La propuesta de financiación autonómica podría estar para el 15 de julio

El ministro de Política Territorial asegura que habrá que ver si ese razonable grado de coincidencia se puede mantener al final del proceso, cuando se presente el nuevo modelo de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El vicepresidente tercero del Gobierno espera que la propuesta del Ejecutivo central sobre el sistema de financiación autonómica esté listo para el 15 de julio y ha afirmado que todas las comunidades autónomas van a incrementar sus recursos.

Manuel Chaves ha recibido las peticiones del presidente del Gobierno riojano y ha asegurado que el sistema de financiación que va a proponer el Ejecutivo central sea multilateral aunque, tal y como ha señalado, “eso no es compatible con que haya conversaciones bilaterales entre los Ejecutivos autonómicos y el central”.

El ministro asevera que este sistema tratará en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos independientemente donde vivan y tendrá muy en cuenta el incremento de población, aunque también se ponderarán otros aspectos como el envejecimiento, la dispersión o la inmigración. También ha indicado que tan importante es la cantidad que recibirá cada comunidad como el modelo que se acuerde.

Respecto a la solicitud de Pedro Sánz de actualizar la partida destinada para compensar el efecto frontera de los regímenes forales, Chaves se ha comprometido a impulsar contactos entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de La Rioja para analizar la propuesta y llegar a una solución. En la actualidad esta cuantía se eleva a algo más de 21 millones de euros y su actualización supondría una cifra de 25,3 millones de euros.

También se ha responsabilizado en dar un nuevo impulso en lo que se refiere a las competencias de Justicia incluidas en el Estatuto y ha afirmado que a lo largo de este año se convocará una nueva reunión de presidentes autonómicos para hablar de la crisis económica y el empleo.

El presidente riojano además ha propuesto reforzar el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el nuevo modelo y conceder mayor peso al voto territorial en el seno de dicho Consejo para “evitar que el Gobierno de España imponga a las comunidades responsabilidades económicas no cuantificadas en el sistema de financiación, como ha ocurrido con la Ley de Dependencia, o que adopte unilateralmente medidas en materia tributaria que afecten a las arcas autonómicas, como la deducción de 400 euros en el IRPF por los rendimientos del trabajo”.