Los jueces españoles están divididos ante la huelga

Las juntas celebradas en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles han hecho evidente una fractura entre los jueces partidarios de ir a la huelga el próximo 18 de febrero -entre los que estarían los unipersonales de Madrid y Sevilla, estos últimos compañeros del juez Rafael Tirado- y aquellos (la mayoría) que han acordado dar un voto de confianza al Ministerio de Justicia y posponer esta medida hasta el próximo mes de junio, tal y como propusieron las cuatro asociaciones reunidas el pasado día 12 en Comisión Interasociativa Permanente (CIP).

No obstante, la mayor parte de los partidarios de parar en febrero condicionan la convocatoria oficial de los paros al resultado de la reunión que mantendrá el próximo lunes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI).

Los pioneros en convocar la huelga, que son los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora, confirmaron los paros que ya habían acordado en juntas similares celebradas el pasado 21 de noviembre, si bien los jueces murcianos tomarán una decisión definitiva en una nueva junta convocada para el próximo día 28, una vez se produzca la reunión con el Ministerio.

Así, a las ocho de esta tarde habían aprobado hacer huelga el próximo 18 de febrero los jueces de órganos unipersonales de Madrid y Sevilla y Girona, así como los reunidos en Lugo, Zamora, Ibiza, Ciudad Real, Murcia, Castellón y Extremadura.

Por contra, a esa misma hora habían aprobado la propuesta de la CIP (concentraciones frente a edificios judiciales el 18 de febrero y huelga el 26 de junio si no se cumplen sus expectativas), las juntas celebradas en Ourense, las provincias vascas y aragonesas, Mallorca, Navarra, Valencia, Alicante, Barcelona, Lérida, Jaén, Asturias, La Rioja, las provincias manchegas de Albacete y Guadalajara, las castellano leonesas Palencia, Segovia, Soria y Guadalajara y las audiencias provinciales de Madrid, Sevilla y Girona.

Algunos importantes órganos se han descolgado de esta iniciativa, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde ni tan siquiera se han celebrado estas reuniones.

Las Juntas se han celebrado dos días después de que se reuniera la Comisión Mixta Ministerio-Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo principal de esta reunión era el de tratar de avanzar en las reformas y evitar así la convocatoria de una huelga que desde algunos sectores se considera ilegal, puesto que ningún texto proclama ni prohíbe de forma específica este derecho para los jueces que, por otra parte, tienen vetado sindicarse.

Tras la reunión de la Comisión Mixta, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, consideraron “asumibles” las reivindicaciones pactadas por las asociaciones de jueces y anunciaron que la mayoría de sus demandas ya estaban siendo objeto de estudio tanto el órgano de Gobierno de los jueces como en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.

Entre las reivindicaciones pactadas en el documento del CIP están la instauración “efectiva” de la nueva oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de las cargas máximas de trabajo, la conciliación familiar, aumentos salariales y que la fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los jueces, y no de los secretarios judiciales, tal y como proyecta el Ministerio.