha sufrido a lo largo de su tramitación parlamentaria la incorporación de un total de 220 enmiendas pactadas en el Congreso y en el Senado que según los portavoces de las distintas formaciones han contribuido a “mejorar” la propuesta inicial del gobierno.

Según ha explicado el portavoz socialista en la materia, Antonio Hernando, “el diálogo parlamentario ha sido fructífero”, al igual que el diálogo social con las ONG que han participado con sus propuestas en el proyecto, consiguiendo “la mejora de una institución recogida en la Constitución” y consolidando la capacidad de España para “ofrecer y dar protección a quien la necesita”.

Hernando ha destacado la incorporación de la protección subsidiaria como estándar de protección “con rango jurídico propio”, el reconocimiento del género, la enfermedad y la orientación sexual como causas de persecución, la incorporación de la posibilidad de reasentamiento, la ampliación de los plazos de reexamen de solicitud en territorio y la recuperación del trámite de urgencia, que sustituirá al denominado procedimiento abreviado que había propuesto el gobierno y que “tenía demasiadas aristas”.

A pesar de esta satisfacción por parte de la clase política; varias ONG, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se han mostrado contrarias a esta nueva ley de Asilo que según sus propias palabras “aumenta los obstáculos para poder acceder al asilo en España”.

Para estas organizaciones, el nuevo texto contradice a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado y hace que las personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos no puedan “acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional”.

Las ONG afirman que la nueva ley incluye las siguientes barreras para los solicitantes de asilo: la exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo; la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas; el aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo; el concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud; la ampliación de los plazos de detención en frontera; el establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo que reduce las garantías de los solicitantes; y la desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución.

Sin embargo, estas organizaciones también reconocen algunos de los aspectos positivos de esta nueva ley como pueden ser la inclusión de los programas de reasentamiento y la mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios.