La AVT celebra la firmeza de la ilegalización de Batasuna por el Tribunal de Estrasburgo

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) aplaude la firmeza del Tribunal de Estrasburgo al confirmar la ilegalización de Batasuna, pues ratifica que la Ley de Partidos fue “proporcionada” y respondía a una “necesidad social imperiosa”.

Según la asociación , se trata de un gran triunfo porque era inmoral e indecente que Batasuna pudiera seguir ejerciendo como formación política, pues es el altavoz y el brazo político de ETA. Su ilegalización también ante la Justicia Europea supone impedir la infiltración del entramado etarra –y con ello su subvención pública- en las estructuras del Estado de Derecho; estructuras que han estado utilizando –hasta su ilegalización- para fortalecer la posición de ETA –y sus asesinatos- como grupo terrorista en la sociedad española.

Para las víctimas supone además una victoria en la deslegitimación social (en España y en Europa) del entramado proetarra; pues éste ha venido justificando a formaciones políticas como Batasuna -que defiende el asesinato- para lograr sus objetivos. En este sentido, la sentencia del pasado 30 de junio deja claro que no se ilegalizan ideas, pues “varios partidos políticos considerados ‘separatistas’ coexisten pacíficamente en varias comunidades autónomas españolas”.

Asimismo, con este argumento se despoja de cualquier romanticismo o idealismo a esta formación en Europa, algo que hasta ahora no era así; pues no son pocos los países europeos que durante años fueron santuarios para los terroristas asesinos bajo el halo de romanticismo que Batasuna y los suyos confirieron siempre a la banda terrorista con la idea de que eran luchadores por la libertad (¿de qué libertad hablamos si en España existe democracia desde 1975?); bajo el supuesto de que eran un pueblo oprimido (de qué opresión hablamos? ¿No habría que dejar claro que opresión y miedo es bajo la que viven miles de ciudadanos vascos que no se atreven todavía a decir públicamente lo que piensan? ¿No habría que mencionar a la diáspora democrática vasca para dejar claro que son 125.0001 los vascos2 que viven lejos de su hogar porque regresar puede suponer su asesinato?).

Las víctimas consideramos que esta sentencia, que ya es firme, supone un espaldarazo a la lucha que venimos librando contra Batasuna y sus correligionarios. Pues es el Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien deja claro a Batasuna que no puede exigir que se protejan sus derechos humanos (los que siempre alegan que les son violados en el Estado de Derecho español) cuando es el primero que los viola no respetando las normas de la democracia, se afirma desde la AVT.

Asimismo, la sentencia deja claro que no todos los partidos tienen cabida en un sistema democrático, pues para ello deben condenar el terrorismo. En este sentido pone en evidencia las declaraciones del Relator Especial para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Martin Scheinin, en las que aseguraba que “la ilegalización de los partidos es un error para construir en un futuro una sociedad sin terrorismo porque mucha gente en el País Vasco no tiene posibilidad de elegir en las elecciones y eso supone una exclusión política”.

Es también momento de recordar que existe una sentencia judicial del Tribunal Supremo de España que exige la expulsión de ANV de los ayuntamientos que todavía ocupa. En julio el Tribunal Supremo dictaminó la disolución de los ayuntamientos que aún contaban con esta formación (en cumplimiento de una sentencia anterior que ya había ilegalizado esta formación) y del grupo que este partido tiene en las Juntas Generales de Álava. Demostrado ha quedado, pues, que constituyen otra forma política del entramado etarra, que además ha sido también ilegalizada.

Las instituciones judiciales deben poner todos los medios a su alcance para hacer efectivo el fallo del pasado 16 de julio y evitar que se repitan situaciones tan vergonzosas como la sucedida en el Parlamento Vasco con el grupo Sozialista Abertzaleak, que no fue disuelto a pesar de la sentencia del Alto Tribunal.

Asimismo, es deber de la sociedad y de las instituciones del Estado de Derecho estar vigilantes para impedir la aparición de nuevas formaciones políticas proetarras (como Batasuna o ANV), y que puedan instrumentalizar el Estado de Derecho a su antojo.