Las mujeres maltratadas, forzadas sexualmente y reticentes a la denuncia

Bajo el informe La salud sexual de las mujeres víctimas de violencia de género publicado por la Federación de Mujeres Progresistas , asegura que el 69 por ciento de las mujeres que sufren malos tratos son obligadas a realizar actos sexuales contra su voluntad. Se trata de una “realidad invisible”, dice la federación.

Este informe esta basado en entrevistas realizadas a 35 mujeres que recibían terapia en esta federación durante el 2009 de las cuales el 49 por ciento han sido obligadas a mantener relaciones sexuales sin protección, el 77 por ciento lo han sufrido violentamente durante su embrazo, provocando en muchas de ellas abortos espontáneos durante la gestación, no obstante, el estudio aclara que más de la mitad de las mujeres entrevistadas relacionan los problemas de salud con su situación de maltrato.

Según María José Bueno, directora y responsable del área de violencia, “la mayoría de las mujeres no habían identificado que sufrían violencia sexual hasta que no se les realizó el cuestionario previo a la elaboración del informe”. Por lo que hace que se convierta en un problema invisible ya que es muy difícil detectar estos comportamientos que pueden llegar a camuflarse como actos propios de una relación de pareja y como afirma la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, “es el más oculto e invisible ya que a las dificultades que existen para hablar de la violencia vivida se suma el tabú propio de la sexualidad”.

Por otro lado, Besteiro ha destacado que tan sólo 14 de las 63 víctimas de violencia de género del 2010 habían denunciado la situación. En este sentido, el Consejo de la Juventud de España pide “mayor coordinación” entre administraciones y “más información” sobre la protección que ofrecen, afirma que es de gran importancia la sensibilización e información entre la población sobe el tema para favorecer al aumento de las denuncias ya que de esta manera se podrá conseguir el objetivo de conseguir el cambio de mentalidades y patrones de conducta que a día de hoy siguen siendo legitimados.

En relación con la poca tasa de denuncias sobre violencia de género, el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desprende un balance editado por su presidenta, Inmaculada Montalbán, afirmando que en los últimos tres años y medio son un 46,4 por ciento más las mujeres que tras denunciar una situación de malos tratos decide echarse atrás. En concreto los Juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer (JVM), recogen 470.706 denuncias de las que 52.118 acabaron en renuncia.

Esto tiene que ver con el largo y costoso proceso que obliga a la mujer denunciante a recorrer, basado en declaraciones constates, el camino a las diferentes instancias para acceder a los recursos asistenciales y al papel al que está ligada por ley como esposa de un acusado según el uso del derecho a declarar que prevé el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los jueces especializados y el Observatorio van a trabajar para conseguir una “reforma legal” de la Ley, intentando que no se aplique cuando la cónyuge sea también la denunciante, o para intentar conseguir que “la ruta sea más suave y menos costosa, que no se tengan que hacer tantas declaraciones y los recursos se centralicen”.

Por otro lado el balance también afirma que “la maquinaria judicial funciona”. Ha habido un total de 145.166 maltratadores condenados en los últimos cinco años entre los JVM, los juzgados de lo penal y las Audiencias Provinciales. Montalbán incide en que “ya no hay impunidad para estos delitos”. La presidenta también destaca que son cada vez más las inmigrantes que solicitan una medida de protección lo que significa que cada vez conocen mejor los recursos.

Retrasos de la justicia en la violencia de género

La Oficina del Defensor del Pueblo asegura que las quejas más recurrentes que llegan a la oficina tiene que ver con los retrasos judiciales y la falta de equipos psicosociales en cuanto a violencia de género se refiere.

María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, afirma que cada vez que tiene conocimiento del asesinato de una mujer que estaba bajo una orden de protección inicia una investigación de oficio, “la sensibilización con estos delitos es la máxima” señala. Por este motivo se ha dirigido a las autoridades competentes para poder disminuir la cifra de quejas de este tipo, que aunque en 2009 y 2010 haya habido un descenso, las quejas siguen siendo muy frecuentes.

Tras estas investigaciones de oficio llevadas a cabo por la oficina, piden al centro encargado de implantar los brazaletes de protección que no se haga sólo como medida cautelar si no que se efectúe en fase de cumplimiento de penas consiguiendo que esta propuesta sea estudiada por las autoridades competentes. Otra de las actuaciones que ha impulsado la Oficina del Defensor durante el 2010 tiene que ver con la reforma de la Ley de Seguridad Social para que las mujeres víctimas de violencia de género recibieran pensión de viudedad tras renunciar a la pensión compensatoria tras la separación de sus agresores.