“Fui despedido de mi trabajo y estigmatizado por un delito de abusos que nunca cometí”

El Tribunal Supremo decidió hace un mes dejar en libertad a un condenado a 19 años de prisión por abusos sexuales a dos menores de cinco y seis años en las instalaciones deportivas de Arrúbal. Miguel Muñoz Herranz había sido condenado por la Audiencia Provincial de Logroño en junio y desde entonces había permanecido en prisión provisional. Sin embargo, el Supremo tumbó esta sentencia y ahora Muñoz ha querido explicar cómo este caso le ha estigmatizado.

Muñoz sostiene que fue condenado “tras una denuncia falsa. El Alto Tribunal ha entendido que el juicio vulneró las garantías del acusado y que en el planteamiento de la causa por parte de su exmujer y demandante, existía un motivo espurio”.

Dicho recurso fue admitido a trámite por el propio presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el juez Manuel Marchena. La deliberación posterior, absolutoria, ha corrido a cargo de otros cinco magistrados, con el ex Fiscal General del Estado, y actual magistrado, Julián Sánchez Melgar al frente. El fallo judicial sienta un precedente pionero en la materia.

La defensa, ejercida por el abogado Juan Gonzalo Ospina, se planteó ante el Alto Tribunal como una vulneración a la presunción de inocencia del acusado, no sólo porque nadie había presenciado el supuesto abuso, sino porque los hechos que motivaron el procedimiento judicial eran “contrarios a la física”, asegura el letrado. Ninguno de los mismos podría haberse cometido “sin que las menores hubieren visto o sentido nada”.

Además, se argumentó cómo en los más de 5 años durante los que se prolongó la investigación, la defensa nunca había tenido acceso a interrogara las menores, con las protecciones oportunas, ni a practicar ningún tipo de pruebas periciales en este sentido.

Además, se hizo especial énfasis en que la propia Fiscalía no cumplió sus propios criterios respecto a lo contenido en la circular 3/2009, de 10 de noviembre, “vulnerando así el derecho del acusado a un juicio justo”.

Los hechos, según la acusación, habrían ocurrido a escasos metros de los padres de las menores mientras el acusado jugaba con ellas y sus dos hijos, de 5 y 7 años. En la denuncia, se hacía constar que las dos menores víctimas del presunto abuso nunca denunciaron éste ni lo refirieron en modo alguno sino que fueron sus padres quienes interpusieron la denuncia días después de haberse cometido, supuestamente, el episodio.

La detención del acusado se practicó una semana después y desde entonces “comenzó para él todo un calvario, personal y judicial, pese a que prestó declaración voluntariamente y en todo momento colaboró con la Guardia Civil en el esclarecimiento de los hechos”. M.M.H. siempre defendió que “todo era una ‘treta’ de su expareja que, casualmente, días después del suceso interponía demanda de divorcio y, además, una segunda denuncia por malos tratos referidos a situaciones supuestamente acaecidas 10 años antes”.

Aunque esta última fue archivada, el acusado “se vio obligado a soportar cuatro años de visitas tuteladas a sus hijos, en un punto de encuentro. Lo peor estaba por llegar. Fui despedido de mi trabajo y estigmatizado socialmente por un delito que ahora queda acreditado que nunca cometí”.