La Rioja, más vulnerable a los incendios

El informe señala a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias y Cantabria como las comunidades autónomas que presentan una mayor vulnerabilidad. Además, advierte de que si en 2050, debido al cambio climático, el aumento de la temperatura global supera los dos grados centígrados crecerá en un mes el periodo de riesgo de grandes incendios forestales.

Así, estas cinco regiones son las que peor paradas salen -reciben el rojo, de una escala de tres colores- tras analizar 21 variables, que van desde el riesgo asociado al medio natural, al riesgo asociado al déficit de inversiones públicas en el territorio forestal, pasando por la evolución en el número de siniestros o la detención de los causantes.

Concretamente, la vulnerabilidad de Castilla-La Mancha está cifrada por WWF en 66,37 sobre 100, mientras que Castilla y León obtiene 63,15; Galicia, 61,62; Canarias, 61,31 y Cantabria 60,61; lo que coloca a todas ella por encima de la media del conjunto del país, que está en 48,77 puntos.

También rebasan esta media Asturias (53,56), La Rioja (52,78), la Comunidad Valenciana (51,59), el País Vasco (51,18) y Extremadura (51,17). Por debajo están Aragón (47,64), Cataluña (44,82), Baleares (42,89), Navarra (42,13), Murcia (42,02), Andalucía (39,58) y Madrid (38,92), que se coloca como la comunidad con mejores resultados.

Entre las causas del desequilibrio, WWF apuntó a la “falta de solidaridad”, ya que las zonas más afectadas suelen coincidir con las más despobladas, según explicó el responsable de Bosques de WWF, Félix Romero, que estableció una “correlación directa del interés político en función a la población”.

También indicó que a estas zonas despobladas llega “poco dinero por hectárea” y ahí detectó un “síntoma de la falta de solidaridad”. A juicio de la organización, “no se está revirtiendo el éxodo rural, por lo que decrece el interés por el medio rural, haciéndolo más vulnerable al fuego”.

Por ello, pidió que se incluya al medio ambiente “dentro de los criterios de financiación autonómica”, que ahora se están debatiendo. A su entender el sistema de financiación en el terreno forestal ha de ser “más coherente y solidario entre autonomías”. Por tanto, “no debe basarse únicamente en el número de habitantes de las comunidades autónomas, sino también en aspectos como la densidad de población, la superficie o el valor de los recursos naturales”.

Además, la gestión forestal planificada sigue siendo “la gran asignatura pendiente” y la inversión pública en el monte es, para WWF, “insuficiente”. No obstante reconocen mejoras en los últimos años, con un descenso de un uno por ciento en los incendios en los últimos diez años y admiten que se ha producido una mejora en los dispositivos de extinción y que pocas comunidades no pueden llegar al 70 por ciento del territorio antes de que se queme una hectárea.

Finalmente, Romero explicó que el CO2 que emite España por los incendios de sus bosques se cifra en seis millones de toneladas al año, una cantidad equivalente a lo que emite anualmente una ciudad de un millón de habitantes como Sevilla o Zaragoza. Además, Galicia y Castilla y León generan el 40 por ciento del CO2 producido por este concepto en todo el país.