Las denuncias por malos tratos aumentan un 32% en un año

Las denuncias de mujeres que sufrieron malos tratos en La Rioja, aumentaron un 32 por ciento entre junio y septiembre con respecto al trimestre anterior, según datos que ha dado a conocer la responsable de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Ana Santos.

Precisó que de abril hasta el 30 de septiembre, se habían presentado un total de 200 denuncias. Indicó que entre el 70 y 75 por ciento de las mujeres que interpone denuncia sobre maltrato reclama una orden de protección. Sobre las órdenes de protección, Santos precisó que 345 mujeres de la región tienen medidas de protección, y de éstas unas 200 tienen establecidas una orden de protección. La responsable de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer realizó estas manifestaciones durante una comparecencia de prensa, en la que informó de los pasos que debe seguir una mujer que sufre malos tratos en el ámbito familiar. Además recordó los derechos que le asisten frente a la administración y que están recogidos para cumplir tal función en la Ley contra la Violencia de Género.

Santos aseguró que la denuncia “es el único camino para obtener la protección total a su situación personal”. Apuntó que ante una situación de maltrato se debe denunciar ante la Policía o la Guardia “cuando la mujer considere que hay una evidencia de riesgo claro para su integridad física”.También manifestó que se debe tomar conciencia de la situación de maltrato y pedir ayuda para denunciar.

Hay que informarse de los pasos que tiene que dar y de los derechos que le amparan; utilizar los recursos que existen para prepararse emocionalmente para dar el paso de denunciar; recuperarse psicológicamente de la situación de maltrato y recomponer su vida. Santos afirmó que “es peligroso” denunciar y posteriormente “retirar la denuncia, reanudar la convivencia o renunciar a la protección”.

A continuación, explicó los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El primero de ellos a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación personal; a servicios sociales de atención, emergencia, de apoyo y recuperación integral; y a una asistencia jurídica gratuita, cuando sus ingresos “no superen el doble del salario mínimo interprofesional”. También tiene derechos laborales para conciliar su trabajo con la nueva situación y circunstancias personales; a una ayuda económica que le permita hacer frente a su nueva