Jueces y fiscales de La Rioja piden mayor independencia

Los jueces, magistrados y fiscales riojanos se han concentrado este jueves, a las 13 horas ante la puerta del Palacio de Justicia en Logroño, para reclamar “reforzar” la independencia judicial y pedir mejoras en la Administración de Justicia.

Han secundado, de este modo, las concentraciones que asociaciones de jueces y fiscales han convocado en los juzgados de toda España, en concreto, a las puertas de todas las Audiencias Provinciales y juzgados de España, donde el decano, fiscal jefe provincial o algún juez o fiscal designado leerán un manifiesto.

En el caso de La Rioja, la encargada de la lectura de la primera parte del texto ha sido la decana de los jueces riojanos, María Cecilia de la Iglesia, quien ha apuntado su petición a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con “urgencia” se acuerden medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.

En el caso de la independencia, algo que, como ha subrayado, “además de serlo hay que parecerlo”, ha pedido la presentación de un proyecto de reforma de la LOPJ en lo referido al Consejo General del Poder Judicial, “que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad”.

A ello ha sumado, entre otras medidas, “la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo a un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por mayoría cualificada”, así como la “supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos”.

“Los jueces de base somos independientes y las altas instancias también deben serlo, y además, aparentarlo, porque esa apariencia de reparto de cromos en los altos tribunales por los partidos políticos da una imagen de que no lo es”, ha afirmado De la Iglesia, que ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo al juez Pablo Llarena, para el que ha reclamado “que pueda hacer su función sin interferencias de ningún tipo, y menos que afecten a su vida personal”.

Modernización

Por otro lado, el manifiesto también hace referencia a aspectos a juicio de los jueces, magistrados y fiscales como necesarios para la modernización de la administración de Justicia, como “un plan de inversión suficiente y prolongado”, destinado a aumentar las plantillas fiscal y judicial “para convocar al menos 300 plazas” en cada uno de los próximos cuatro años “y poder equipararla a la media europea”.

Igualmente, plantean modernizar edificios judiciales y fiscalías, un proceso de digitalización “con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuados”, implantar tribunales de instancia, crear “órganos judiciales suficientes para atender el aumento de la litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes” y evitar “la precarización judicial y fiscal”.

Por último, en este campo, han pedido “la dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal”.

Respecto a la mejora de las condiciones laborales, en el manifiesto se apunta a la convocatoria “inmediata y formal” de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

En cuanto al Ministerio Fiscal, su representante Valentín de la Iglesia ha apuntado la necesidad de “derogar el sistema de plazo máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios; la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de programas y equipos; el ”refuerzo de la independencia“ del Ministerio Fiscal y su ”autonomía presupuestaria“.

De este modo, ha finalizado María Cecilia de la Iglesia, “como medio para conseguir estos fines, secundaremos todas las medidas de movilización acordadas” por las asociaciones de jueces y fiscales, y que pasan, como ha avanzado, por una manifestación en Madrid en fecha por determinar, paros parciales y una huelga total el día 22 de mayo.