Legarra: “El interés urbanístico es el responsable del destrozo patrimonial de Nalda”

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha comparecido en la sede logroñesa de su grupo para denunciar lo que, según el PR, son unas nuevas irregularidades del Partido Popular, tanto en materia de atentado contra el Patrimonio, como en nuevos favoritismos políticos en asuntos urbanísticos susceptibles de generar un beneficio económico.

Legarra ha denunciado que “ni el Ayuntamiento de Nalda, ni el Gobierno Regional movieron un solo dedo” ante la comparecencia, “hace ya casi dos meses ”, del Partido Riojano a los medios para denunciar la destrucción de un calado “del siglo XVII” y la posible destrucción de la Ermita de Villaviejo y el anexo Convento de San Antonio, sitos en Nalda, por una licencia concedida para vallar la finca donde se encontraban estas edificaciones y, “al amparo de la cual”, se acabó acometiendo un “explanado de la finca” que afectó severamente al conjunto patrimonial.

“Los movimientos de tierra”, ha explicado el presidente del partido regionalista, “han afectado a la estabilidad de la ermita, y los daños son irreversibles”. En cuanto al calado, que se encontraba en el territorio donde se han llevado a cabo las actuaciones, Legarra ha asegurado que “de 15 metros cuadrados, ha quedado medio metro”.

El calado, ha explicado el presidente del PR, al tener más de 100 años de antigüedad está protegido por la Ley de Patrimonio, pero Javier García Turza, director general de Cultura, “dijo que no le constaba afección patrimonial y que las vallas debía ponerlas el Ayuntamiento del municipio, porque no correspondía a Patrimonio”.

Según Legarra, Domingo Ruiz, alcalde de Nalda, declaró que “unos particulares pidieron licencia para cercar la finca y todo es legal”, ante lo cual el presidente regionalista insiste en que “además de cercar la finca, también se ha explanado”, por lo que ha deducido que “no creo que cargarse un calado del siglo XVII se ajuste a la ley, y tampoco preparar la finca para planificar viviendas”.

El presidente del PR también ha sacado a la luz la existencia de dos comunicados que, a fecha de 25 de marzo, “casualmente el día que hice la rueda de prensa denunciando la situación”, le remitió la Consejería de Medio Ambiente en relación a la inspección del terreno. “Pero es que”, ha comunicado Legarra, “uno de los comunicados está fechado el 22 de marzo, y el otro el 24. Y eso son fechas anteriores a que se realizara la inspección”.

“¿A quién se protege con esta actuación?”, se ha preguntado Legarra, “¿quién es el responsable de esta finca?” Ante este “extraño comportamiento” de la Administración, el presidente del PR se ha contestado que “lo que uno piensa es que se trata de proteger al actual propietario de la finca”.

“Y hemos descubierto que lo que hace dos meses eran sospechas, hoy son realidades”, ha apuntado Legarra, “el interés urbanístico es el responsable del destrozo patrimonial de Nalda”.

“Cofitor S.L. , establecida en Albelda, anuncia en su página web la venta de la parcela de Nalda ”, ha anunciado Legarra, “Y Cofitor pertenece a Amando González Sáenz, de Albelda, que es diputado del Partido Popular en La Rioja”.

Así que el presidente del PR ha vuelta a lanzar alguna pregunta, “¿Tiene algo que ver con el Gobierno y el Ayuntamiento de Nalda que la finca sea de la familia de una alto cargo del PP? ¿Es el hecho de ser familia de algún cargo del PP suficiente para hacer la vista gorda?”. Legarra también ha anunciado que su partido, “como todos los riojanos”, están “más que hartos de la connivencia y nepotismo del Partido Popular con los familiares de los cargos que el partido tiene en La Rioja”. También ha añadido que “el PR solicitó la comparecencia del Consejero de Cultura el 25 de marzo y aún no se ha producido” y que “el hecho de que se borre de un plumazo casi 400 años de historia merecería más respeto y claridad de los políticos, tanto para resolver la situación como para hablar sobre ella”.

Legarra ha concluido asegurando que “todas las actuaciones en torno a bienes culturales requieren del permiso de Patrimonio Histórico y Artístico de La Rioja y en esta sólo se ha actuado con licencia municipal”, y que “el Gobierno de La Rioja está obligado a cumplir el tratado de Patrimonio Cultural”.