Podemos Logroño pide la dimisión de Corres por el caso de la Casa Cuna

Podemos Logroño denuncia la desastrosa gestión de la guardería municipal Casa Cuna, un centro que depende del Ayuntamiento de Logroño y donde es evidente que se han incumplido todas las garantías y criterios de calidad que corresponden a un servicio público, ya que esta semana se ha iniciado un proceso judicial contra la exdirectora y dos exprofesoras de este centro educativo, a las que se acusa de un presunto delito de violencia habitual.

A través de un comunicado, Podemos Logroño califica estos hechos de “gravísimos” y consideran que “son resultado directo de la privatización de servicios públicos municipales, una práctica común en el Ayuntamiento de Logroño liderado por el Partido Popular que conlleva la precarización de esos servicios, pérdida de calidad y falta de control por parte de la administración local”. La ineptitud en la gestión municipal de la Casa Cuna ha acarreado consecuencias nefastas, y el asunto se dirimirá ahora en los tribunales, apuntan.

Por eso, Podemos Logroño pide la dimisión de la concejala de Familia y Política Social del Ayuntamiento de Logroño, Paloma Corres, “ya que en lo que respecta a la Casa Cuna ha actuado con negligencia y ha incumplido con las funciones de su cargo, que incluyen la supervisión, seguimiento y gestión de las guarderías públicas municipales”. La edil popular, aseguran, “tiene conocimiento del presunto maltrato infantil en la Casa Cuna desde agosto de 2013, cuando un grupo de padres y madres denunció el caso a la Policía y al Consistorio logroñés, y aún así no ha hecho nada al respecto”. Es evidente, añaden, que Paloma Corres antepone los intereses de empresas privadas al interés general de la ciudadanía, “y pese a la gravedad del caso que ahora se somete a juicio, ha mantenido la concesión de la gestión de la guardería a la compañía privada Eulen, que también es adjudicataria de las guarderías municipales de El Cubo y El Arco”.

Podemos Logroño pide al grupo municipal del Partido Popular que dé marcha atrás a su política de privatización de servicios públicos en la ciudad, y que en lo sucesivo sea la administración pública quien asuma de modo directo la plena responsabilidad en la gestión de esos servicios, para que casos como el de la Casa Cuna no vuelvan a repetirse.