La Rioja está a la cabeza en número de personas atendidas

La comunidad de La Rioja se encuentran a la cabeza de población atendida por la Ley de Dependencia con cerca de 20 personas atendidas por cada mil habitantes, según se desprende del Análisis de la marcha del Sistema de Atención a la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con datos actualizados a 1 de mayo de 2010.

Además, de este informe se desprende que más de medio millón de personas en España reciben prestaciones o servicios y un promedio de 33.000 personas se incorporan cada mes al sistema de atención a la Dependencia desde el 2007.

Asimismo, indica que existe un continuo de unas 120.000 personas pendientes de valoración de grado y nivel. En el informe se alerta también de que, si bien 2010 debía ser un año de descanso, “puede convertirse en un año de taponamiento del sistema si continúa esta tendencia”.

En términos generales, Canarias, Valencia, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Cataluña se mantienen por encima de la media española de desatención. Así, en el informe se afirma que doce de cada mil españoles están recibiendo servicio o prestación por Dependencia, según datos del informe.

Así, comunidades como Cantabria, La Rioja o Andalucía se encuentran a la cabeza de población atendida por cada mil habitantes con cerca de 20 personas atendidas por cada mil habitantes.

En el otro extremo se encuentran autonomías como Canarias, a la cola, con 3,4 personas atendidas por cada mil habitantes, o Madrid, con 5,2. A estas comunidades les sigue Valencia con 5,7, Baleares, con 6,6, y Ceuta y Melilla con 9,8 atendidos por cada mil habitantes.

“Esto evidencia, sin lugar a dudas--con independencia de las dificultades lógicas para poner en marcha el SAAD-- los esfuerzos, las voluntades y la pericia han sido muy desiguales por territorios”, indica el análisis.

Fuera del análisis por cada mil habitantes, el texto indica que Canarias y Valencia ostentan récord de la desatención con más de un 50 por ciento y un 60 por ciento respectivamente de personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera de la ayuda.