Los cambios en la Smart City no consiguen el consenso de todas las fuerzas municipales

Tras la última reunión de la comisión que ha valorado cómo deber ser la implantación de la Smart City en Logroño, formada por todos los grupos municipales y los técnicos del ayuntamiento, las opiniones de las agrupaciones políticas distan entre sí.

Ayer el Partido Popular se mostró satisfecho“ porque ”tras el dictamen de la comisión, la plataforma Smart sigue adelante en beneficio de la ciudad y de las relaciones de los logroñeses con su Ayuntamiento“.

Por su parte, Ciudadanos también mostró su conformidad debido a que sus dos propuestas habían sido aprobadas. Una de ellas fue dejar sin efecto la licitación anterior del contrato. La segunda fue iniciar un nuevo expediente de contratación bajo la supervisión de un responsable municipal.

“Por fin se le ha dado la razón al PSOE”.

“Por fin se le ha dado la razón al grupo socialista”, ha explicado el concejal Kilian Cruz-Dunne, que ha dicho que ellos siempre han defendido la necesidad de realizar la licitación por lotes. “No hemos hecho otra cosa que ver cómo nos daban la razón. Si nos hubiesen hecho caso desde el principio ya llevaríamos 15 meses trabajando en Smart Logroño”, ha añadido.

Ha valorado de forma positiva que los contratos se realicen por lotes, ya que la Smart City es una de las contratas más importantes de la ciudad y alcanzará los 10 millones de euros. “Esto dará mayores posibilidades a las empresas riojanas frente al anterior planteamiento en el que las grandes empresas nacionales tenían más facilidades”, ha señalado.

También ha anunciado que solicitarán un pleno extraordinario junto con Cambia Logroño y PR+ en el que se explique cómo y cuándo se va a licitar el contrato, “porque que quedan muchas cosas que decidir”, ha dicho.

De acuerdo con el fondo pero no con las formas.

Cambia Logroño ha mostrado su rechazo al proyecto, ya que tras semanas de reuniones “el Partido Popular ha sido incapaz de demostrar los beneficios en la ciudadanía y los beneficios económicos”, ha dicho Gonzalo Peña respecto a un informe presentado por los populares. “Están mintiendo a la ciudadanía”.

Para defender esta postura, el concejal se ha referido a un informe del tribunal de cuentas en el que constaba que la gestión privada iba a resultar más cara que si lo hiciese una entidad pública.

“Estamos a favor del uso de la tecnología y la información, pero no de este proyecto” que, según ellos, traerán a los trabajadores contratos con empeoramiento de las condiciones laborales.

Por último, también ha acusado al Partido Popular y ha Ciudadanos de tener “algo más que un pacto de gobernabilidad” porque durante las conversaciones parecía “ya estaba todo atado”.

PR+: “Abogábamos por contratos independientes para favorecer a las pymes riojanas”

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, valora la decisión de la comisión especial creada sobre la Smart City Logroño asegurando que “nos hemos mantenido en nuestras peticiones iniciales, ya que abogábamos por contratos independientes para favorecer a las pymes riojanas”.

Antoñanzas considera positivo que se haya alcanzado un acuerdo de todos los grupos, excepto el PP, sobre el modelo de la Smart City, dado que “el modelo que planteaba el Partido Popular no responde a las necesidades de Logroño”.

El concejal regionalista se congratula de que los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos “empiecen a asumir y a compartir el planteamiento del Partido Riojano de defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas riojanas, a la hora de acceder a la gestión de contratos públicos”.

Los funcionarios también en contra.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño se ha manifestado a través de una nota de prensa contra del proyecto Smart City en los “precipitados términos en los que ha sido planteado”.

Tras revisar los pliegos y después de haber asistido a las distintas comisiones celebradas con anterioridad a su posible aprobación, advierten que el nuevo contrato supondrá “la creación de una administración paralela a la existente que unido a las políticas de no reposición de funcionarios allanará el camino a la privatización de distintos servicios municipales”.

También han denunciado que no tienen constancia de un estudio objetivo que relaciones los beneficios y los costes del proyecto. A su vez indican que no se han justificado mejoras concretas cuantificables para el ciudadano. No entienden que se recurra a un nuevo servicio que “traerá un elevado incremento económico” para la prestación de los mismos servicios, que vienen prestándose de manera satisfactoria.

Además han señalado que el proyecto supone un riesgo para el equilibrio presupuestario de las arcas municipales en los próximos años, tal y como se pone de manifiesto en el informe realizado por el Interventor General del ayuntamiento.