Los errores mexicanos en la lucha contra los narcos

Tras más de tres años en el poder, el gobierno de México echa la vista atrás y reconoce los errores en su lucha contra el narcotráfico, un mal que persiste en la sociedad mexicana. Las autoridades mexicanas han reconocido que cuando en 2006 le declaró la guerra sin cuartel a los cárteles de la droga del país no previó la respuesta enormemente violenta que éstos ofrecerían al acoso por parte de las fuerzas de seguridad.

“De repente [los cárteles] son contenidos y eso genera una reacción que era difícil de prevenir en su totalidad, sobre todo porque hubo un efecto de movilidad y de adaptación; se fueron expandiendo en todo el territorio del país buscando nuevas áreas de oportunidad y diversificaron sus acciones criminales pasando del trasiego de droga, al secuestro, la extorsión”, afirmó el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Mont, en declaraciones recogidas por el semanario Proceso.

“Nos equivocamos en nuestra permisibilidad al confundir ilegalidad y violencia en la medida en que no fuera violento, lo fuimos permitiendo sin darnos cuenta que la ilegalidad gesta a la violencia”, añadió Gómez Mont.

Cuando en 2006 Felipe Calderón llegó a la presidencia de México puso en marcha una política de guerra sin cuartel contra el narcotráfico,

para lo cual mandó aumentar la dureza de las actuaciones policiales contra los cárteles e incluso desplegó al Ejército en algunas localidades para frenar la delincuencia.

Esta estrategia, sin embargo, arroja un balance desigual, ya que pese a los éxitos obtenidos, la violencia asociada al narcotráfico se multiplicó en todo el país y quedó en evidencia la gran infiltración de las organizaciones narcotraficantes de los distintos cuerpos policiales del país.

Desde la puesta en marcha de esta estrategia contra el narcotráfico, se estima que en torno a 22.000 personas han sido asesinadas en todo el país en incidentes relacionados con la violencia del narcotráfico.

Gómez Mont calificó esta cifra de “terrible”, aunque matizó que el 90% de esas muertes corresponden a personas directamente ligadas a los cárteles, y que sólo un 10% de las bajas corresponden a “personal de las instituciones” y “blancos civiles”.